Álvaro Uribe había pedido un puesto en la embajada en Madrid, como premio y refugio, para Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia. Pero lo impidieron las revelaciones de los funcionarios del DAS que están colaborando con la Fiscalía a cambio de reducir sus condenas. Fernando Tabarés, que fue director de Inteligencia, asegura que Bernardo Moreno le encargó, en presencia de María del Pilar Hurtado, entonces directora del DAS espiar a periodistas, parlamentarios de la oposición y magistrados de la Corte Suprema a los que el presidente Álvaro Uribe quería mantener bajo presión y controlados.

La Procuraduría (que sanciona
disciplinariamente a los funcionarios)
ha inhabilitado a Moreno para
ocupar cargos públicos durante 18
años y la Fiscalía le investiga por
concierto para delinquir agravado y
abuso de autoridad. Martha Leal,
que fue subdirectora de Operaciones
del DAS, le ha relacionado con
una conspiración presidencial, en
colaboración con los paramilitares,
para acusar a los magistrados de
complicidad con el narcotráfico.
Tabares acusa también al secretario
jurídico Edmundo del Castillo y a
los asesores presidenciales Jorge
Mario Eastman y José Obdulio Gaviria,
primo del narcotraficante Pablo
Escobar. La Comisión de Acusaciones
de la Cámara de Representantes
investiga la responsabilidad de Álvaro
Uribe y el ex presidente César Gaviria
considera que “estamos viendo
lo que sucede cuando unos criminales
convierten a la inteligencia del
Estado en policía política”.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investiga la responsabilidad de Álvaro Uribe y el expresidente César Gaviria

Las investigaciones sobre la guerra
política conducen hacia la responsabilidad
administrativa y penal
de Uribe porque el DAS depende directamente
del presidente de la República.
De las muchas acusaciones
que le amenazan (complicidad con
los paramilitares, financiación electoral
del narcotráfico, corrupción
parlamentaria para conseguir la reelección,
asesinatos de indigentes como
si fueran guerrilleros, violación
de la soberanía nacional de Ecuador
y Venezuela y traición a la patria por
entregar el territorio nacional a las
Fuerzas Armadas de EE UU mediante
un tratado que tendría que haber
aprobado el Congreso), la que se basa
en la utilización del DAS como
policía política puede ser la primera
que le lleve a la cárcel (como a Alberto
 Fujimori en Perú) o ante la Corte
 Penal Internacional.

No es nueva la actuación criminal del DAS, implicado en los asesinatos de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán (liberal), Carlos Pizarro (M-19) y Bernardo Jaramillo (Unión Patriótica), pero el presidente Uribe lo convirtió
en su coraza personal. Como editorializó Semana, la revista más importante de Colombia, “espiar, desprestigiar y amenazar son tácticas sucias que se convierten en el rasgo definitivo de un régimen”.

La impunidad de Uribe
Tres operaciones destacan en la documentación
del DAS conseguida
por la Fiscalía: la Operación Amazonas,
para presionar a la Corte
Constitucional y que aprobara la
reelección de Uribe; la Operación
Escalera, para espiar a la Corte Suprema;
y la Operación Europa, para
desprestigiar mediante acusaciones
de complicidad con la guerrilla
a quién denuncie el terrorismo de
Estado. Es la Operación Escalera la
que puede acabar con la impunidad
de Uribe. Alba Luz Flórez, conocida
como la Gata entre los detectives
del DAS, fue la que colocó
micrófonos en las reuniones de los
magistrados de la Corte Suprema
(que investiga la complicidad de
los parlamentarios de Uribe con
los narcoparamilitares), pero puede
quedar sin cargos a cambio de
lo que le está revelando a la Fiscalía.

También colaboran con la justicia
los que fueron directores de
Inteligencia y de Contrainteligencia,
Fernando Tabares y Jorge
Lagos. Los tres aseguran que cumplían
las órdenes de Álvaro Uribe,
transmitidas a la directora del
DAS, María del Pilar Hurtado, por
el secretario presidencial Bernardo
Moreno. Los cinco están procesados.

Sólo falta Uribe.
Y la Federación Internacional de
Derechos Humanos le ha pedido a
la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
que “considere esta persecución
política en el contexto de los
crímenes de lesa humanidad que
debería investigar si la justicia colombiana
no actúa en la individualización
y sanción de los más altos
responsables de estos gravísimos
hechos que han vulnerado el Estado
de Derecho”.

*Excorresponsal de TVE en Colombia y autor de 'Colombia feroz'.