A principios del mes de agosto, la
multinacional de transporte urgente
UPS decidió retirar el expediente
de regulación de empleo (ERE)
que presentó en febrero ante la
Comunidad de Madrid para rescindir
el contrato de 52 de los 94 trabajadores
de su centro de Vallecas
(Madrid). A continuación procedió
a despedir a 18 empleados de modo
individual, acogiéndose a la
nueva modalidad de despido barato
que recoge la reforma laboral
presentada en junio por el Gobierno
del PSOE. Esta reforma,
aún en trámite parlamentario, contempla
indemnizaciones por despido
de 20 días por año, en lugar
de los 45 que se venían pagando.

Se trataba del tercer ERE que la
empresa ha presentado en dos
años para tratar de liquidar la
plantilla de su sucursal vallecana.
Los dos anteriores intentos fueron
rechazados por las autoridades
competentes, pero la central de
UPS no ha cejado en su idea de cerrar
este centro. Éste tiene la particularidad
de ser el único de los
1.800 que tiene la empresa en todo
el mundo en el que no se ha aplicado
aún el nuevo plan estratégico
de la compañía. Este diseño de
gestión de los recursos humanos
se basa en la flexibilización de las
condiciones laborales y la externalización
de servicios, especialmente
los de transporte. En
el caso del centro de Vallecas, los
transportistas disfrutan de un
convenio que les incluye en plantilla,
en lugar de incorporarles como
autónomos, así como de unos
sueldos que se encuentran “por
encima del valor habitual de mercado”,
según han reconocido empresa
y sindicatos.

Según declaraciones de UPS recogidas
en Cinco Días, el centro
de Vallecas “está al margen de
nuestro proyecto estratégico y
presenta duplicidades y redundancias
con Coslada y Alvento,
más modernos y eficientes”. Desde
el comité de empresa destacan
que la compañía ha multiplicado
por tres sus ingresos desde 2009,
y señalan que “si creen que están
mal organizados, es un problema
suyo que no tendría por qué afectar
a la plantilla”.