PANORAMA // LA CONTINUIDAD PRESUPUESTARIA Y FISCAL COMPROMETE LAS POLÍTICAS SOCIALES
Zapatero contra la ley de la gravedad
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ALIANZAS. El pacto del Estatut ha marcado un giro a la derecha en la política de alianzas del Gobierno. Si bien en materia económica
nunca había tenido mucho en cuenta a Izquierda Unida y ERC, el acuerdo con CiU supone un refuerzo de la tendencia liberal.
10/10/06 · 20:21
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ALIANZAS. El pacto del Estatut ha marcado un giro a la derecha en la política de alianzas del Gobierno. Si bien en materia económica
nunca había tenido mucho en cuenta a Izquierda Unida y ERC, el acuerdo con CiU supone un refuerzo de la tendencia liberal.

“Zapatero es ambidiestro. Gobierna
la economía con la mano derecha y
hace política social con la izquierda”.
El secretario de Estado de
Comunicación, Fernando Moraleda,
rescató esta fórmula del semanario
Newsweek para definir al Gobierno
del PSOE. El equilibrismo ambidiestro
de Zapatero también lo advertía
en la campaña de 2004: el programa
electoral prometía “una España más
social” en una economía “más productiva
y competitiva”.

Entre mayo y junio se han concretado
tres pilares de esta política económica:
la reforma laboral, la reforma
fiscal y la reforma de las pensiones.
Coincidían en un sólo mes tres
medidas que intervenían en ámbitos
donde el PSOE se había mostrado
muy crítico mientras estaba en
la oposición. Pero el resultado no
ha estado a la altura de sus dardos
contra la precariedad laboral y la
inequidad de la política fiscal y presupuestaria
del PP.

El equilibrio representado por
Zapatero gravita sobre la ortodoxia
económica del ministro Solbes y del
asesor económico de Moncloa,
Miguel Sebastián. “Son ellos los que
tienen la vía libre para tomar decisiones”,
afirma Ricardo García Zaldívar,
miembro de ATTAC (Asociación
por la Tasación de las Transacciones
especulativas para Ayuda
a los Ciudadanos). Así, apuestas evidentes
en la agenda económica y política
gubernamental, como la Ley
de Dependencia o la Ley de Deuda
Externa (ver página 6), se ven limitadas
por el peso de estos grandes
nombres y de las ideas e intereses
que representan (ver recuadros).

“Esta reforma fiscal perjudicará a
las rentas medias y favorecerá especialmente
a las rentas del capital y,
sobre todo, a los especuladores con
rendimientos a corto plazo”. Esta
crítica no se hizo en 2003 ante la segunda
reforma fiscal del PP, sino en
junio de este año, después de que el
Parlamento aprobara la propuesta
del PSOE con el apoyo de CiU, PNV
y Coalición Canaria. Francisco
Utrera, diputado del PP, justificaba
con esas palabras el rechazo de su
grupo parlamentario al proyecto.

Papeles cambiados

Que el PP haya votado en contra de
la que podría ser considerada como
su tercera reforma fiscal puede ser
un buen reflejo de la línea que el
PSOE mantuvo en esta materia cuando
estaba en la oposición. Idénticos
argumentos aparecen en el programa
económico de Zapatero para las
elecciones de 2004, un programa cuyo
autor según numerosas fuentes
(tanto de medios afines como de medios
críticos con el Gobierno) fue precisamente
Miguel Sebastián. La idea
defendida entonces, mantener congelados
los impuestos pero corregir
las desigualdades introducidas por
las reformas del PP, ha quedado desterrada
de la versión final tras numerosos
requiebros.

Así, Sebastián le puso al impuesto
de la renta un sólo tramo, Jordi Sevilla
lo mezcló con un experimento
de algo parecido a la renta básica,
Solbes lo dejó en cuatro tramos y finalmente
Convergencia i Unió adelantó
la aplicación de la rebaja del impuesto
de sociedades. Los gordos pícaros
que se comerán el pastel, según
Izquierda Unida y Esquerra
Republicana, serán los contribuyentes
de rentas más altas, que se beneficiarán
de un 30% de la rebaja del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), y las empresas
que verán reducida su cuota al
Impuesto de Sociedades.

En este proceso, Sebastián ha representado
el papel del ultraortodoxo
liberal, para quien un Estado fuerte
basado en altos impuestos conduce
a una economía aletargada e ineficiente.
Lo confirma Manuel Martín,
técnico asesor del grupo parlamentario
de Izquierda Unida: “Sebastián
tiene una visión distinta, enfrentada a
la de Solbes”, señala. De acuerdo con
esta interpretación, Solbes sería el
pragmático. Liberal también, pero
pragmático. “La propuesta del tipo
único era inviable si se quiere mantener
la recaudación”, apunta Martín.
Y el ministro de Economía, campeón
del superávit presupuestario, no podía
permitirse eso.

El Gobierno ha preparado una reforma
fiscal basada en los mismos
dictámenes de la comisión de expertos
nombrada en su día por el
PP y ha publicado un reglamento
de prevención del blanqueo de capitales,
con importantes lagunas,
heredado también del equipo de
Rodrigo Rato. Tal y como señala
Juan Hernández Vigueras, autor del
libro Los paraísos fiscales, “el problema
es la mentalidad que identifica
modernismo con neoliberalismo
en un sector del PSOE que por ahora
lleva la voz cantante”.
La otra pata de toda política económica,
la del gasto público, tampoco
se ha desviado demasiado con respecto
a los tiempos de Rato. El año
pasado el PSOE pactaba con Izquierda
Unida y ERC una reforma de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria del
PP. Se trataba de flexibilizar el llamado
‘déficit cero’, que marcaba como
ley imperecedera un gasto público
alineado con los ingresos. Fruto de
dicha reforma, el Estado puede endeudarse
ahora hasta un 1% del
Producto Interior Bruto (PIB). “Pero
sólo en casos muy especiales de recesión
económica”, matiza Martín.

Lejos de un desbordamiento del
gasto público, un año después el actual
Gobierno puede presumir de lo
que nunca logró Aznar: el superávit
presupuestario en un país cuyo retraso
con la media europea en gasto social
se mantiene todavía en torno al 7% del PIB.
El objetivo, tal y como
ha declarado Solbes, es mantener
esta situación unos años más, de
modo que el actual superávit respalde
el creciente gasto en infraestructuras,
defensa e I+D cuando termine
el flujo de fondos europeos.

El equilibrio en este juego de
fuerzas resulta, por lo tanto, un ejercicio
retórico. Bien sea porque
Zapatero y su núcleo personal más
a la izquierda deja hacer a los tecnócratas
neoliberales mientras responde
a los ataques de las derechas
en la cuestión territorial, porque su
propio centro de gravedad se haya
desplazado más hacia la derecha
tras el pacto del Estatut con CiU, o
bien porque una vuelta a posiciones
más socialdemócratas nunca haya
entrado en los planes del Gobierno,
su actual política no se sale del
guión de la ortodoxia económica.

ESTO NO ENTRABA EN EL PROGRAMA ELECTORAL

Sangre nueva desde los negocios

Los de Miguel Sebastián y
David Vegara eran nombres
desconocidos en la alta política
hasta el nombramiento del primero
como asesor económico
de Zapatero durante su fase de
aspirante y del segundo como
secretario de Estado de Economía,
ya con el PSOE en el
poder. Ambos han desempeñado
cargos importantes en el
sector privado: fueron consejeros
de la sociedad de inversiones
Intermoney, y Sebastián
ejerció también como director
del servicio de estudios del
BBVA. El número dos de la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), Carlos Arenillas,
también trabajó para
Intermoney, lo cual ha sido utilzado
por otras facciones de los
negocios representadas por el
PP para atacar al Gobierno.
Pero estos grupos no han destacado
que bajo el mandato
del 'grupo de Intermoney' se
han introducido en la normativa
española los fondos de inversión
colectiva conocidos como
Hedge Funds, denunciados por
ser instrumentos especulativos,
ni que han confiado el control
de las SICAV, sociedades definidas
por Expansión como «las
más elitistas» por agrupar a
grandes fortunas, al criterio
exclusivo de una CNMV cuestionada
por los inspectores de
Hacienda, ni que en la primavera
de 2005 Vegara se reunió
en diferentes ocasiones con el
entonces presidente de la Asociación
Española de Banca,
José Luis Leal, para tranquilizar
al sector financiero sobre
el contenido del entonces a
punto de ser publicado Reglamento
de Prevención del Blanqueo
de Capitales.

La cara amable de la política económica

Jesús Caldera, ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, representa
la sensibilidad social del
Gobierno de Zapatero. No le faltan
credenciales para ello: la
realización del proyecto de la
Ley de Dependencia, por el que
se pretende crear un servicio
universal y público de atención
a personas dependientes, bastaría
para situarlo en la línea de
los grandes reformistas socialdemócratas.
Sin embargo, con
un largo proceso todavía por
delante, la Ley de Dependencia
se va perfilando como una propuesta
con importantes limitaciones
económicas, apoyada
en la concertación con el sector
privado y en el copago por
parte de las familias, y con una
difusa fórmula de gestión
donde habrá que encajar a las
Autonomías.
El resto de su política es continuista:
lo ha sido en la reforma
laboral, ampliación de la aprobada
bajo mandato del PP en
el año '97, lo es en el marco
general de diálogo con los
empresarios, CC OO y UGT, y
también en el ámbito de las
pensiones y de la inmigración.
Por otro lado, el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) se situará
en 600 euros al final de la
legislatura, tal y como prometió
el PSOE en su programa electoral.
No obstante, tras el pertinente
tijeretazo impuesto por
Solbes, el resto de ayudas
sociales que hasta ahora subían
con el SMI tienen su propio
índice de referencia. En la estela
de la reforma laboral, Trabajo
ultima medidas poco conocidas
como la introducción de las ETT
en los servicios públicos de
empleo o el endurecimiento del
control de bajas laborales.

La pinza fiscal nacionalista

Los partidos nacionalistas conservadores,
con CiU a la cabeza,
han conseguido lo impensable:
prácticamente doblar el
coste estimado de la reforma
fiscal en sus dos primeros años
de implantación. Lo que Solbes
no admitiría en aumentos equivalentes
del presupuesto educativo
o en pensiones ha sido
aprobado en relativamente
poco tiempo. Las enmiendas
introducidas por los nacionalistas
a la reforma fiscal harán
que el Estado deje de ingresar
5.300 millones de euros hasta
2008 frente a los 2.800 millones
previstos inicialmente por
el Gobierno (2.000 por la rebaja
de tipos en el IRPF más 400
millones anuales por la reducción
gradual del impuesto de
sociedades). En esta ocasión,
la disciplina presupuestaria no
se ha aplicado por motivos políticos
bien conocidos. El apoyo
al Estatut por parte de Convergencia
i Unió tiene como contrapartida
necesaria un regalo
para las capas ahorradoras y la
burguesía financiera e industrial
catalana. El encargado de
negociar la enmienda fue Josep
Sánchez Llibre (en la imagen),
portavoz de CiU en la comisión
de economía del Congreso. Llibre,
un veterano diputado, es
conocido por sus estrechas
relaciones con el mundo
empresarial catalán. El economista
liberal Josep C. Vergés
cuenta en su libro Tots els
homes de Durán la implicación
de Vergés y de otros políticos
de CiU en los casos de corrupción
de la Cataluña pujolista,
cuya vieja clase dirigente vuelve
a convertirse en aliada de la
política económica de un
Gobierno de Madrid.

De los Ordóñez de toda la vida

La polémica sobre el nombramiento
del sustituto de Jaime
Caruana al frente del Banco de
España ha estado definida por
el principio de «indignarse en lo
superfluo, callarse en lo fundamental».
Actualmente este
puesto de gobernador está considerado
como una jubilación
dorada, dado que lo fundamental
de la política monetaria está
en manos del Banco Central
Europeo. Y en efecto, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez habrá
culminado una prolija vida política
y laboral si finalmente es
puesto por Economía al frente
de la institución. Si bien es cierto
que, como denuncia el
'popular' Arias Cañete, su lealtad
hacia el PSOE está fuera de
toda duda, también podría
decir lo mismo sobre su lealtad
a los principios de la economía
de libre mercado que defendió
durante su paso por el Tribunal
de Defensa de la Competencia.
Pero la figura de «Mafo» representa,
por encima de todo, la
endogamia de las 'familias'
(con y sin comillas) que han
manejado la política económica
durante la etapa democrática:
es hermano de Francisco Fernández
Ordóñez, impulsor de la
primera reforma fiscal de la
democracia. La misma reforma
fiscal preparada entre otros por
Manuel Lagares, que 25 años
más tarde dirigió la comisión
de expertos que asesoró las
reformas fiscales del PP, cuyos
criterios de tributación más
favorable para las rentas del
capital ha recogido también el
PSOE. Con estos antecedentes,
no resulta extraño que el primer
puesto de «Mafo» con Zapatero
fuera el de secretario de Estado
de Hacienda.

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