Las dinámicas económicas territoriales
de estos últimos años han
convertido al Estado español en
un escenario de fuertes competencias
entre territorios para
atraer las limitadas inversiones
industriales. Cada administración
local se esfuerza por poder vestir
sus mejores galas, pero ello se hace
siempre haciendo un uso desigual
de los recursos. A medida
que una ciudad se convierte en
máquina de crecimiento y desarrollo,
se acentúa el desequilibrio
entre zonas limítrofes.

La desigualdad territorial en
Aragón se ha agravado aún más últimamente
por el papel protagonista
que ha tomado la ciudad de Zaragoza
con la Exposición Internacional
del Agua (clausurada en septiembre),
y con el proyecto de nuevas
cementeras en distintos puntos
del Bajo Aragón. Teruel, en un proceso
que lleva ya años, viene alojando
en su parcialmente despoblado
territorio plantas industriales
con alto nivel de contaminación.
Con el beneplácito no declarado de
la Administración autonómica, que
carece por completo de un plan de
ordenación del territorio, los intereses
privados de las industrias
aprovechan ese relativo despoblamiento
y la poca protesta que ahí
se puede generar para implantar lo
que en otros lugares de la región
nadie imaginaría.

Sumideros despoblados

Pero a nadie se le escapa lo cíclico
de este asunto, pues Zaragoza, como
gran ciudad que es, hace de
atractor de población contribuyendo
al despoblamiento de los territorios
de su entorno, creando
zonas lo suficientemente vacías
como para absorber este tipo de
industrias, que a su vez empujan a
la gente a vivir en otros entornos
más atractivos. Planta biodiésel en
Sarrión, centrales térmicas en Mequinenza
y Fayón, parques eólicos
dispuestos sin ningún criterio ambiental
ni paisajístico por la zona
de Albentosa, fundición de plomo
en Albalate y las grandes protagonistas
de ahora: las cementeras.
Estos motores sucios se venden a
la población con el argumento persuasivo,
casi siempre bien aceptado,
de los puestos de trabajo que
traen al lugar. Incluso el aeropuerto
que está proyectado para la ciudad
de Teruel no va a ser un aeropuerto
convencional para el transporte
de pasajeros, sino que será
un aeropuerto que servirá de mantenimiento
y desguace de aviones.
El grupo de Ecologistas en Acción-
Otus lleva ya 25 años batallando
este tema en la provincia y se encuentra
desbordado por el interminable
número de proyectos
contraindicados que caen por esa
zona, e indignados por la poca resistencia
que la ciudadanía ofrece.

La causa de esto último puede
estar en los pocos resultados que
han tenido las escasas movilizaciones.
Según esta organización,
la mayor movilización se produjo
hace dos años en el pueblo de
Albalate del Arzobispo como consecuencia
de la implantación de
una planta en la que se recogen
baterías usadas de todo el Estado
español y son recicladas para la
recolección de plomo: 22.000 toneladas
al año de este metal altamente
tóxico. A pesar de la fuerte
movilización, exigiendo a la Administración
que tomara medidas,
no pudo detenerse.

Rosario de cementeras

Actualmente en Teruel hay
proyectadas tres cementeras:
en Torrijo del Campo,
donde no hay oposición; en
Albentosa, donde la población
está mostrado su disconformidad
porque va a
truncar las posibilidades de
desarrollo turístico que tiene
el Valle de Olba por su belleza;
y la de Concud, que es la
que está provocando una
mayor oposición al encontrarse
en una zona periférica
de la ciudad de Teruel. También
la planta de biodiésel
de Sarrión está generando
un conflicto en el que el
Ayuntamiento del pueblo ha
decidido optar por hacer
oídos sordos a las demandas
de la ciudadanía para el
cierre de la planta.