Las cifras de la Ley de Dependencia
Sosteniendo el cuidado para el mercado

Con la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, cuya aprobación definitiva puede llevar un año, el Gobierno pretende construir el “cuarto pilar del Estado del Bienestar”, según han repetido Zapatero y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Las dudas sobre la financiación de la Ley, que puede alcanzar un 1% del PIB, no son las únicas que rodean al proyecto. Los estudios sobre el trabajo de cuidados que realizan las mujeres muestran un
creciente peso económico y social que puede ser ‘vampirizado’ por intereses empresariales, sin resolver la cuestión de la división sexual del trabajo.

06/05/06 · 14:30
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DEPENDENCIAS. El 83% de las mujeres con personas a su cargo no realiza ninguna actividad laboral.

Según el Programa de Desarrollo
de Naciones Unidas (PNUD), ellas
hacen el 76% de trabajo productivo
en los países pobres, el 66% en
los ricos, y el 34% de trabajo remunerado
en ambas áreas. Las
mujeres mueven el mundo asumiendo
tareas irreconciliables e
insostenibles y cargan con los peores
costes hasta que éste gire en
otra dirección.

MERCADO ÉL, CUIDADOS ELLA

La economía de mercado capitalista,
centrada en producir bienes
y servicios, consolidó la división
sexual del trabajo como desigualdad.
Para el mercado, el hombre
‘ganador de pan’ (breadwinner),
disponible durante ocho horas diarias,
cinco días a la semana y 30
años de vida sin responsabilidades
domésticas ni familiares, a cambio
de un sueldo; para el cuidado, la
mujer, dedicada de por vida al trabajo
doméstico y familiar y representada
en el ámbito público por
padres o maridos. Según la socióloga
Teresa Torns, los sindicatos
desplazaron a las mujeres de la fábrica
al hogar y el salario marcó la
frontera entre trabajo productivo
(visible, pagado y con garantías de
derecho) y reproductivo (invisible,
sin sueldo ni derechos y desvalorizado
socialmente). Aunque las necesidades
coyunturales y el acceso
a derechos civiles y políticos posibilitaron
la entrada gradual de la
mujer en el mercado laboral, la
desigualdad sigue rigiendo un sistema
que las considera mano de
obra de reserva o secundaria y que
necesita de la inactividad femenina
para que éste funcione.

DESIGUALES Y PRESCINDIBLES

Las mujeres duplican el paro
masculino (en el Estado, 11,19%
de paro femenino frente al 6,49%
masculino en el tercer trimestre
de 2005). En el trabajo, sufren
discriminación salarial directa
(cobran menos salario) e indirecta
(los complementos salariales
por antigüedad, peligrosidad o
penosidad se reservan a ocupaciones
tradicionalmente masculinas).
También, segregación
horizontal (se concentran en sectores
y trabajos infrarremunerados
por ser tradicionalmente femeninos:
servicios, enseñanza,
limpieza) y vertical (topan con el
llamado ‘techo de vidrio’ al no
ascender a puestos directivos por
la cultura empresarial jerárquica
y masculina, y el ‘suelo pegajoso’,
ya que se las aboca a ramas y
empleos peor pagados, contratos
temporales y a tiempo parcial,
precariedad laboral y más probabilidades
de despido). El contrato
a tiempo parcial, introducido en
la reforma laboral del año ‘94, se
promocionó como una ventaja
para alternar trabajo y responsabilidades
familiares.

LAS ACTIVAS INVISIBLES

Según la Encuesta de Población Activa
(EPA) de 2004, de los más de 18
millones de mujeres mayores de 16
años, diez millones eran consideradas
inactivas. La economista Cristina
Carrasco propone una EPA alternativa
que incluya a las ‘activas domésticas’,
es decir, todas las mujeres
(paradas, ocupadas, estudiantes,
pensionistas) que realizan dichas tareas.
Desde los años ‘70, propuestas
como los presupuestos de uso del
tiempo buscan visibilizar y contabilizar
la contribución del trabajo doméstico
y de cuidados a la economía
global. En la Cumbre Mundial de la
Mujer de 1995 celebrada en Pekín,
se acordó incluir el trabajo no asalariado
en las contabilidades nacionales
mediante cuentas satélite: en el
Estado, los acuerdos de Pekín posibilitaron
que el Congreso aprobara
la medición cuantitativa y valoración
del trabajo no remunerado, siguiendo
los pasos de los gobiernos autonómicos
vasco y catalán. En 2001, el
Institut Català de la Dona calculó
que el Producto Interior Bruto catalán
aumentaría un 66% si incorporara
el trabajo doméstico, cuyo impacto
estimado alcanzaba los 12,77 billones
de pesetas y que, en caso de
pagarse, costaría más de 18 mil euros
al año por persona.

DOBLE PRESENCIA

Según un estudio del Instituto de la
Mujer publicado en mayo, las mujeres
ocupadas dedican un 111% más
de tiempo que los hombres a las tareas
domésticas; un 56% más al cuidado
y atención a menores; un 81%
más en la atención de mayores dependientes
y un 55% de ellas tiene
graves dificultades para conciliar su
vida familiar y laboral. Siguen siendo
madres y abuelas quienes acompañan
al médico a hijos y familiares,
asisten a reuniones de colegio y les
cuidan en caso de enfermedad.

JUGARSE LA SALUD CUIDANDO

Según el Libro Blanco de la Dependencia,
el 83% de las cuidadoras
de personas dependientes son mujeres
con una edad media de 52 años
y las tres cuartas partes no desarrollan
actividad laboral alguna. Este
trabajo comporta un deterioro de su
salud. Según Carme Valls, directora
del Centre d’Anàlisis i Programes
Sanitaris (CAPS) e investigadora en
salud desde la perspectiva de género,
las mujeres segregan más adrenalina,
cortisol y noradrenalina en
el ámbito doméstico que en el laboral
por su sobrecarga física, mental
y emocional. El estrés es la primera
causa de problemas esqueléticos y
musculares como la contractura de
trapecio y la simultaneización de
trabajos supone un riesgo cardiovascular
que la profesión médica no
contempla. De hecho, el infarto es la
primera causa de mortalidad entre
las mujeres en el Estado español.
Según Valls, “la ausencia de corresponsabilidad
doméstica y apoyo
social es un factor de riesgo
que no se está atendiendo con la
urgencia necesaria”.


DE LA ECONOMÍA INFORMAL A LA INICIATIVA EMPRESARIAL

DECIO MACHADO

El Anteproyecto de Ley de Autonomía
Personal y Dependencia,
aprobado en el Consejo de Ministros
del 23 de diciembre, llevará
un trámite legislativo de casi un
año, por lo que se espera que
para finales del 2006 esté aprobado
definitivamente. Según el
ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, esta ley
pretende ser el cuarto pilar del
Estado de Bienestar, junto a las
pensiones, la sanidad y la educación.
“Será una ley muy cara, y
habrá una campaña amplia de
explicación del texto; agradezco a
los agentes sociales su responsabilidad”,
añadió el ministro, en
referencia al acuerdo alcanzado
con los llamados agentes sociales
en una Mesa de Diálogo.
Desde fuentes cercanas al PSOE,
se fija el coste de la aplicación
de este texto legislativo en el 1%
del PIB estatal, no quedando
claro todavía cuáles serán las
fuentes la financiación.
“Esta Ley -prosiguió Caldera-
tiene una gran importancia
social, política, incluso simbólica,
de incremento del modelo
de protección social, y regula
un nuevo derecho, el de recibir
atención cuando no se tiene
autonomía”.

El envejecimiento de la población
hace que la iniciativa privada se
frote las manos.
Estudios oficiales prevén un crecimiento
continuado hasta 2050,
fecha en que la población estimada
superará los 53 millones
de habitantes. A pesar de esto,
los estudios analizados indican
que el envejecimiento de la
población continuará su avance
sin que la inmigración ni las
tasas de fertilidad puedan frenarlo.
En este sentido, un informe
elaborado por el Banco de España
estima que la tasa de dependencia
se habrá duplicado de
2005 a 2050, pasando de un
25% a un 56% en ese período.
En el II Foro de Envejecimiento y
Salud, organizado por la Fundación
Pfizer y la Fundación Sanitas,
desarrollado en Madrid en
julio del año pasado, se debatió
la iniciativa de Ley que el Gobierno
comienza a poner ahora en
marcha. Los expertos de envejecimiento
asistentes a la jornada
destacaron que la iniciativa privada
será un elemento clave en la
protección social de la población
dependiente. La falta de recursos
impide que estas personas puedan
recibir la atención de un cuidador
profesional.

Según Pilar González de Frutos,
presidenta de la Unión Española
de Entidades Aseguradores y
Reaseguradoras (UNESPA), “la
falta de recursos para garantizar
cuidados formales a todas las
personas que los precisen hace
necesaria la contribución de la
iniciativa privada” y, prosigue,
“en el caso de las aseguradoras,
su labor puede aportar soluciones
a los problemas derivados
de la falta de autonomía en los
mayores a través del seguro de
dependencia”.

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