DENUNCIAN PRECARIEDAD Y PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS
Subcontratación y recortes en la intervención social

Cuando aumenta el desempleo y el riesgo de exclusión social se extiende a colectivos que no se habían visto antes en esta situación, se multiplican los recortes en el sector de la acción e intervención social.

, Madrid
19/03/09 · 11:20
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LOS MÁS PERJUDICADOS. Expertos del Servicio de Mediación Intercultural temen que se produzca un cambio hacia un enfoque.

El 5 de marzo llegó un nuevo toque
de atención de la Comisión Europea
en temas sociales. El informe anual
sobre protección social e inclusión
social europea sitúa en el 20% el
porcentaje de la población del
Estado español en riesgo de pobreza.
En el texto se señalan como grupos
más vulnerables a ancianos, inmigrantes
y jóvenes, al tiempo que
se insiste en la necesidad de promover
su inclusión social. También
precisa la alta incidencia de la transmisión
intergeneracional de la pobreza,
los bajos niveles de gasto social
y la escasa contribución de las
transferencias del Estado a la reducción
de la desigualdad.

Las soluciones a estos problemas
tienen en común, entre otros
aspectos, que en las políticas públicas
y programas que la propia
Comisión insta a implantar o mejorar,
participan o deben participar
un tipo concreto de profesionales:
las trabajadoras del sector de la acción
e intervención social. Pero lejos
de ser el sector de las oportunidades
laborales, éste se encuentra
en un proceso de precarización
progresiva que está acelerándose
vertiginosamente. Cada vez menos,
las administraciones con responsabilidades
en servicios sociales
prestan éstos de forma directa.

Los cambios en el modelo de subcontratación
están transformando
la externalización en mercantilización
y los convenios colectivos sectoriales
son prácticamente inexistentes.
Se reduce además la concepción
multidisciplinar de la educación,
la salud y la atención a la
dependencia.

El informe de la Comisión
Europea se elaboró con datos referidos
a 2007. Hoy día, con la nueva
coyuntura económica, situaciones
estructurales están quedando al
descubierto, como es el caso de los
ayuntamientos que prestaban servicios
sociales mediante la gestión
directa, con cargo a eventuales subvenciones
ahora suprimidas. Sin
superar los problemas de fracaso
escolar, por ejemplo, el Principado
de Asturias ha reducido 700 plazas
en educación secundaria y 150 en
primaria e infantil, mientras los docentes
de garantía social no aparecen
en la propuesta, según informa
CC OO. Los programas de garantía
social intentan paliar los efectos del
fracaso escolar e integrar a las personas,
en muchos casos migrantes,
de cara al mundo laboral. Los educadores
están siendo despedidos.

La transmisión intergeneracional
de la pobreza está garantizada.
Servicios con ánimo de lucro
En su carta abierta de despedida tras
el cierre por parte del Ayuntamiento
de Madrid del Servicio de Mediación
Intercultural, Carlos Gimeno y Fadhila
Mammar, expertos en el campo
de las migraciones y la interculturalidad,
señalan su preocupación por
que se produzca un cambio cualitativo
en las políticas sociales hacia el
asimilacionismo, sin una concepción
crítica ni preventiva, sino asistencial.
Esto conlleva riesgos de clientelismo
político. La pauta se repite: servicios
de atención a la mujer históricamente
externalizados en organizaciones
feministas sin fines de lucro pasan a
manos de grandes empresas de servicios
que llegan al sector desde las
actividades más diversas.

La falta de transparencia en el lado
empresarial está poniendo las cosas
difíciles. Algunas patronales, como
la Asociación de Empresas de
Servicios de Atención a la Persona
–entidad que afirma agrupar a más
de 1.000 empresas con más de 87.000
trabajadoras–, se sentaron a negociar
y llegaron a firmar un convenio
estatal en verano de 2007 (ver DIAGONAL
nº 59), pero otras, no dispuestas
a aceptar las condiciones recogidas
en el mismo, llevaron la
cuestión ante la Audiencia Nacional.
La historia se repite en otras comunidades
autónomas.

El pasado 14 de enero, el sector
paró en Bizkaia, donde ocupa a alrededor
de 3.000 personas. La huelga,
con un seguimiento de cerca del
50%, estuvo acompañada por una
manifestación en Bilbao. Con mayor
éxito se repitieron los paros el
día 28 del mismo mes. Bizkaia es
uno de los pocos territorios que
cuenta con convenio colectivo sectorial,
que ahora debe ser renegociado.
En Castilla y León, el
Colectivo Anfibio llama a las movilizaciones
tanto de profesionales
como de estudiantes de educación
social. Reclaman también una mayor
presencia en el ámbito educativo.
La Comunidad de Madrid vivió
en su momento jornadas de huelga
y también ha visto declarado extraestatutario
su convenio colectivo,
es decir, sin alcance general,
privado de la fuerza vinculante que
debe caracterizarle.

Aún en esta coyuntura, las declaraciones
recogidas por este periódico
centran su atención en la eficacia
de los servicios: “No se consigue
que un recurso funcione ni en
un día ni en un año, necesita su
tiempo de hacerse, requiere cambios
y adaptaciones...”, relata Almudena,
educadora con gran experiencia.

“En la intervención social
se dan procesos necesariamente
largos, de siembra, espera, escucha,
relación... Irónicamente, quienes
estamos en ello trabajamos en
condiciones muchas veces precarias
que van desde no saber si el
proyecto continuará por depender
de una subvención o una decisión
política ajena a la realidad, unos
horarios muy extensos, hasta una
disponibilidad extraordinaria, sin
hablar ya de los sueldos”, y concluye
expresando un sentimiento bastante
extendido: “Todo ello muestra
un escaso cuidado hacia las personas
que trabajamos en esto”.

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