El pasado 11 de mayo el actualgobierno presentabasu segunda reforma financieraen apenas tres meseslo que, sin duda, transmite una sensaciónde tener las cosas claras.Todo ello además, en la misma semanaen que se procedía a la nacionalizacióndel Banco Financiero y deAhorros (BFA), matriz de Bankia.

El nuevo Real Decreto Ley
18/2012 consiste fundamentalmente,
aunque no sólo, en aumentar las
provisiones bancarias vinculadas al
crédito promotor. Pero, ¿qué son
estas provisiones?
Éstas son el dinero que se les exige
apartar de sus beneficios a los
bancos para guardarlo ante posibles
pérdidas futuras. En este caso aquellas
posibles pérdidas vinculadas al
crédito promotor, es decir, al negocio
inmobiliario. Se distingue entre
dos tipos de provisiones: específicas
y genéricas. Las provisiones genéricas
son el porcentaje de dinero que
han de guardar sobre los créditos
considerados teóricamente sanos,
por precaución. Mientras, las provisiones
específicas se aplican a cada
activo considerado problemático
(aquél con riesgo de no recuperar todo o parte del dinero invertido),
agrupados
en tres categorías: suelo, promoción
en curso y promoción terminada
y vivienda.

La nueva reforma lo que hace es
fijar unas provisiones adicionales a
las ya exigidas para el préstamo promotor
en anterior Real Decreto de
febrero. En el caso de las genéricas,
del 7% de provisión media sobre el
crédito normal se pasa al 30%.
Mientras, en los activos problemáticos,
la cobertura total pasa del 33%
hasta un 80% para el suelo; del 28%
al 65% para promociones en curso; y
del 25% al 35% para obra terminada.
Y decimos “provisión media” para el
préstamo normal (no problemático)
porque dependerá en cada caso concreto.
Por ejemplo, el suelo no problemático
pasa de provisionarse un
7% a un 52%, o a un 14% en el caso
de promoción terminada y vivienda.

Aparte de porcentajes aquí o allá,
la idea básica es que, al aumentar el
colchón de seguridad de los bancos
con respecto al ladrillo, se recuperará
la confianza de los inversores,
los bancos podrán acceder de nuevo
a financiación en los mercados y
se recuperará el crédito. Claro que,
esta misma lógica tenía la anterior
reforma y duró tres meses. Ahora,
en la nueva reforma se añaden algunos
refuerzos. Uno de ellos es la
obligación a las entidades de deshacerse
de todos sus activos problemáticos
adjudicados. Éstos son los
terrenos, pisos, locales… que tienen
los bancos por préstamos impagados.
Ahora se crearán gestoras de
activos, encargadas de adquirírselos,
una suerte de “inmobiliarias
malas” para quitar tales activos “tóxicos”
de sus balances. El problema
no se destruye, sólo se traslada, como
barrer bajo la alfombra. Y aunque
la reforma no lo explicita, podemos
adivinar quién costeará las
pérdidas de estas gestoras.

Paralelamente se garantizan
ayudas públicas a aquellos bancos
con problemas para llevar a
cabo estas nuevas provisiones.
Éstas consistirán en bonos convertibles
contingentes o “cocos”:
préstamos al 10% de interés, concedidos
por el Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB). Unos préstamos
que, ante posibles problemas
de pago se pueden convertir en
acciones. Su carácter de préstamo,
fijado ahora al 10% de interés
(más o menos el doble del coste
actual de la deuda pública) se usa
por el gobierno para decir que no
es una ayuda. Pero el dinero que
destine el FROB viene de algún sitio,
y genera más déficit público.
Ese mismo que había que reducir
a costa de recortes en sanidad o
educación.

Pero ni con los “cocos” u otras
ayudas, ni puenteando al Banco de
España con auditorías privadas se
evita el desastre. No es cuestión de
ningún porcentaje de provisiones,
ni de qué tipo o volumen de ayudas
públicas para bancos privados.
Intentan afrontar una crisis bancaria
con políticas de austeridad y reforma
estructural, que precisamente
agravan la crisis, también la bancaria,
y nos encamina hacia la depresión.
Mientras, estas reformas
hacen público un problema de sobreendeudamiento
privado.