UN TRIBUNAL DE SAN SEBASTIÁN falla a favor de dos ciudadanos
Los tribunales obligan al Estado a revalorizar las pensiones

Varios tribunales fallan a favor de los pensionistas y obligan al Gobierno a revalorizar las prestaciones en función del IPC y a percibir lo no cobrado.

19/07/13 · 8:03
Edición impresa

En diciembre, el Partido Popular (PP) incumplió una promesa electoral. En esta ocasión se trataba de las pensiones: el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha repetido en numerosas ocasiones que no tocaría estas prestaciones. “De todas las partidas de presupuestos hay una que no hemos querido recortar, y es la de las pensiones”, afirmaba el popular ante los micrófonos de Onda Cero. “Mi primera prioridad es mantener el poder adquisitivo de las pensiones”, recalcaba en una entrevista concedida al diario El País.

Sin embargo, el 30 de noviembre el Gobierno aprobó un decreto-ley en el que recogía, entre otras medidas, la no actualización de las pensiones con la desviación del IPC interanual. Este decreto provocaba que las pensiones no fueran revalorizadas en base al IPC, es decir, que se mantuvieran estáticas a pesar de la subida de impuestos de 2011, obligando a las personas que cobran pensiones a disminuir considerablemente su poder adquisitivo.

“El pensionista medio no cobró 15,89 euros que le correspondían en cada una de sus catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria de 222 euros” Tras una serie de manifestaciones de descontento popular, el Gobierno rectificó a medias y añadió una concesión a los pensionistas: se seguirían sin actualizar las pensiones en función del IPC, pero aquéllas cuya cuantía fuera superior a mil euros se revalorizarían en un 1% y las inferiores a esa cantidad, en un 2%. Este decreto fue finalmente publicado el 28 de diciembre de 2012, y aplicado a los presupuestos del año vigente.

El año 2013 comenzó para los pensionistas con una bajada de las pensiones catastrófica: el IPC interanual al mes de noviembre –la fecha establecida para realizar el cálculo de actualización– era del 2,9%. La diferencia de valor ha provocado pérdidas que a final de año se han materializado en cantidades entre los 97 y los 385 euros, según datos del Gabinete Técnico Confederal de UGT a partir de los datos del Ministerio de Empleo. En condiciones normales, los perceptores deberían haber recibido esa diferencia como compensación por la desviación de precios. No obstante, “el pensionista medio no cobró 15,89 euros que le correspondían en cada una de sus catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria de 222,45 euros”, según los datos del informe sobre la revalorización de las pensiones elaborado por el sindicato UGT, cuantía que tampoco recibió ese pensionista medio.

Asimismo, la revalorización de su pensión para 2013 debería haberse realizado sobre ese 2,9%, sin embargo, al hacerla sobre el 1% o el 2% –según la cuantía de la pensión percibida– en tan sólo dos años la merma del poder adquisitivo ha sido doble: la pérdida de la compensación del año 2012 y la pérdida de revalorización para 2013.

Las pensiones a tribunal

Varios tribunales han fallado a favor de la revalorización ligada al IPC. El primero, en San Sebastián, falló a mediados de junio a favor de dos ciudadanos para revalorizar sus pensiones de 2013 de acuerdo al valor de los impuestos al consumo, y obligó al Gobierno a pagar a ambos “una paga única compensatoria por el desvío del IPC durante 2012 calculada sobre un 2,9%”, así como a proceder a la “revalorización de su pensión para el año 2013 sobre un 2,9% de la percibida el año anterior”. La Federación Metal, Construcción y Afines de UGT (MAC-UGT) manifestó entonces su acuerdo con la sentencia y declaró que esperaba que se abriera así “el camino a que se les reconozca a todos los pensionistas” su derecho legítimo, sustraído tras la publicación del decretazo.

Varios tribunales han fallado a favor de la revalorización ligada al IPC. El primero, en San Sebastián, falló a mediados de junio a favor de dos ciudadanos para revalorizar sus pensiones de 2013 El pasado 5 de julio, otro tribunal, en este caso de Burgos, falló a favor de 25 vecinos de la provincia, quienes verán revalorizadas sus pensiones en base al 2,9% del IPC interanual y recibirán de la Tesorería los atrasos correspondientes.

También a mediados del mes de junio otro ciudadano de Barcelona presentó su demanda, apoyado por el Col·lectiu Ronda, organismo en defensa de los trabajadores y su protección social, contra la decisión del Gobierno de no revalorizar su pensión. Antes del juicio, que fue archivado a la espera de sentencia en el plazo máximo de un año, una veintena de pensionistas presentaron sus propias demandas.

Fundamentación legal

Que las demandas hayan llegado a buen puerto es signo de que el decreto-ley aprobado por los populares tiene algo de irregular. UGT ha recalcado, con el apoyo de los fallos de los tribunales, que el decretazo es contrario al artículo 48 de la Ley de Seguridad Social, que implica que “las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, será revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año”.

La ultraactividad de los convenios entra en barrena

La reforma laboral del Gobierno de Rajoy daba un año de límite para que los convenios pendientes de renovación se prorrogaran de forma automática. La fecha límite llegó el lunes 8 de julio, y con ella cerca de 1.324 convenios que afectan a 1,8 millones de personas quedan en el aire, según datos de CC OO y UGT.

El aumento previsible de la conflictividad —y de los casos llevados a los tribunales— llevó a los sindicatos de concertación y a las patronales a firmar el 23 de mayo un acuerdo confederal. No obstante, como ha dicho un representante de la patronal CEOE, el acuerdo no es sino “un código de buenas prácticas en las mesas de negociación”.

Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar por e-mail Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

7