La situación en Darfur parece haber
tomado un nuevo rumbo tras
la decisión del Gobierno sudanés
de aceptar el despliegue de una
fuerza de la ONU que actuará de
forma conjunta con las tropas de la
Unión Africana actualmente sobre
el terreno. El objetivo es alcanzar
una cifra cercana a los 20.000 cascos
azules bajo mando de la ONU
que se sumen a los 7.000 soldados
de la Unión Africana que están situados
en el país.

El Gobierno de Sudán se había
opuesto reiteradamente a la presencia
en su territorio de militares ajenos
a la Unión Africana, al considerar
que ello supondría una violación
de su soberanía. El aparente cambio
de actitud podría ser el resultado de
la creciente presión internacional,
con la amenaza de endurecer las sanciones
al régimen de Jartum si éste
continuaba obstaculizando el plan
de pacificación de la ONU. A finales
de mayo, EE UU estableció sanciones
comerciales para varias empresas
vinculadas al Gobierno sudanés.
Inmediatamente después, organizaciones
internacionales de derechos
humanos invitaron a la UE a sumarse
a una iniciativa multilateral en esa
misma dirección.

Los orígenes

El conflicto de Darfur se remonta al
año 2003, cuando movimientos rebeldes
de esta región se levantaron
contra el régimen de Jartum por la
marginación permanente a la que la
zona venía siendo sometida. A partir
de ese momento, el Gobierno sudanés,
a través de las milicias árabes
Yanyauid, emprendió una brutal
represión contra los insurgentes
y la población civil de su misma procedencia
étnica. Los llamamientos a
la intervención ante una situación
que algunos observadores han calificado
de genocidio se han enfrentado
con el bloqueo generado por los
intereses estratégicos de las grandes
potencias en el área. Hasta la fecha,
se estima que el conflicto ha
provocado al menos 200.000 víctimas
mortales, además de originar el
desplazamiento de cerca de dos millones
de personas.