SERVICIOS PÚBLICOS // IMPULSO DEL GOBIERNO A LA PRIVATIZACIÓN
Vía libre a la aplicación de la Directiva Bolkestein

El 13 de junio, el
Congreso aprobaba
un proyecto de ley
que fomenta la
liberalización de
servicios básicos y que
favorecerá la entrada de
la Directiva europea.

25/06/09 · 0:00
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Puertas abiertas para la implantación
en el Estado español de la Directiva
de Servicios del Mercado Interno
de la Unión Europea, conocida
como “Directiva Bolkestein”. El
día 13, el Congreso aprobaba un
proyecto de ley que modifica 47 leyes
consideradas desde el Gobierno
como “obsoletas” y da vía libre a
la liberalización de servicios como
autoescuelas, mensajerías, estaciones
de autobús o empresas de suministro
energético que podrán,
desde este momento, ser gestionadas
por transnacionales o empresas
de cualquier país de la Unión
sin necesidad de inscribirse en un
registro y sustituyendo por declaraciones
de responsabilidad las autorizaciones
para ejercer la actividad.
El sector servicios concentra actualmente
cerca del 70% del empleo y
el 65% del PIB nacional.

Privatización descontrolada
Desde ATTAC se apuntan los efectos
inmediatos de la aplicación de
la Directiva Bolkestein, que van
desde la deslocalización masiva de
empresas hacia los países de la UE
con leyes más permisivas hasta un
previsible aumento del fraude fiscal,
el descenso de las contribuciones
a la Seguridad Social, el empeoramiento
de las condiciones laborales
y la limitación a los Gobiernos
europeos de llevar a cabo políticas
de fomento y subvención de
servicios esenciales. Las diversas
plataformas de defensa de los servicios
públicos ven en este proyecto
de Ley, presentado por el
Gobierno como Ley Omnibus, el
primer paso para la privatización
definitiva. Ángeles Maestro, de la
Coordinadora de Trabajadores de
la Sanidad Pública Contra la Privatización,
considera que “está dentro
de la lógica institucional de dejar
hacer al capital privado. Los
servicios públicos son el objetivo
prioritario”.

Después de que Frederik Bolkestein
llevase su propuesta de ley
en 2006 al Parlamento europeo, el
grupo Verde y la Izquierda Europea
presentaron una enmienda a la totalidad
que fue rechazada por 486
votos en contra y 153 a favor. Un
texto de compromiso posterior, con
enmiendas que excluían de la directiva
los denominados Servicios
Sociales de Interés General, fue
aprobado con 391 votos a favor ( los
de gran parte de los grupos popular,
socialista y liberal de la cámara),
213 en contra y 34 abstenciones.
Este marco no satisfizo a los
grandes capitales continentales,
que veían limitado su acceso a un
sector que absorbe 140.000 millones
al año. Pero en Estados como el
español, antes de la aprobación de
la Ley Omnibus, otras leyes como
la 15/97, que permiten la participación
de capital privado en servicios
como la sanidad, habían abierto la
puerta a la liberalización total de
los servicios básicos.

Negocios seguros

“Es en tiempos de crisis cuando se
visibiliza la incompatibilidad entre
el capitalismo y el interés general”,
explica Maestro. Según ella, el capital
se refugia en la gestión de servicios
públicos, donde el riesgo no
existe, puesto que el dinero es público
y el cliente-ciudadano está garantizado,
ya que no tiene otra elección,
de forma que lo público se
convierte en “un reservorio seguro
para el capital mientras espera que
pase el temporal de la crisis”. Porque
el lema del capital privado a la
hora de introducirse en la gestión
de lo público es, según Maestro,
“confundirse con el paisaje. Van introduciéndose
poco a poco, jugando
con la desinformación para desactivar
las posibles respuestas.
Actúan como las termitas, y cuando
nos queramos dar cuenta se nos
habrá caído la casa encima”.

EL PRINCIPIO DEL
PAÍS DE ORIGEN

Uno de los puntos más controvertidos
de la directiva europea
es el Principio de País de Origen
(PPO), que permite a una
empresa ofrecer un servicio en
un país diferente al suyo según
las leyes del país donde tiene su
sede. Los socialistas alemanes
propusieron disociar el acceso
al mercado, sujeto al PPO, y la
prestación de servicios, sujeta a
las normas del país de recepción.
“Este matiz no está exento
de peligro, ya que permite al
PPO colarse de nuevo por la
ventana”, opina la eurodiputada
alemana Sahra Wagenknecht
(grupo Verde), quien califica la
Directiva Bolkestein como “un
veneno”. Un ejemplo palpable
de la aplicación del PPO sucedió
en la ciudad sueca de Vaxholm,
donde una empresa letona ganó
un concurso de construcción y
se consideró libre para aplicar a
sus trabajadores el salario letón.

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