La sentencia de ilegalización preventiva de Sortu por parte del Tribunal Supremo ha suscitado las reacciones más diversas. Entre todas ellas, me llama la atención especialmente la de los portavoces del Partido Socialista. El nuevo “mantra” mediático que asegura respetar la decisión judicial sin entrar a valorarla. Para añadir a continuación, que España es un estado de derecho, una democracia homologada con separación de poderes.

Sin embargo, aun suponiendo que la justicia sea independiente -que ya es mucho suponer- el mero hecho de la separación de poderes no implica necesariamente ni el estado de derecho, ni mucho menos la democracia.

Un estado garantista -además de mantener la separación de poderes- debe también respetar los derechos humanos, civiles y políticos de sus ciudadanos; incluido el derecho a participar en elecciones libres; y debe respetar el derecho a la disidencia, siempre que se actúe de forma pacífica y democrática.

Sortu ha manifestado -y reiterado- que está dispuesto a cumplir esa condición, luego debería poder participar del juego político en condiciones normales. Así lo entiende la inmensa mayoría de la sociedad vasca, que considera además el paso de Sortu como una contribución decisiva a la pacificación. Otra cosa es que la impopularidad de la medida entre el electorado español suponga un coste político a quien apoye la legalidad del nuevo partido. ¿Puede ser éste un argumento para impedir la participación electoral de una formación que acata las normas democráticas? Sólo podría entenderse así en un estado que de ninguna manera debería ser catalogado como democrático.

Un estado democrático -en cambio- debería impulsar la resolución dialogada de los conflictos, tanto al interior como al exterior del territorio. En ese sentido, parece evidente que el conflicto vasco lleva demasiado tiempo provocando dolor y sufrimiento, como para desaprovechar una oportunidad como la que se presenta en estos momentos por meros cálculos electorales.

La postura de los dos grandes partidos estatales es contraria a la paz. Hay que decirlo alto y claro. Da la impresión de que prefieren un alargamiento del conflicto violento -tratando de mantenerlo en un perfil de baja intensidad- a permitir cualquier resquicio legal a la izquierda independentista con posibilidades de éxito electoral. Especialmente incomprensible es la postura del PSOE, que una vez más -al igual que en el caso de la contrarreforma social- parece cómodo en su papel de rehén de la derecha ultramontana.

Nadie mínimamente informado -y no tengo dudas de que el gobierno lo está- pone en duda la veracidad del paso dado por la Izquierda Abertzale. El argumento de que no ha habido escisión en ETA para mantener la hipótesis del “engaño” es el colmo del cinismo, y abona la idea de que no se quiere acabar con el conflicto violento, pues da la impresión de que se preferiría esa escisión, con lo que supondría de alargamiento del sufrimiento.

En el fondo, de lo que se trata es de un conflicto de legitimidades sobre cuál es el sujeto de decisión soberana en Euskalherria. Este conflicto se produce en el ámbito de la política institucional, como vimos con el frustrado referéndum de Ibarretxe sobre el derecho a decidir; en el sindical, con la reivindicación del marco vasco de relaciones laborales que próximamente se trasladará a las calles de Madrid, en el económico, con la puesta en cuestión de la fiscalidad propia… y ahora con esta decisión contraria a la opinión de la mayoría de la sociedad vasca, que a fin de cuentas es a la que le afecta la medida.

Un estado democrático debería establecer fórmulas para resolver ese conflicto a través de la búsqueda del acuerdo entre diferentes, y no por la imposición a partir de leyes excepcionales. Es lo que han hecho estados como Canadá en Québec; o El Reino Unido en Irlanda del norte. Pretender mantener el estado de excepción en un marco de ausencia de violencia no ayuda a la consecución de la paz y es propio de una dictadura bananera.