Imaginen un índice que permite
apreciar en diferentes consultas la
evolución social de un país. Algo así
es el Barómetro Social de España,
que reúne la evolución de 11 grandes
campos como la renta, el género,
el medio ambiente o la política internacional
entre 1994 y 2006. Y la
imagen que devuelve esta obra resulta
tan poco favorecedora como la
de cualquier espejo enfrentado a una
mirada demasiado narcisista. En
este caso, la del “España va bien”
asociada a la etapa ya cerrada de expansión
económica.

Miguel Ángel de Prada pertenece
al colectivo IOE, el grupo de investigación
social que ha elaborado
el índice a partir de 180 indicadores
extraídos de las estadísticas oficiales.
“Queremos contribuir a retomar
la cuestión social en España”,
afirmaba de modo rotundo en la
presentación del tomo y de la página
web, barometrosocial.es. Se trata
de un tipo de enfoque sepultado
por datos más presentes en el discurso
político y económico, como
que el producto interior bruto del
Estado español aumentó un 62% en
los 12 años estudiados.
Ante esta avalancha, la obra se
plantea como una herramienta para
el combate ideológico. Lo resalta
Walter Actis, otro de sus autores. “Se
trata” –cuenta– “de polemizar con el
discurso dominante, en el mismo terreno
y con las mismas armas”, en
referencia al caudal impresionante
de datos que integran este diagnóstico
de la situación social española. El
de una sociedad que se ha hecho
más desigual al tiempo que aumentaba
su riqueza.

Pasen y vean

¿Hay realmente para tanto? En el
área de empleo, la mayor credencial
del Estado español ante sus socios
europeos en los años del
boom, “una élite de millón y medio
de personas asalariadas contaba
[en 2006] con unos ingresos mensuales
medios de 5.000 euros,
mientras que seis millones percibían
un promedio inferior a los 300
euros”. Han leído bien: menos de
300 euros al mes. El dato no hace
sino confirmar lo avanzado por los
informes de la Agencia Tributaria:
la explosión del empleo se ha centrado
en los puestos peor remunerados,
con jornadas a tiempo parcial
y contratos temporales que se
han cebado con la inmigración, las
mujeres y la juventud.

En la misma línea van los datos
sobre renta –la desigualdad entre
los hogares más ricos y los más
pobres aumentó un 37% sólo entre
2002 y 2005–, salud –estamos
entre los países europeos que más
ha privatizado su sistema sanitario
desde 1990–, educación -los
terceros con más peso de la privada
no universitaria, y con un aumento
continuado del abandono
escolar desde 1999. En los mejores
casos, como la desigualdad de
género, las mujeres consiguen
más acceso a la formación y al empleo
pero se ensancha la brecha
salarial en su perjuicio.

A estos índices se suman otros
menos frecuentes, como la política
internacional o el medio ambiente.
El balance también resulta negativo:
la ayuda oficial al desarrollo
avanza muy por debajo del PIB y
representa cinco veces menos que
lo ingresado por la devolución de la
deuda de los países empobrecidos.
Al mismo tiempo, la diferencia con
el tope de emisiones de CO2 establecido
en Kioto ha aumentado cada
año. El capítulo de seguridad
ciudadana, uno de los favoritos en
los medios, destaca que el descenso
de la criminalidad ha coincidido
con un aumento de las reclusiones,
que ya superan las 65.000.

De momento, la repercusión del
libro, coeditado por el Centro de
Investigación para la Paz y la editorial
Traficantes de Sueños, está siendo
alta. Incluso una de las primeras
peticiones de una copia, relata a DIAGONAL
Walter Actis, vino de la
Moncloa. Pero el destinatario natural
de la obra, como precisan los autores,
son los movimientos sociales.
Éstos llevan muchos años tirando del
patrimonio de publicaciones como
los informes Foessa o el informe
Petras, referencias de la crítica social
en el Estado español hasta muy
avanzados los ‘90. ”Un grupo que esté
trabajando temas de salud sólo tiene
que acudir a la web, ver los indicadores
y su evolución sin tener que
meterse a hacer una investigación”,
explica Actis. En la web se irán actualizando
los contenidos anualmente,
algo todavía más necesario dado
que la crisis ya está afectando a variables
importantes como el empleo
o las cuentas públicas.