La población de la Cañada Real Galiana sigue pendiente de la agenda política de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Asuntos Sociales prometió que en septiembre estaría listo el acuerdo marco con el que se encontraría una solución urbanística para la zona a partir de las propuestas presentadas por organizaciones, asociaciones de vecinos y colectivos que trabajan en esta lengua de tierra que cruza el sureste de Madrid. El objetivo: “normalizar” la situación de los habitantes de las miles de viviendas construidas a lo largo de los 16 kilómetros que conforman esta antigua vía pecuaria, hoy barrio transmunicipal que atraviesa Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada. Antes de que, en marzo de 2013 según lo establecido por Ley, la Comunidad de Madrid pueda disponer de, enajenar, ceder, permutar o vender los terrenos tanto a los Ayuntamientos como a “terceros”.

Seis meses de aparente calma acompañaron las reuniones técnicas de evaluación de los planes presentados. Un silencio durante el cual ninguna vivienda fue derribada, al contrario de lo que pasa desde 2007, cuando los derribos y desalojos llevados a cabo por la Comunidad mostraron la situación de precariedad habitacional en la zona. Al acercarse la fecha establecida para trazar las líneas guía del Acuerdo que de los citados planes habría tenido que recoger los aspectos mejores, volvió el ruido de las grúas.

“La Policía y Julio César”, el técnico de la comunidad conocido y temido en Cañada por su labor de ‘derribador’, “derribaron 14 casas sin ningún tipo de autorización judicial”, según el testimonio de Susana Camacho, de Secretariado Gitano. “El resultado es que sólo derribaron dos de 14 más 15 casas no habitadas, y, de las dos que derribaron, una de ellas va a presentar una denuncia por ‘vulneración de derechos fundamentales’”, explica Camacho. Casos como éste, junto a las amenazas de la policía como las registradas el pasado 26 de septiembre –“hoy no os derribamos, pero volveremos en diez o quince días”, cuentan los vecinos de Cañada– desvanecen las esperanzas de la población sobre la verdadera voluntad del Gobierno autonómico de encontrar una solución sostenible a la situación.

Criterios de habitabilidad

“Los límites de la Cañada son difusos. ¿A qué parcelas afecta la prescripción de la vía pecuaria?”. Es una de las muchas preguntas que plantea Muna, de Aldea Social, uno de los colectivos que ha podido presentar su plan a la Comunidad de Madrid. Y es una de las cuestiones poco claras en torno a las cuales se esbozan los criterios de habitabilidad exigidos de cara a una posible rehabilitación de las viviendas de la Cañada. ¿Qué construcciones no serán derribadas? ¿Qué encuadre normativo permitirá realojos, compra o cesión de terrenos según este criterio aún desconocido?

La Comunidad todavía no tiene una respuesta más allá de un vago “una chabola no se puede legalizar urbanísticamente” del consejero Salvador Victoria.

La presencia (que no es mayoritaria) de chabolas no representa, sin embargo, la única cuestión sin resolver. En varios predios se realizaron obras de infraestructuras que pueden ser perjudiciales a la hora de hacer las inspecciones sobre habitabilidad. “Cruzando la Cañada hay varias construcciones o acondicionamientos, como tren o metro, perjudiciales para los vecinos que allí viven, pero aun así se han construido sin consentimiento”, añade Muna, de Aldea Social.

Propiedad y titularidad

“Aquí, donde tenéis los pies, estamos en Madrid. Pero si cruzas la calle estás en Rivas Vaciamadrid”, explica Susana, de Secretariado Gitano, mientras cruza la calle en el Sector 4 de la Cañada Real. Su indicación es quizás una de las formas más claras de visibilizar uno de los problemas que recorren los más de 15 kilómetros de la Cañada: ¿de quién es el terreno?

Desde la entrada en vigor de la Ley de Cañada, en 2009, éste se ha convertido en bien patrimonial de la Comunidad de Madrid: un bien público, pero no de dominio público. Sin embargo, cada ayuntamiento administra la parte de esta lengua de tierra que lo atraviesa, algo que explica las diferencias en los derribos. Mohammed vive en Cañada desde hace dos años. Desde el techo de su casa observa, en una tarde de finales de septiembre, las nuevas urbanizaciones de Rivas, pero no sabe hasta cuándo podrá seguir viéndolas: “Compré esta casa por 10.000 o 20.000 euros. Pero venía acompañada de una orden de derribo, algo que el vendedor -que, según cuenta, ahora vive en Bélgica- no me dijo al firmar el contrato”. Ahora tiene una orden de derribo de su vivienda de la que no conocía la existencia. Pero su voluntad, asegura, es seguir viviendo en la Cañada: comprará otro trozo de terreno ya construido y esperará la evolución de la situación. Una situación a la que se ha llegado gracias a años de “tolerancia y pasividad” de las administraciones, señalan desde el Colectivo Aldea Social. Un ejemplo para demostrarlo: los impuestos. Centenares de habitantes de la Cañada Real pagaron el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta el año 2011, reconociendo así la Administración la condición de suelo urbano al terreno de Cañada. El mismo suelo donde el pretexto para derribar casas era el hecho de que no fuera urbanizable.

Ante esta situación, todos los planes presentados a la Administración dejan en evidencia las diferentes condiciones de los habitantes de Cañada a la hora de elegir una gestión del suelo: “La decisión de comprar el terreno suele depender del nivel socioeconómico de los habitantes”, explican desde Aldea Social. Por ello, así como las asociaciones Al-Shorok y Todo por la Praxis, plantean que la posibilidad de una “regularización de la situación legal de las viviendas es mediante el derecho de superficie”. Se trata de una “modalidad de propiedad pública”, en palabras de Diego Peris, arquitecto y miembro de Todo por la Praxis, “ a la que los vecinos puedan llegar en el marco legal de la Ley del suelo, que coexiste con la propiedad privada de la construcción por sus actuales ocupantes”, detalla la asociación en su plan. “Ello abriría Cañada a la titularidad del suelo que llevan ocupando varias décadas” y que, añade esta asociación en su Plan, “tuvieron que pagar, paradójicamente, en el mercado interno que surgió en el proceso de colonización de la Cañada”. Algo que puede llevar a la precariedad que vecinos como Mohammed viven en su propia piel.