Todos tiran la piedra, pero algunos esconden la mano

CASMadrid

02/10/08 · 0:00
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MADRID, 23 DE SEPTIEMBRE. Más de 3.000 personas, frente al Ritz./ Edu León

El desmantelamiento y deterioro
de la sanidad pública madrileña
comenzó cuando el PP logró la
presidencia de la Comunidad de
Madrid. Y se ha agudizado con la
apertura de los nuevos hospitales
de titularidad privada del Plan
de Infraestructuras 2004-2007.
Lo específico y lo alarmante de
Madrid es la apertura de golpe
de ocho edificios de uso hospitalario,
experiencia inédita en la
UE. Simultáneamente se ha producido
el desmantelamiento y la
asfixia económica de los hospitales
públicos preexistentes (llevándose
a los nuevos centros de
gestión privada material y más
de 3.000 sanitarios de los centros
públicos), además de la suspensión
de la renovación de los
contratos del personal eventual.
Aunque, soterradamente, se les
obliga a realizar la actividad que
los privados no pueden asumir.

La ubicación de estos centros
se ha realizado en base a intereses
partidistas (distribuidos cuidadosamente
entre municipios
del PP y PSOE), prescindiendo de
los más elementales criterios de
planificación sanitaria. Con
pequeña capacidad (entre 90 y
260 camas) y con carteras de
servicios reducidas están demostrando
ser incapaces de atender
la mayoría de las necesidades
sanitarias, lo contrario de lo que
se publicitaba. Sólo Majadahonda
(de Dragados y que surge del
cierre del público Puerta de Hierro)
en la zona de mayor renta,
con menos necesidades sanitarias
y tradicionalmente menos
usuaria de lo público, dispone de
todas las especialidades y el
mayor número de camas (800).

Algunos ejemplos palpables
del “funcionamiento excelente”
de los hospitales nuevos son: la
no disponibilidad de diagnóstico
por la imagen por la tarde
(Arganda y Aranjuez); imposibilidad
durante el pasado verano de
derivar pacientes a traumatología
(Vallecas); cierre intermitente de
agendas de especialistas dejando
a los pacientes en un limbo
(Bush quería acabar con los
incendios talando los bosques,
Esperanza acaba con las esperas
suprimiendo las listas); espera
de hasta 11 meses para la primera
visita en algunas especialidades
básicas (Coslada); derivación
a los públicos de urgencias
que cualquier hospital de su nivel
está capacitado para atender;
dimisión de personal directivo en
tiempo récord (directora médica
del hospital de Aranjuez); reducción
de los sueldos del personal
de enfermería debido a que
la cuenta de resultados no cuadra
(Valdemoro); robo a centros
públicos de pacientes que no le
corresponden con la connivencia
de la Consejería (de Pinto al hospital
privado de Valdemoro, para
hundir al público de Getafe, que
perderá 117 de sus 600 camas);
no contar con representación sindical
crítica ya que los grandes
sindicatos han decidido, junto a
la Administración, que los “sindicatos
no pactistas o molestos”
no puedan disponer de locales ni
medios para tratar de ocultar lo
que ocurre.

¿Por qué se ha llegado a esta
situación? La Ley General de
Sanidad establecía ya la posibilidad
de prestar atención sanitaria
en centros privados, si bien
en los vinculados a la red pública
mediante convenio o concierto
siempre que previamente se
haya hecho una utilización optima
de los recursos propios y
preferentemente de los que tengan
carácter no lucrativo. Ex-
cluía, por tanto, la entrega
de la asistencia sanitaria
financiada con fondos
públicos a empresas lucrativas.

El discurso que se ha
ido imponiendo, no ingenuamente,
sobre la difícil
sostenibilidad financiera y
organizativa del sistema
público ha sido utilizado
para justificar iniciativas
como la Ley 15/97 de
“Habilitación de Nuevas
Formas de Gestión” que
PSOE, PP, PNV, CC y CiU
pactaron y que abrió las
puertas a la mercantilización.

A 11 años vista, las
palabras del PSOE el día
de su aprobación: “esta ley
cierra el paso a la privatización”
o que “se garantiza
la titularidad pública de los
centros” suenan a una
burla grotesca.
Hoy, mientras el PSOE
critica la privatización,
Esperanza Aguirre y sus
fieles escuderos Lamela y
Güemes hacen el trabajo
sucio. Con más de dos
millones de madrileños ya
en manos privadas, y tras
el anuncio el pasado 23
de septiembre en el Ritz,
de la privatización total
mediante subasta del
resto de hospitales y centros
de atención primaria,
no hay otra estrategia para
frenarlo que la movilización
de toda la población
para exigir la derogación
de la 15/97.

Las repercusiones, que
afectarán sobre todo a la
población de menor nivel
de renta, se medirán en
términos de deterioro de la
calidad y aumento de la
mortalidad, y serán responsabilidad
tanto de quienes
aplican la ley, como de
quienes la mantienen sin
derogar o, de aquellos que
con su discurso falso tratan
de ocultar a la población
quiénes son los responsables.

Tags relacionados: privatización sanidad
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