“Cada vez que hay inestabilidad
económica a escala mundial, como
ahora, los grandes inversionistas
se orientan a comprar oro.
Entonces, se origina un desplazamiento
de empresas mineras a todos
los lados donde haya rescoldos
para ver qué sacan y qué nuevo
yacimiento se encuentran. Éste
ha sido el móvil de todos los intentos
de búsqueda de oro en Costa
Rica y ahora vienen con la minería
a cielo abierto, que es devastadora”,
así resume Roberto Aguilar,
abogado experto en minería a cielo
abierto, la historia de la minería
metálica en Costa Rica. La reciente
suspensión de la moratoria a la
minería a cielo abierto para establecer
una nueva mina en el norte
del país, responde muy bien a esa
lógica planetaria. Así, el pasado
mes de octubre, el presidente Óscar
Arias consideró de “interés público”
y de “conveniencia nacional”
la explotación de una mina de
oro en San Carlos por parte de la
trasnacional canadiense Industrias
Infinito.

El proyecto, conocido como ‘Las
Crucitas’, supone la ruptura con la
política del país contraria a la minería
a cielo abierto e implicaría la destrucción
de 191 hectáreas de bosque
tropical primario y secundario.
El espacio alberga especies protegidas
por ley como el almendro amarillo
o la lapa verde (guacamayo).
Este proyecto también amenaza a
la cuenca del río San Juan, fronterizo
con Nicaragua, pues se sitúa a
tan sólo tres kilómetros del cauce
del mismo y se asienta sobre un
gran manto acuífero.

“Costa Rica, hasta no hace mucho,
era internacionalmente reconocida
por su compromiso con el
medio ambiente y su liderazgo regional
en la protección de los derechos
humanos, incluyendo los relacionados
a un ambiente sano. Los
permisos otorgados a la mina de oro
a cielo abierto van a terminar de dañar
la imagen conservacionista que
el país todavía posee”, denuncia a
DIAGONAL la Federación Ecologista
de Costa Rica (Fecon). Esta
Federación, que aglutina a más de
20 asociaciones costarricenses, lidera
la lucha contra Las Crucitas de la
mano de las asociaciones locales.
Tras el anuncio del presidente
Arias, las organizaciones de la zona
pusieron un recurso de amparo en
la Sala Constitucional que le dio
acogida inmediata ordenando parar
la tala. Pero, hasta la fecha, el presidente
no ha dado marcha atrás a sus
propósitos.

Mucho ha llovido en Costa Rica
desde que en 2002, el ex presidente
Abel Pacheco impusiera una
moratoria contra la minería a cielo
abierto. El Ministerio de Medio
Ambiente declaraba que los costarricenses
“simplemente no están
interesados en abrir su país a
la explotación minera a costa del
medio ambiente”, prohibía nuevos
proyectos y solicitaba la cancelación
de tres contratos que ya
estaban en ejecución. Uno de ellos
era el de la mina Bellavista (Miramar),
construida en un terreno
con alto riesgo, que resistió a los
envites del Decreto hasta que en
2007 un movimiento de tierras
acabara por clausurarla.