LEY DE TIERRAS // AVANZA LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS ENTRE LA RESISTENCIA DE LA DERECHA
Venezuela acelera su reforma agraria

Tras el referéndum revocatorio y las elecciones
regionales de finales de 2004, la reforma agraria ha
vuelto a ser una prioridad del Gobierno venezolano.
Desde 2001 se han repartido 2 millones de hectáreas.

, Redacción
14/05/06 · 19:59
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COMUNIDAD. Habitantes de diversas poblaciones del municipio Machiques de Perijá, luego de ser atacados por sicarios la noche del sábado 18 de Julio.

Los ataques de la derecha no se hicieron
esperar después del reciente
anuncio de expropiación de la
emblemática y gigantesca hacienda
La Marqueseña. No era más que
otro capítulo de la “guerra al latifundio”
impulsada por un Gobierno
que ya ha repartido dos millones
de hectáreas entre los campesinos,
según fuentes oficiales. Ante
las acusaciones de que los “rescates”
de grandes terrenos improductivos
o de titularidad dudosa vulneraban
el derecho a la propiedad privada,
el presidente Hugo Chávez
respondía con cierta sorna: “La
Constitución venezolana reconoce
el derecho a la propiedad privada,
y este Gobierno ha estado convirtiendo
a muchos venezolanos en
propietarios”.

La reforma agraria volvió a ser
un tema central en la agenda del
Gobierno a partir de los primeros
días de 2005, una vez superados el
referéndum revocatorio de agosto
de 2004 y las elecciones regionales
del 31 de octubre de ese año. Ya en
la campaña, Chávez emplazó a los
futuros gobernadores y alcaldes a
investigar a los terratenientes de
sus jurisdicciones e iniciar los trámites
para expropiar los terrenos
que se ajusten a los requisitos recogidos
en la Ley de Tierras.

El 8 de enero de 2005, entre helicópteros,
comandos policiales y 200
soldados, el gobernador de la región
de Cojedes, Johnny Yánez, entraba
en el rancho de 13.000 hectáreas
de El Charcote para investigar
el uso que se daba a los terrenos. La
finca estaba gestionada por Agroflora,
una subsidiaria del gran
grupo de alimentación británico
Vestey. Dos días después, el Gobierno
firmaba un nuevo decreto
y creaba una comisión a nivel nacional
con la tarea de acelerar la reforma
agraria. Según la Agencia
de Prensa Rural, entre el 10 de enero
y finales de julio de este año, el
Estado había recuperado más de
600.000 hectáreas que estaban en
manos de terratenientes y se habían
repartido entre 452 cooperativas.
Entre las 40.000 propiedades
investigadas, las autoridades venezolanas
han identificado más de
600 granjas “ociosas”, entre ellas 56
grandes haciendas.

Ley de Tierras y sicarios

Desde la aprobación de la Ley de
Tierras, el 9 de noviembre de 2001,
como parte de un conjunto de 49 leyes
decretadas bajo poderes especiales,
400.000 campesinos se han
beneficiado de la distribución de
tierras, la mayoría del Estado.

La Ley de Tierras nació con dos
objetivos declarados: el primero, el
de corregir las desigualdades en el
reparto de la tierra en un país donde
el 75% de los terrenos cultivables
está en manos del 5% de los
productores; y el segundo, el de garantizar
la “soberanía alimentaria”,
en un país que, a pesar de poseer
un suelo inmensamente rico, durante
décadas ha sido incapaz de
autoabastecerse: actualmente, el
70% de la comida que se consume
en Venezuela es importada.

La ‘guerra’ declarada al latifundio
no tardó en provocar la reacción
de la vieja oligarquía terrateniente.
La revisión de los derechos
de propiedad del campo que subyacía
tras la Ley de Tierras fue una de
las iniciativas del Gobierno más criticadas
y que animó, entre otras
medidas, el golpe de Estado frustrado
de abril de 2002.

Sin embargo, la reacción violenta
de la derecha había comenzado
antes. Una de las primeras víctimas
fue el dirigente campesino
Luis Mora, apenas dos meses después
de la aprobación de la Ley de
Tierras. Luis Mora ya había legalizado
su cooperativa y esperaba
que le otorgasen la carta agraria
para empezar a trabajar la tierra.
Los dos autores materiales del
asesinato están en la cárcel, pero
no así el considerado autor intelectual
del crimen: Néstor Montiel,
el terrateniente de la hacienda
por la que Luis Mora y los suyos
luchaban.

Siete meses después, el 28 de
agosto de 2002, era asesinado el
médico Pedro José Doria Castillo,
presidente del Comité de Tierras de
San José de Perijá, en el Estado de
Zulia. Tres semanas más tarde,
morían otros dos: Carlos Ramón
Parra y Armando García, en la población
de Encontrados, en el sur
del lago Maracaibo.

Estos son sólo algunos casos de
una larga lista. Desde la aprobación
de la Ley de Tierras, entre 80 y 130
campesinos (dependiendo de la
fuente) fueron asesinados por sicarios
en diversos conflictos relacionados
con la ocupación de tierras.

Pese a la iniciativa del Gobierno
central, los campesinos se encuentran
a menudo con la arbitrariedad
de los jueces, muchos de los cuales
son contrarios al proceso, o incluso
de sectores de la Policía o el
Ejército. Éste es el caso del general
Bracho, que ha sido acusado repetidamente
de intimidar a los campesinos
sin tierra, “acusar a sus dirigentes
de guerrilleros por ocupar y
defender sus tierras”, e incluso ha
detenido a cinco de ellos “por rebelión”,
acusados de portar armas.

Tampoco han faltado las críticas
de las organizaciones campesinas a
la forma en que se está llevando a
cabo la reforma agraria, aunque
siempre desde el apoyo al Gobierno
de Hugo Chávez. En marzo de
2005, el Frente Campesino Revolucionario
Simón Bolivar, el Frente
Nacional Campesino Ezequiel Zamora
(FNCEZ) y el Movimiento de
Bases Populares señalaban algunas
de las disfunciones del proceso. A
la lentitud de la burocracia y el
“ejercicio de los malos funcionarios”,
se le sumaban la pervivencia
de cierto “centralismo” y “las debilidades
de la propia ley”, que excluyen
de las expropiaciones a las
grandes haciendas productivas (independientemente
de su tamaño) y
de los terrenos de dimensión inferior
a las 5.000 hectáreas, limitando
el alcance de esta “revolución dentro
de la revolución”.

Manifestación el 8 de octubre

El pasado 8 de octubre, varias
organizaciones convocaron una
gran marcha hacia la capital, Caracas.
Braulio Álvarez, dirigente del
FNCEZ que sobrevivió el pasado 23
de junio a los disparos de un grupo
de hombres encapuchados que le
hirieron en el hombro y en la rodilla,
resumió el sentido de la protesta:
«Decirle al país que hay más de
6 millones de hectáreas propiedad
del Estado y del pueblo que están
en manos de terratenientes».

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