DEFORESTACIÓN Y DERECHOS HUMANOS // LA MAYOR OPERACIÓN POLICIAL EN LA SELVA
Las talas ilegales en la Amazonía

El 22 de febrero de 2005 asesinaron a Dionisio Julio
Ribeiro, ecologista defensor de la mayor reserva forestal
de Río de Janeiro, en Tingua. Un mes más tarde,
la religiosa estadounidense Dorothy Stang también
encontró la muerte a manos de los intereses económicos
que avalan la destrucción de la selva; su condición
de extranjera hizo de su asesinato un escándalo
internacional para el Gobierno brasileño, el mismo
que se comprometió con la defensa de la Amazonía
cuando llegó hace un año al poder. Greenpeace ya denunció
en 2003 que el mercado español importa y
consume madera procedente de empresas brasileña.

08/07/06 · 20:54
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DESFORESTACIÓN Y MUERTES. En el último año un área equivalente a la superficie de Bélgica fue deforestada en la Amazonía
brasileña. // Greenpeace

La deforestación en el Amazonas
entre los años 2003 y
2004 equivale a la destrucción
de seis campos de fútbol
por minuto. Casi toda la madera
es de origen ilegal. El Estado de Pará
es el mayor productor y exportador
de productos forestales en la Amazonía
brasileña. Datos del Gobierno
brasileño de 2001 apuntan que el
66% de toda la madera producida en
Pará fue ilegal y, según una primera
evaluación que están llevando a cabo
las autoridades ambientales, cerca
del 88% de todos los Planes Forestales
de Gestión han sido concedidos
inapropiadamente en tierras
públicas donde la tala no está permitida.
En zonas alejadas de Pará, sin
control policial, la deforestación está
frecuentemente asociada a la esclavitud
laboral. Los trabajadores son
engañados para acudir al interior de
la selva con promesas de buenos
sueldos y se convierten en deudores
de las empresas que los contratan.
Aquellos que tratan de escapar son
frecuentemente asesinados

Detenciones en Mato Grosso

Tras una investigación llevada a cabo
durante meses por varios jueces
brasileños, la Policía Federal Brasileña
ha efectuado una operación a
gran escala en el Estado de Mato
Grosso, cuyo resultado fue la desmantelación
en junio de una banda
responsable de haber falsificado autorizaciones
para talas durante 14
años. La justicia brasileña emitió órdenes
de búsqueda para 89 personas-
incluyendo agentes del IBAMA
(Instituto Brasileño de Medioambiente)
y madereros, responsables
de la extracción ilegal de 1,9 millones
de metros cúbicos de madera en
la Amazonía (para cargar este volumen
de madera serían necesarios
76.000 camiones que, puestos en fila,
ocuparían una distancia superior
a la que separa Barcelona de París).

Durante la investigación de la
Policía brasileña se suspendieron
283 planes de gestión forestal y
otros 36 fueron cancelados indefinidamente.
También salieron a la luz
431 compañías madereras ‘fantasmas’.
La operación también halló
falsificaciones de Autorizaciones
para el Transporte de Productos
Forestales, una ‘oficina de blanqueo’
para que las autorizaciones pudieran
volver a ser utilizadas y fraudes
en las inspecciones sobre el terreno.
Esta operación, en la que intervinieron
450 agentes de la Policía Federal
y 31 agentes del IBAMA, es la mayor
llevada a cabo jamás en la
Amazonía brasileña.

Pero estos arrestos de Mato Grosso
no son casos aislados y muestran
el riesgo real que producen
las concesiones forestales. La
Policía Federal y el IBAMA deberían
extender este tipo de investigaciones
a otros Estados del Amazonas,
como Pará y Rondonia. Es
necesario que las agencias federales
como el IBAMA, la Policía Federal
y el INCRA (Instituto Nacional
de Colonización y Reforma
Agraria), sean reforzadas para luchar
contra las talas ilegales, la falsificación
de documentos, la deforestación
y los crímenes contra los
derechos humanos.

Resulta paradójico que más del
70% de la deforestación ha tenido lugar
entre mayo y julio de 2004, cuando
ya estaba en marcha en Brasil el
Plan de Acción para Reducir la Deforestación
presentado en marzo de
2004. Queda claro que aunque el Gobierno
brasileño ha tomado medidas
positivas, como la creación de áreas
protegidas y la demarcación de tierras
indígenas, ha fallado claramente
en la aplicación del plan, ya que la
media anual de deforestación durante
los tres últimos años ha sido superior
a los 23.000 km2.

En el mismo período de tiempo el
Gobierno de Lula ha aplaudido la rápida
expansión de la producción de
grano y el liderazgo mundial de Brasil
en la exportación de carne.
Antonio Palocci, ministro de Hacienda,
ha llegado a declarar que “el
mercado agrario es el mejor negocio
de Brasil”. Así, casi la mitad de la deforestación,
el 48%, tuvo lugar en el
estado de Mato Grosso, gobernado
por el mayor productor particular de
soja del mundo, Blairo Maggi. De los
12.576 km2 de bosque perdidos,
4,176 km2 fueron autorizados por el
Gobierno. El resto fueron talas ilegales.
Maggi no esconde su opinión sobre
la deforestación y en una entrevista
para The New York Times en
septiembre de 2003 afirmó: “Un aumento
de la deforestación en un 40%
no significa nada y no siento la más
mínima culpabilidad por lo que estamos
haciendo aquí”.

La administración de Lula se enfrenta
a una contradicción fundamental:
combatir la deforestación en
el Amazonas o promover la expansión
de los cultivos a costa de la selva
para pagar su deuda externa. Para
Greenpeace y la mayor parte de las
organizaciones sociales que luchan
en la Amazonía es necesario que el
gobierno restrinja las plantaciones
de soja sólo a zonas ya deforestadas,
que combata las talas ilegales y que
aplique, de manera efectiva, su propio
Plan antideforestación.

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