Cola ante la comisaría de Aluche (Foto Edu León)

“¿No iban a bajarlo a dos años?”.
La respuesta es idéntica detrás de
la recepción de un local de una asociación
de inmigrantes y la barra
de un bar colombiano, ambos en el
barrio de San Diego, en el distrito
madrileño del Puente de Vallecas.
Había pasado apenas un mes desde
que el director general de Inmigración,
Markus González, declarara
que el nuevo Reglamento de
Extranjería iba a bajar de tres a dos
años el periodo en el que cientos de
miles de personas esperan para
presentar su solicitud de residencia
en el Estado español.

El entonces ministro de Trabajo
e Inmigración, Celestino Corbacho,
negó sólo un día después que el
Gobierno tuviera cerrada esa posibilidad,
pero el anuncio había dado
en el clavo. Pronunciadas de modo
informal en un encuentro no incluido
en la agenda del gabinete de
prensa del Ministerio, las palabras
de González coincidieron con las
celebraciones del día de la Hispanidad
y con las esperanzas de las
comunidades migrantes, necesitadas
de buenas noticias en medio del
año más duro de la crisis.

No resulta extraña, por lo tanto,
la expresión decepcionada en el rostro
de la propietaria del bar de San
Diego, un negocio recién inaugurado
en una zona repleta de locales
con la leyenda “Se traspasa” en la
puerta. Unos metros más allá, en el
local ya limítrofe con el barrio de
Entrevías, la recepcionista se mostraba
sorprendida al conocer, de labios
de un grupo de militantes, el
mentís del ministro Corbacho. “A mí
no me afecta, pero mucha gente viene
a preguntarnos a la asociación
para saber cómo sacarse los ‘papeles’”,
afirmaba con un semblante
más resignado que alarmado.

Meses después de esa mañana
de domingo, el Gobierno sigue sin
aprobar la normativa que desarrolla
las disposiciones de la Ley
de Extranjería, cuya última reforma
cumplió un año en diciembre.
Oficialmente, ninguna organización
ha podido acceder a los borradores,
lo que contrasta con las
declaraciones parlamentarias de
Valeriano Gómez, ministro de
Trabajo e Inmigración, quien a finales
de 2010 afirmaba que el
Reglamento se encontraba ya “en
fase de diálogo social”. Pese a que
su aprobación es técnicamente
posible en cualquier Consejo de
Ministros, el Reglamento acumula
un retraso de ocho meses con
respecto al calendario previsto en
su día por el Gobierno.

La teoría y la práctica

Este verano, Carmen Cócero, al frente
del área de la Delegación del
Gobierno de Madrid que revisa los
expedientes de regularización conocidos
como ‘arraigo social’, estimaba
en un 80% el porcentaje de solicitudes
denegadas en la provincia. El dato
daba el contorno real de lo que está
pasando en Madrid con el principal
mecanismo previsto en la ley para
obtener los ‘papeles’ una vez que
se está en territorio español: un bloqueo
administrativo que la funcionaria,
en su exposición durante un curso
organizado por el Colegio de
Abogados de Madrid, no tenía reparos
en relacionar con la situación de
crisis económica.

“Existe un pánico generalizado
de que el Reglamento acabe tocando
el arraigo”, afirma desde Sevilla la
abogada Pastora Filigrana García,
de la Oficina de Derechos Sociales
(ODS). De hecho, en la provincia ya
se está aplicando la política que, de
trasladarse al Reglamento, instituiría
el temido cerrojazo: desde hace
un año, cada oferta de trabajo que
acompañe a las solicitudes debe estar
incluida en el servicio andaluz
de empleo y no contar con aspirantes
nacionales.

La última reforma de la Ley de
Extranjería abría esta posibilidad,
al confiar al Reglamento una redefinición
del tipo de contratos que se
pueden presentar con el arraigo social.
Hasta ahora, dicho procedimiento
se había mantenido libre de
las limitaciones de la contratación
hecha desde el país de origen, que
debe estar ceñida a las ocupaciones
de difícil cobertura, aquellas
que rechazan los españoles.

Dicho catálogo, que se revisa cada
tres meses, sólo incluía en su edición
de enero de 2011 cinco especialidades
en medicina como ofertas viables
para toda la provincia de Madrid.
De las 52 provincias del Estado
español, sólo 13 han registrado ocupaciones
de difícil cobertura en el catálogo
vigente para este trimestre.

La reforma aprobada en diciembre
de 2009 especificaba en el artículo
40 que el Reglamento debería
definir si la vía del arraigo social
continuaría siendo excepcional en
ese sentido. En el contenido de esa
letra pequeña se juega el futuro inmediato
de la bolsa de sin papeles
existente en el Estado español:
apenas 300.000 personas, según
los cálculos de la Secretaría de
Estado de Inmigración; en torno al
millón de personas, según un consenso
que apenas ha variado desde
la regularización extraordinaria
de 2005.

Para Hassan Ardoun, un marroquí
treintañero que reside en el barrio
de Doña Carlota (Puente de
Vallecas, Madrid), la respuesta a su
solicitud de arraigo se prolongó siete
meses. Según señalan algunas
asociaciones de inmigrantes y las
asesorías legales, no es una excepción.
Hace tan sólo un año, en Madrid
la respuesta típica demoraba
apenas dos meses.
Este licenciado en Historia, bilingüe
en árabe y francés, con un
español más que correcto, vio cómo
su solicitud con un contrato de
servicio doméstico fue rechazada.
En marzo habrá pasado un año
desde que presentó los papeles, y
todavía no sabe si podrá acceder a
la tarjeta de trabajo con la que podrá
respirar tranquilo al salir a la
calle y cotizar mínimamente a la
Seguridad Social. Su recurso a la
denegación espera respuesta desde
noviembre.

Lo que no sabían ni Hassan ni los
abogados de la asociación donde
milita, es que los contratos de servicio doméstico con más de un empleador
están siendo rechazados
sistemáticamente por la Delegación
de Gobierno en Madrid. Así lo reconoció
Cócera en su charla del Colegio
de Abogados. Ante las preguntas
de los asistentes, la funcionaria
sólo precisó que esta política obedecía
a “instrucciones”.

“Al menos en Málaga esos criterios
no se están aplicando todavía”,
precisa Amanda Romero, abogada
de la ODS-Coordinadora de Inmigrantes
de Málaga. Todavía basta
con que los empleadores presenten
una declaración de IRPF que demuestre
su solvencia económica. No
obstante, este criterio se está exigiendo
también a los demás tipos de
contratos, circunstancia que no se
daba en la provincia hasta los últimos
meses. “Este requisito se exige
para el caso de las solicitudes de las
autorizaciones B iniciales, pero en
ningún caso para solicitudes de
arraigo, no viene ni en la actual Ley
ni en el actual Reglamento”, recuerda
Romero.

Bloqueo desigual

Con diferentes ritmos e intensidades,
el endurecimiento del acceso
a los papeles se está produciendo
en todas las provincias ya desde
antes de la entrada en vigor de la
nueva Ley de Extranjería. El abogado
Adolfo Gutiérrez refería en
un informe para la red Ferrocarril
Clandestino cómo la práctica administrativa
suele anticipar los
cambios legales. “Esta práctica [...]
ya la hemos visto en el caso de las
reagrupaciones de ascendientes
menores de 65 años. El año pasado
[en referencia a 2009, nota del
redactor] se denegaban una gran
mayoría de las reagrupaciones de
ascendientes que no tuvieran más
de 65 años argumentando ‘que no
se demuestran las razones que justifican
la estancia en España’.

Poco después en la modificación
de la Ley de Extranjería se impuso
el límite de los 65 años para los ascendientes
reagrupables” señalaba
Gutiérrez, quien planteaba
abiertamente la posibilidad de que
el Gobierno busque un cambio radical
–un cerrojazo– en la política
de extranjería. Los controles de
identidad, que en 2010 no aumentaron
las cifras de expulsiones, invitan
a pensar en una dramatización
gubernamental de esta nueva
línea en política de extranjería.
Una puesta en escena que adquiere
rasgos grotescos con testimonios
como el de Ardoun que narra cómo
la web del Ministerio Administraciones
Públicas –a través de las que
se solicitan on line las citas para presentar
los papeles– sólo activa ese
formulario entre las 00:00 y las
00:05 de la noche.

Oscurantismo oficial

¿Qué pasará, entonces, con el Reglamento?
Carlos Gómez Gil, director
del Observatorio de Inmigración
de la Universidad de Alicante, prefería
no hacer previsiones, pero no
ocultaba su escepticismo sobre la posibilidad
de que se apruebe una rebaja
en el período para poder solicitar
la tarjeta: “A estas alturas, es dificil
creerse nada de este Gobierno”, remachaba.
Al final de la cadena, una administrativa
de una comisaría de policía
da su visión. “Se siguen aprobando
miles de tarjetas en los sectores
de hostelería, limpieza y cuidados”,
dice esta funcionaria, por cuyas manos
pasan las solicitudes de arraigo
ya aceptadas, listas para el proceso
final de identificación. “España se
pararía si estos sectores dejaran
de disponer de mano de obra”,
aventura.

Desde esa perspectiva, relacionar
los arraigos con los actuales catálogos
de difícil cobertura condenaría
a decenas de miles de personas a
trabajar en negro prácticamente de
por vida. ¿Es ésa realmente la apuesta
del Gobierno? Desde el grupo
de asociaciones que en diciembre
denunciaron el oscurantismo con
que se está cocinando el Reglamento
–Ferrocarril Clandestino,
Pueblos Unidos y SOS Racismo
Madrid–, se espera que la reforma
acabe con la fórmula del arraigo laboral,
escasamente utilizada, y que
replantee los criterios de selección
de los catálogos de dificil cobertura.

En Italia, una de las últimas
vueltas de tuerca de la política de
extranjería vino acompañada de
una regularización a pequeña escala.
A esperas de que se conozcan
los primeros borradores del
Reglamento, la versión española
del cerrojazo ‘a la Zapatero’ bien
podría incluir una amnistía para
los inmigrantes que han perdido
sus tarjetas por haberse quedado
sin empleo, a la vez que se cierra
la puerta a todos los demás. Hasta
el próximo ciclo de crecimiento
económico.