TIENDAS DE CAMPAÑA EN EL CENTRO DE PARÍS . Hijos de Don Quijote instaló decenas de tiendas a lo largo del canal Saint Martin para alojar a cientos de personas sin techo./Ijana Cabarga

Después de dos meses de acampada
en las orillas del Canal
Saint-Martin y pese a los primeros
éxitos cosechados por su acción,
los Hijos de Don Quijote
vuelven a ocupar el primer plano
de la actualidad política en vísperas
de la discusión del proyecto
de Ley para un Alojamiento exigible
en la Asamblea Nacional.
Hace una semana, Augustin
Legrand, el inspirador del movimiento,
volvía de Sudáfrica donde
se había trasladado por sus
obligaciones profesionales de actor.

Desde entonces, no ha escatimado
sus críticas respecto a la
inacción del Gobierno y al estancamiento
del proceso. Para él, la
situación no ha cambiado en absoluto
desde el 8 de enero. Al
contrario, Legrand denuncia no
sólo la lentitud burocrática de las
soluciones de realojamiento propuestas
a los sin techo sino también
la situación de abandono de
los campamentos, donde la ausencia
escandalosa de trabajadores
sociales especializados que
puedan cumplir una labor de
apoyo psicológico y de coordinación
en esa fase de trámites administrativos
provoca la multiplicación
de incidentes entre los
alojados en las tiendas y el vecindario,
en especial en París.

La degradación se concreta
también en los problemas de
abastecimiento y de alimentación:
si bien en las primeras semanas
del operativo los envíos
solidarios de alimentos permitieron
a los campamentos autoproveerse,
la situación está ahora
mismo entrando en una fase crítica
con serios problemas de
abastecimiento. La asociación
deplora también la muerte de
más de 30 personas, desde el 8
de enero, muertes por accidentes
en los campamentos, por frío
o enfermedad. Frente a la urgencia
de la situación, agravada con
la llegada diaria a los campamentos
de otros sin techo, los Hijos
de don Quijote vuelven a dar la
voz de alarma para que el
Gobierno se haga realmente cargo
de la situación y tome sus responsabilidades.
La asociación
critica la pasividad del Gobierno
para hacer este trabajo que le incumbe
al Estado y no a simples
ciudadanos voluntarios como los
implicados en el colectivo.