CRIMINALIZACIÓN. El 11-S fue utilizado por el Gobierno chino para acusar de “terrorismo” a quienes pedían más autonomía.

Parapetadas entre montañas, las
minorías étnicas -y, entre ellas, el
pueblo uigur- sobreviven como
pueden al acoso del Gobierno central,
víctimas de un “genocidio físico
y cultural”. Los entrecomillados son
de Justin Wintle, autor de la Rouge
Guide History of China. Sólo él, un
puñado de activistas pro derechos
humanos y algún sinólogo concienciado
se han atrevido a penetrar en
uno de los agujeros negros del gigante
asiático, que ha hecho del secretismo
una práctica habitual en
todos sus asuntos internos políticamente
incorrectos.

“Los taxistas no recogían a los
clientes uigures, para viajar en autobús
necesitaban el carné de identidad,
los soldados les pedían continuamente
los documentos y había
gente que incluso les escupía
en la cara. Nunca había visto tanta
discriminación en mi vida”, explica
a DIAGONAL una inglesa vinculada
al mundo universitario que prefiere
no desvelar su nombre.

La ‘nueva frontera’

La discriminación y la represión viene
de lejos, pero se generalizó tras
la guerra civil que llevó al Partido
Comunista al poder. Históricamente,
Xinjiang, la Nueva Frontera, fue
sometida al capricho del invasor de
turno, pero la importancia de este
territorio desértico se multiplicó con
el descubrimiento de recursos minerales
y energéticos. El oro, la plata,
el carbón o el petróleo espolearon
la voracidad del Gobierno chino,
que -ante la URSS- también se
percató de su importancia estratégica
y geopolítica.

Desde 1949, los pueblos del lugar
sufrieron una campaña colonizadora
y de militarización que provocó
que los indígenas turquíes,
principalmente musulmanes, se
convirtieran en ciudadanos de segunda
clase. Casi tres décadas después,
la región contaba con 17 millones
de habitantes, pero la presencia
de uigures -la minoría más
numerosa- tan sólo representaba
un 47% de la población, frente al
42% de chinos, casi todos de la etnia
han. Las estadísticas, en todo
caso, son poco fiables y en este momento
el porcentaje de chinos podría
ser mucho mayor, mientras
que la presencia de kazakos (7%
en 1997), kirguís, tayikos o uzbekos
sería casi anecdótica.

Las discriminaciones a las que
los uigures se enfrentan cada día
son múltiples: los puestos de trabajo
son ocupados por chinos, la lengua
uigur es vilipendiada en el ámbito
laboral y educativo, la política
de natalidad “una pareja, un hijo”
vulnera sus teóricos privilegios como
minoría, el derecho de reunión
no existe y la práctica del islam es
perseguida.

Según un informe de Amnistía
Internacional, el Gobierno chino
ha calificado como “actividades
separatistas étnicas” las peticiones
de mayor autonomía para la
región y el ejercicio pacífico del
derecho a la libertad de expresión,
asociación y religión. “Desde
mediados de los años ‘90, han sido
ejecutados varios cientos de uigures
y miles más han sido detenidos,
encarcelados tras juicios
sin garantías y torturados”.
Para comprender la invisibilidad
de este pueblo y el silencio de
la comunidad internacional, habría
que tener en cuenta dos factores:
China como (futura) superpotencia
y la onda expansiva del
11 de septiembre.

En primer lugar, el ansia de
mantener relaciones comerciales
con el país asiático, cada vez más
abierto al capitalismo, ha llevado a
muchos países -y multinacionales-
occidentales a pasar por alto
la poca atención que el Gobierno
chino presta al respeto de los derechos
humanos.

No menos importante es el efecto
11-S, que le ha servido al Gobierno
para establecer relaciones
entre el terrorismo islámico y los
grupos independentistas locales,
así como para reforzar la represión
contra toda forma de disidencia en
la zona.
Amnistía Internacional critica
que países como Nepal o Pakistán
extraditasen a varios acusados de
actividades “separatistas” o “terroristas”,
aún habiendo sido reconocidos
como refugiados ante el “peligro
de sufrir torturas y ser ejecutados”.
El problema, según AI, es
que el término “organización terrorista”
no está definido en la ley china
y, dado su carácter ambiguo, podría
englobar a la “oposición política
pacífica o a grupos religiosos”.

El profesor de la Universidad
Libre de Bruselas Roland Lew, citando
a Vincent Fourniau, apuntaba
en Le Monde Diplomatique otra
razón de la escalada represiva: los
efectos desarticuladores de la reconversión
económica y estructural
del país habían sido camuflados por
el gobierno de Pekín, a finales de
los años ‘90, bajo una capa de fervor
patriótico y de un marxismo-leninismo
vacío de contenido. “Se encuentra
esta postura ferozmente
nacionalista en la política, particularmente
represiva, ejercida contra
las gentes no pertenecientes a la etnia
han, irredentistas, muy especialmente
en el Tíbet y en Xinjiang”.

Hace apenas un lustro, Christian
Tyler devolvió a la actualidad el
conflicto de la región autónoma con
la publicación de Wild West China:
The Taming of Xinjiang, donde critica
con dureza la “domesticación”
a la que se ven sujetos los nativos y
explica que, en el último medio siglo,
unos doce millones de chinos
ocuparon el territorio, a menudo
bajo coacciones, para disgusto de la
población uigur.