CORRUPCIÓN // LA TRAMA EÓLICA Y LA OPERACIÓN FAYCAN
Tímida campaña de manos limpias en las Islas Canarias

El desarrollismo y el
maridaje del poder
político y empresarial en
la concesión de licencias
disparan las denuncias
de corrupción en
Canarias, pero la Justicia
sigue apuntando a los
simples intermediarios.

20/04/06 · 0:39
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‘LO NUESTRO’. Las denuncias contra la concejal del PP en Telde María Antonia
Torres (en la imagen) se añaden a la lista de casos de corrupción en Canarias.

La corrupción en Canarias es y ha
sido un hecho cotidiano, casi consustancial
a ‘lo nuestro’. Paulino
Rivero, presidente de Coalición Canaria
(CC) y diputado en las Cortes,
ha llegado a declarar en referencia
a esta realidad que “las cosas hay
que verlas con normalidad y no dramatizar”.
Miembros del colectivo
Asamblea por Tenerife consideran
que el modelo ultradesarrollista basado
en el turismo y la construcción,
junto a la condición de paraíso fiscal
generada por los sucesivos
Gobiernos de Canarias y las abundantes
ayudas y subvenciones europeas,
han configurado un paisaje
propicio para toda una fauna de comisionistas
y de empresarios.

El 2006 ha comenzado con una
campaña de limpieza desde la judicatura
amplificada en los medios. En
enero se supo que las escuchas telefónicas
autorizadas por el juez Miguel
Ángel Parramón, captaron cómo
el magistrado y presidente de la
Audiencia Provincial de Las Palmas,
José A. Martín, asesoraba, en presencia
de su amigo Wilebaldo Luis
Yanes a Julio Bornia sobre la excarcelación
de su hermano Rafael, actualmente
en prisión preventiva por
narcotráfico y blanqueo de capitales.
Sin embargo, desde que el 18 de enero
el Consejo General del Poder
Judicial suspendiera de sus funciones
al magistrado, y a pesar de que
se le imputan, entre otros, los delitos
de cohecho, prevaricación y tráfico
de influencias, nada ha trascendido
de este grave episodio de corrupción
judicial surgido al hilo de las investigaciones
sobre el tráfico de influencias
en la concesión de los parques
éolicos en Canarias.

La primera trama municipal

Estas investigaciones se basaron en
la denuncia que en febrero de 2005
había presentado Alberto Santana

 ex gerente de la empresa Siemenca-
contra Celso Perdomo,
Wilebaldo Luis y el presidente de la
Cámara de Comercio de Las Palmas,
José Suárez Gil, por “presunta corrupción
y asociación mafiosa”.
Santana aportó pruebas que demostraban
cómo a mediados de 2004
desde la Consejería de Industria del
Gobierno de Canarias, gobernada
por Luis Soria (PP), se habían enviado
correos electrónicos con información
privilegiada acerca del
futuro decreto del concurso eólico.
El remitente de los e-mail donde se
filtraron hasta tres borradores del
decreto era Celso Perdomo, director
general de Industria.

Por otro lado, en noviembre de
2004 Francisco Cabrera, consejero
de la empresa pública Megaturbinas
de Arinaga S.A., acusaba al presidente
de la autoridad portuaria, José
Manuel Arnáiz, de practicar “tráfico
de influencias” al transmitir información
privilegiada a las sociedades
controladas, entre otros, por los empresarios
Javier Esquivel, Germán
Suárez y Eustasio López. La renuncia
de Megaturbinas -empresa controlada
por los hermanos Soria y el
PP- al negocio de la energía eólica
propició que Promotora de Recursos
Eólicos S.L., creada por los citados
empresarios en mayo de 2003 para
la administración de fincas rústicas,
solicitara suelo en Arinaga, Puerto
del Rosario y Arrecife para la instalación
de aerogeneradores. A pesar de
la alarma social que se ha generado
lo cierto es que solamente permanecen
en prisión Celso Perdomo y su
novia Mónica Quintana, titular de la
cuenta en Luxemburgo donde se ingresaban
las comisiones, pues el resto
de los imputados, pues el abogado
Alfredo Briganty, Wilebaldo, Esquivel,
Honorato López y Enrique
Guzmán, vinculado a Hidrocantábrico,
se encuentran en libertad bajo
fianza. Los empresarios madrileños
Daniel Fernández de Salamanca y
Javier Colino, y el director comercial
de Unelco, José A. Lucendo, solamente
son imputados en el caso. De
los propietarios de las empresas nada
se sabe. También se ignora si el
juez tomará declaración a Luis Soria,
entonces consejero de Industria.

Además, en los últimos días de febrero
la Operación Faycan ha puesto
al descubierto una nueva trama
de corrupción, esta vez en el municipio
grancanario de Telde -segundo
de la provicincia en población-, donde
María Antonia Torres, una histórica
concejal del PP, cobraba un 20%
de comisión por las obras que ella
misma asignaba en nombre del
Consistorio teldense. La concejal y
su asesor municipal, Francisco Gordillo,
han ingresado en prisión mientras
el marido de la edil y también interventor
municipal, Enrique Orts,
ha quedado en libertad bajo fianza.

Mientras en el Cabildo de Gran
Canaria, presidido por José Manuel
Soria, se ha vetado una comisión de
investigación sobre la trama eólica y
la comparecencia del denunciante
Francisco Cabrera, en el Parlamento
de Canarias se investigarán las responsabilidades
de su hermano, Luis
Soria, durante su etapa como consejero
de Industria. El PP ha contraatacado
con una comisión de investigación
sobre el más que posible caso
de corrupción en el que está implicado
un antiguo director general del
Tesoro, Alberto Amorós, que formaba
parte del equipo del presidente
Adán Martín (CC) cuando éste era
consejero de Economía y Hacienda.

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