El fin de semana previo al aniversario del desastre de Fukushima, decenas de miles de personas se manifestaron en Japón pidiendo el fin del uso de la energía nuclear en el país. Se calcula que alrededor de 40.000 manifestantes salieron a las calles de Tokio en los diversos actos repartidos por toda la ciudad el domingo 10 de marzo para pedir el fin del Japón nuclear.

También en las calles de Taipéi, capital de la vecina isla de Taiwán, unas cien mil personas se manifestaron para conmemorar la misma fecha y con similares demandas a las de las protestas japonesas. Fueron más de 200.000 ciudadanos y ciudadanas de todo Taiwán los que exigieron el inicio de una era “cero nuclear”, y muy especialmente la paralización de la puesta en marcha de la que será la cuarta central nuclear del país: Longmen.

Una nueva planta nuclear

La central de Longmen se encuentra en construcción desde 1997 y su finalización se ha retrasado en numerosas ocasiones debido a la gran controversia que ha despertado desde su inicio y las cambiantes políticas de los sucesivos gobiernos de Taiwán respecto a ella.
Situada en el distrito de Gongliao, a sólo 40 km de la ciudad de Taipei, la central ha sido objeto de disputa desde su concepción. Además, el desastre de Fukushima en 2011 avivó espectacularmente la oposición ciudadana al proyecto. Los más de cinco millones de habitantes de Taipéi ya se encuentran a una distancia similar a dos centrales nucleares ya existentes. El propio gobierno ha admitido que sería imposible evacuar la ciudad a tiempo en caso de un desastre atómico.

La central, terminada ya en un 96%, no se encuentra sólo sobre una falla tectónica de alta actividad sísmica, sino que además está situada en la costa, en una isla como Taiwán que se encuentra en pleno Anillo de Fuego del Pacífico, la zona de mayor riesgo de tsunamis del mundo. La empresa a la que le fue encargada la construcción de Longmen, Taipower Co., carece de experiencia alguna en el ensamblaje de este tipo de centrales y ha subcontratado la fabricación de diferentes componentes a una mezcla variopinta de proveedores nacionales sin experiencia y compañías extranjeras sin relación entre sí. Se pretende poner en funcionamiento una amalgama de elementos inconexos jamás vista en la historia nuclear. Las tres centrales nucleares ahora en funcionamiento en Taiwán fueron construidas en su totalidad por las estadouni­denses Westing­house y General Electric en los años ‘70, cuando la isla se encontraba bajo la dictadura de Chiang Kai-Shek. Además, el coste de la planta de Longmen, llamada “Central Número Cuatro”, se ha ido incrementando con sucesivas ampliaciones de presupuesto, que han pasado de los 167.900 millones de dólares taiwaneses presupuestados inicialmente a un monto que ya se ha duplicado hasta 330.000 millones de dólares taiwaneses (8.500 millones de euros).

Los organizadores de la marcha en Taipéi, la Alianza Ciudadana de Acción Verde, lamentan que todo ese dinero podría haberse utilizado para invertir en fuentes alternativas de energía y, sobre todo, para encontrar una solución al serio problema que Taiwán enfrenta con los residuos nucleares de sus plantas en funcionamiento.

30 años de lucha

Taiwán sólo tiene un centro de almacenamiento de dichos desechos en la isla de Lanyu, de 45 kilómetros cuadrados y cuya población nativa, los Tao, llevan tres décadas luchando contra la industria nuclear y sufriendo casos de contaminación radiactiva.

El cementerio nuclear de Lanyu llegó a su límite de capacidad en los años ‘90 y desde entonces las centrales taiwanesas mantienen sus desechos almacenados dentro de sus propias instalaciones, incrementando considerablemente el riesgo de que cualquier accidente se convierta en un desastre de grandes proporciones. El presidente del país, Ma Ying-jou, del partido pronuclear Kuomingtan, ha rechazado la posibilidad de detener el avance del proyecto escudado en que sería inconstitucional ordenarlo desde el Ejecutivo, al suponer un conflicto de atribuciones con el poder legislativo. Cuando el principal partido de la oposición, el Partido Progresista Democrático, se hizo con el poder en el año 2000, ordenó la paralización de la construcción, de Longmen. Sin embargo una sentencia judicial revocó esa orden del Ejecutivo y las obras se reanudaron cuatro meses después.

En declaraciones recientes, el presidente Ma ha garantizado que una vez la central reciba el visto bueno del Consejo de Energía Nuclear taiwanés, convocará un referéndum planteando la cancelación de su puesta en marcha. Sin embargo la oposición y la coalición ciudadana antinuclear advierten que esta propuesta es un caramelo envenenado. La Constitución taiwanesa exige que para que un referéndum tenga validez debe participar el 50% del electorado. Ninguno de los seis planteados hasta la fecha ha logrado suficiente asistencia de votantes para alcanzar este requisito, debido sobre todo a la alta abstención en las zonas rurales.