Acostumbrado durante la
anterior legislatura a vivir
de las rentas de una
época de alto crecimiento
económico y estabilidad macroeconómica,
no ha sabido hacer frente
a la inversión del ciclo económico y
ha pretendido ofrecer la imagen de
que se trataba de un fenómeno meramente
coyuntural y no de la quiebra
de un modelo económico que,
en sí mismo, era insostenible y que,
más pronto que tarde, estaba llamado
a agotarse.

Se puede afirmar que la gestión
de la crisis ha sido pésima por diversas
razones. En primer lugar,
porque tardó un tiempo precioso
en reconocer que, efectivamente,
se estaba entrando en una fase de
recesión económica. En este sentido,
es difícil olvidar el patético comportamiento
del presidente del Gobierno
y de su vicepresidente económico
utilizando toda suerte de
eufemismos para tratar de evitar
hablar de “crisis” en sus comparecencias
públicas cuando, a todas luces,
la situación apuntaba en ese
sentido como efectivamente posteriormente
se ha comprobado y han
debido reconocer.

En segundo lugar, tampoco puede
olvidarse que los primeros síntomas
de la crisis comenzaron a aparecer
en un contexto electoral en el que se
comprometieron determinadas acciones,
como la reducción de 400 euros
en el IRPF, que luego no sólo se
han demostrado inefectivas para enfrentar
a aquélla sino que también
han restado márgenes de libertad financiera
al Gobierno para poder acometer
otras medidas.

Y, en tercer lugar, también hay que
destacar que la crisis nacional se ha
producido en un contexto de crisis internacional
que no puede negarse
que, en alguna de sus manifestaciones
a nivel interno, ha contribuido a
agudizarla. Sin embargo, constituye
un ejercicio de escapismo político
irresponsable acusar a aquélla de una
situación que tiene como principal
determinante la apuesta decidida y
consciente por un modelo de crecimiento
basado en el sector de la construcción
y la especulación inmobiliaria.

Vacaciones interrumpidas

Ante una coyuntura de esta naturaleza
era urgente la aplicación de medidas
contracíclicas por parte del
Gobierno que mitigaran, en lo posible,
el rigor de la crisis que se avecinaba
y que, además, promovieran
cambios estructurales que facilitaran
la transición hacia un modelo de crecimiento
más equilibrado.

Sin embargo, la negativa a reconocer
la crisis, la hipoteca impuesta por
medidas comprometidas en la campaña
electoral del partido en el
Gobierno y la insistencia en un análisis
excesivamente voluntarista y poco
realista de la situación han retardado
inadmisiblemente la aplicación
de dichas medidas.

Para hacer frente a las acusaciones
de inacción, y en un nuevo ejercicio
de efectismo político, como si la política
necesitara más de fuegos artificiales
que de una gestión eficiente, el
presidente reunió al Consejo de
Ministros en agosto para anunciar un
paquete de 24 medidas anticrisis de
lo más variopintas. Dichas medidas
estaban centradas en seis sectores
fundamentales: la financiación de pequeñas
y medianas empresas, el sector
inmobiliario, el de transportes, el
sector energético, las telecomunicaciones
y el sector servicios.

¿Qué puede apreciarse en las mismas?
¿Cuál es su común denominador?
En primer lugar, un reducido
compromiso presupuestario directo
en la resolución de la crisis. Mientras
que en Estados Unidos comienzan a
percibir los beneficios de las inyecciones
fiscales instrumentadas para
luchar contra la aguda recesión actual,
nuestro Gobierno entiende que,
en gran medida, la mera modificación
de normativas legales es suficiente
para luchar contra una crisis
de la magnitud de la española.
Es, como puede apreciarse, esa forma
de hacer política tan querida a esta
socialdemocracia descafeinada de
Zapatero basada en los meros cambios
normativos y no en la utilización
de los resortes tradicionales de la política
económica y, en especial, de la
política fiscal. Vender humo con palabras
altisonantes y gestos grandilocuentes.
Poco más.

Y, en segundo lugar, son medidas
que, en gran medida, se limitan a
modificar el marco normativo que
envuelve al mercado, asumiendo
que éste se encuentra excesivamente
encorsetado por regulaciones que
lo alejan del ideal neoliberal de un
mercado de competencia perfecta y,
en consecuencia, promoviendo una
progresiva liberalización en determinados
sectores.

Es, por lo tanto, más de lo mismo
de lo que viene pregonando Solbes
desde hace tiempo: mercado, mercado
y mercado. ¿Podía extrañarle a alguien
a estas alturas? Pues eso.