"Ya conozco mi sentencia", se queja M.R.G., uno de los afectados del ERE de BBK Bank CajaSur (hoy integrada en Kutxabank), a la espera de que se celebre el juicio por cantidades que reclaman unos 80 ex trabajadores de la entidad. Este afectado ha detectado una serie de irregularidades judiciales y las ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha hecho caso omiso a su denuncia. La indefensión que siente es tal, que incluso ha renunciado a la defensa de su abogado porque no cree en el proceso. M.R.G. no descarta llevar el asunto a la Fiscalía Anticorrupción y al Defensor del Pueblo Europeo.

Los despedidos sostienen que la Comisión de Seguimiento y Garantía del Expediente de Regulación de Empleo acordó ilegalmente abaratar las indemnizaciones a los afectados del ERE aplicando el salario neto en vez del bruto. Unos 80 trabajadores pusieron el caso en manos de los tribunales. Pero las irregularidades en el caso por parte del "aparato judicial de los juzgados de lo Social de Córdoba" no han tardado en aparecer, tal y como detalla el escrito de denuncia que ya han firmado varios de ellos.

En primer lugar, se decidió que había que repartir las 80 demandas en cuatro juzgados, bajo el argumento de "posible colapso de la sala", pero con la salvedad de unificar criterios a la hora de dictar sentencia. Dependiendo de la sala, unos jueces deciden juzgar en conjunto y otros individualmente.

Una de los juzgados está a cargo de la magistrada Rosario Flores Arias, quien, según la denuncia, tras despachar los primeros 12 juicios del caso el 15 de febrero "se dirige a todos los presentes, sintiendo la necesidad de aclarar su imparcialidad en el proceso a pesar de que su hermana trabaja en la entidad financiera demandada". 22 días después dicta sentencia a favor de la entidad, pero sólo sobre uno de los 12 juicios celebrados. Algo que sorprende a los demandantes afectados por el ERE, teniendo en cuenta que el caso afecta al colectivo en los mismos términos y se decidió que las sentencias fueran consensuadas y coincidentes en el tiempo. Los últimos juicios se celebrarán el 16 de abril, pero la primera sentencia dictada ya falla a favor de BBK Bank CajaSur.

"Estamos ante juicios pendientes cuyas sentencias conocemos antes de realizarse", insiste el denunciante, que encuentra esto “más propio de estados totalitarios que de un supuesto estado de Derecho". Como conclusión, expone que "la finalidad de la Justicia es serlo, pero también parecerlo (…) todo indica que parecerlo no lo parece y es de tal magnitud el desprecio hacia los derechos de los demandantes, que sin duda alguna es lo que ha propiciado a acudir a este Órgano de Gobierno del Poder Judicial". Por todo lo expuesto, M.R.G. ha comunicado al letrado la renuncia a ser representado y defendido: "no creo en este proceso o procedimiento judicial".

El Consejo General del Poder Judicial respondió que "no puede atender aquellas reclamaciones que afecten a la función jurisdiccional de Jueces y Magistrados. (…) La Constitución reserva en exclusiva a jueces y magistrados la facultad para juzgar y ejecutar las sentencias que dictan. (…) Le sugerimos que acuda a su abogado".

El afectado por el ERE de BBK Bank CajaSur (hoy Kutxabank) habla en nombre de sus compañeros cuando se pregunta para qué van a ir al juicio, si ya conocen de antemano su sentencia. "Si el pilar último al que recurren los ciudadanos es la justicia y la justicia no responde, algo está fallando", clama.