¿Quién debe a quién?
Un tribunal por la deuda externa
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José Miguel Alfonso
Sentencia ejemplar. Más de 300 personas acudieron al tribunal, que instó al Estado a cancelar la deuda y a establecer mecanismos de reparación de daños.
06/02/06 · 20:17
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José Miguel Alfonso
Sentencia ejemplar. Más de 300 personas acudieron al tribunal, que instó al Estado a cancelar la deuda y a establecer mecanismos de reparación de daños.

Un tribunal popular juzgó el pasado fin de semana en Madrid al Gobierno y a las empresas transnacionales españolas por su responsabilidad en la deuda externa. El veredicto: culpables de imponer una deuda cuyo pago “se cobra diariamente la muerte de personas y es una de las mayores causas de la violencia estructural y de la violación sistemática de los derechos humanos de la mayor parte de la población mundial”. La iniciativa, promovida por decenas de organismos sociales, no tiene vinculación jurídica, pero ha servido de foro para informar y hacer presión sobre esta realidad. La deuda externa es ese dinero que los países del Sur deben a los del Norte, a los bancos y a las instituciones financieras internacionales como consecuencia de préstamos contraídos por sus gobiernos (en ocasiones dictatoriales) con los acreedores. Para el tribunal, esta deuda es ilegítima e inmoral, entre otras cosas porque su sistema de intereses la hace impagable (en precio real, ha sido pagada más de siete veces en los últimos 25 años), y la convierte en un mecanismo de control de recursos y economías de los países ricos sobre los pobres. Además, apuntan, esta deuda está relacionada con otra que nadie reclama, pero que es mucho más sangrante; una deuda política, histórica y ecológica por la que los países del Norte son deudores de los países del Sur.

En el centro del tribunal, los jueces: Juana Calfunao, líder indígena mapuche, Itziar Ruiz-Giménez, profesora de Ciencias Políticas de la UAM, Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial y Carlos Berzosa, rector de la UCM. A su derecha, los nueve miembros del jurado popular, formado por sociólogos, periodistas, etc. Y a su izquierda, tres fiscales y sus testigos que fueron declarando en torno a tres ejes: deuda ilegítima, deuda ecológica y deuda política y social. Expertos en economía y política, y activistas sociales de diferentes ciudades españolas, africanas y latinoamericanas que ofrecieron datos, informes y documentales para argumentar sus tesis.

El Tribunal comenzó recordando a las víctimas de las fronteras de Ceuta y Melilla, consideradas víctimas de la deuda externa, un “mecanismo de terrorismo de Estado” que impone la libre circulación de capitales pero prohíbe el movimiento de personas. El día anterior, Mbuyi Kabunda Badi, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Basilea, acusó a los países occidentales de “negrofobia” y denunció el discurso imperante sobre la incapacidad de África de gobernarse a sí misma, sobre su corrupción y su violencia supuestamente endémicas. Porque los males de África, dijo, son globales y son producto directo de unas relaciones económicas determinadas y de una herencia de esclavitud y colonialismo que la marcó para siempre: “Ésa es la verdadera deuda que Europa debe pagar a África porque se trata además de un proceso que no ha acabado”.

En Latinoamérica, más de diez países también invierten una enorme parte de sus recursos en pagar una deuda contraída con el Estado español. Y mientras, éste se beneficia a través de sus muchas empresas que intervienen en diferentes sectores, sobre todo energéticos (por ejemplo, Repsol YPF controla el 70% de las reservas de gas natural en Bolivia). Para el Estado español, nuevas inversiones y recursos naturales; y para Latinoamérica, fuertes medidas de ajuste económico, graves impactos medioambientales, desplazamientos de pueblos enteros, militarización, etc. Esta deuda, dijo el tribunal, no se puede cuantificar y, de hacerlo, sería mucho mayor que la deuda externa que asfixia a una mitad de la población mundial.

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