EL DIÁLOGO SOCIAL DA LA ESPALDA A LA PRECARIEDAD
¿Y qué huelga general es la que nos hace falta?

El descontento crece según la crisis afecta a capas sociales
cada vez más amplias. Pero el sindicalismo permanece
atrapado entre la negociación institucional y la dificultad
para llegar a los sectores más desprotegidos.

17/10/08 · 1:10
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“Hace falta ya una huelga general”.
El cántico se vuelve a escuchar en
las concentraciones sindicales de
estos días contra las políticas privatizadoras
de Esperanza Aguirre en
Madrid o contra la Directiva de las
65 horas. Aún así, la crisis va camino
de cumplir su primer año y sólo
los bloqueos organizados por los
transportistas autónomos en junio
han sido capaces de expresar el
descontento social.

CC OO celebrará su IX Congreso
en diciembre (ver recuadro) entre
llamadas a la moderación de
sus principales responsables, con
José María Fidalgo a la cabeza. El
secretario general del sindicato ha
respaldado la política de garantías
de los depósitos bancarios aplicada
por el Gobierno, y ha ofrecido
continuar con la moderación salarial
a cambio de que no haya nuevos
recortes en las indemnizaciones
por despido.

Sin movilizaciones de por medio,
la crisis no ha afectado al ritmo
del llamado diálogo social entre
las patronales, el Gobierno, CC
OO y UGT, pero sí a su enfoque.
Hasta ahora, la concertación se ha
centrado en el abaratamiento del
despido y las bonificaciones a la
contratación indefinida, mientras
que en la actualidad los planes de
recolocación de parados y la reforma
de los servicios públicos de empleo
pasan a ser las prioridades.

Las altisonancias de este diálogo,
como las declaraciones del presidente
de la CEOE sobre la necesidad
de una nueva reforma laboral,
también están previstas en el
guión. No obstante, el Gobierno ha
insistido en que esa posibilidad no
está, por el momento, sobre la mesa.
De hecho, los Presupuestos Generales
del Estado reducen la partida
para bonificar la contratación
indefinida en un 12%. El Gobierno
no maneja en sus previsiones, por
tanto, que el pacto social siga la
tendencia de las reformas laborales
de 1997 y 2006. La cantidad presupuestada
para rescatar a empresas
en apuros es 20 veces mayor:
23.500 millones de euros, repartidos
entre préstamos del Instituto
de Crédito Oficial y avales directos
del Estado.

En los márgenes del diálogo

“La crisis que ha salido a la luz pública
es la punta del iceberg de la
crisis del trabajo y de la ciudadanía
que vemos desde hace al menos 10
años”, afirma Nicolás Sguiglia, de
la Red Estatal por los Derechos de
los Inmigrantes. “En la medida en
que el Gobierno, los sindicatos y
los medios de comunicación empiezan
empiezan
a hablar en términos de crisis,
lo que se anuncia en realidad es
un estado de excepción que afecta a
la fuerza de trabajo”, continúa, en
referencia a las formas de empleo
precario que han dado sustento a la
economía en los años del milagro.
Un ejemplo de esta realidad subterránea:
los Expedientes de Regulación
de Empleo (ERE) en la
construcción se incrementaron casi
un 400% hasta agosto, pero afectaron
tan sólo a 2.300 trabajadores
más que en el mismo período de
2007, unas cifras insignificantes
comparadas con el peso real de la
construcción en el conjunto del empleo.

“Más que responder a una
política de tipo neofascista, las nuevas
posiciones europeas sobre
migración son un dispositivo clarísimo
de regulación de la fuerza de
trabajo”, afirma Sguiglia. Desde
esta perspectiva, las auténticas
reformas laborales que afectan al
empleo migrante y sin papeles se
llamarían Directiva de Retorno y
Ley de Extranjería.

Incluso en los grandes centros de
trabajo industriales, donde los sindicatos
conservan su presencia, los
ERE se están presentando de forma
atípica, “de acuerdo a la política estratégica
y decisiones empresariales
tomadas en los últimos años, y además
sin causa económica”, según argumenta
CGT en los recursos que
está presentando a la oleada de cierres
patronales en la automoción.

Ángel Luis García, secretario
acción sindical de CGT, se muestra
tajante: “Ninguna administración,
ni la estatal ni la autonómica, aceptaría
estos expedientes si no llevaran
la firma de los sindicatos”. Para
CGT, los ERE han dejado de ser
instrumento excepcional que utilizan
las empresas en momentos
crisis y se han convertido en un mecanismo
más de organización y optimización
de su fuerza de trabajo.

Desde la firma del último convenio
en 2004, en Seat se han presentado
cuatro ERE, a uno por año.
No se trata de prácticas aisladas.
Los dos sindicatos presentes en las
mesas del diálogo social, CC OO y
UGT, están negociando la mayoría
de los ERE presentados en empresas
industriales como Santana, Pirelli,
Ford o Delphi. En Telefónica,
mantienen idéntica posición de diálogo
ante la propuesta de la compañía
de mantener con un sueldo menor
a los trabajadores procedentes
de Terra y Data, pese a la existencia
de una sentencia del Tribunal Supremo
que ha invalidado el convenio
de Repsol por incluir las dobles
escalas salariales.

El recrudecimiento de la crisis y
la conmemoración, en diciembre,
de los 20 años de la huelga general
del 14-D alentarán las comparaciones
y las llamadas a convocatorias
similares. Entre medias, las
grandes privatizaciones de los ‘90,
el crecimiento de la economía
financiera y especulativa, la entrada
masiva de mujeres y migrantes
en el trabajo asalariado o las nuevas
tecnologías lo han transformado
todo. “Habrá que replantearse
cómo recuperar la huelga como
instrumento político, el desafío es
reinventar esta herramienta con
los actores que existen hoy”, sentencia
Sguiglia.

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