Ante una opinión pública europea
crecientemente contraria a los
transgénicos, el Gobierno español
reafirma su postura permisiva con
este tipo de cultivos.

Los grupos antitransgénicos
hicieron público a final de 2008
que los representantes españoles
en la Unión Europea intentaron
bloquear una iniciativa para investigar
los impactos socioeconómicos
que producen dichos
cultivos.

Documentos filtrados de la Comisión
Europea demuestran que
“el único país europeo que cultiva
transgénicos a gran escala no
quiere que se evalúen sus impactos”,
según denunciaron Amigos
de la Tierra, Greenpeace y la
Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos
(COAG).

La Unión Europea, a iniciativa
de la Presidencia francesa, está revisando
el proceso para evaluar
los riesgos de la introducción de
cultivos y alimentos transgénicos.
En el seno de estas discusiones, el
Gobierno español intentó bloquear
la evaluación de los riesgos
socioeconómicos.

Finalmente, los representantes
españoles no consiguieron frenar
la iniciativa. De hecho, el
Gobierno tuvo que aceptar la investigación,
además de un paquete
de medidas aprobadas por el
Consejo europeo “en las que se
enfatiza la necesidad de mejorar
las investigaciones y los estudios
sobre los peligros para el medio
ambiente del cultivo o el uso de
los OMG con la participación de
científicos independientes”, según
informaron las organizaciones
antitransgénicos a finales de
diciembre.

No más autorizaciones

La COAG, Greenpeace, Amigos de
la Tierra, Ecologistas en Acción y
Plataforma Rural, celebraron esta
decisión en un comunicado de
prensa en el que “exigen a las autoridades
comunitarias que se
suspendan todas las autorizaciones
de nuevos transgénicos en
Europa hasta que la Comisión europea
y la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA, en
sus siglas en inglés) no apliquen
correctamente estas nuevas medidas”.
De los 27 Estados miembro
de la Unión, el español es el único
que produce cultivos transgénicos
de forma masiva. De hecho, menos
del 2% de la superficie total
del maíz cultivado en la UE está
modificado genéticamente, y cinco
países han prohibido ya la producción
de este maíz, según datos
de la campaña por la defensa de
la biodiversidad y la soberanía alimentaria
Semillas de Identidad.
Francia, por ejemplo, que era el
país con un mayor aumento de superficie
cultivada con maíz transgénico
en 2007, prohibió su cultivo
en 2008.

Sin embargo, el Gobierno español,
en el que hay cargos políticos
vinculados a la industria de los
transgénicos, como comenta un
representante de Amigos de la
Tierra, presiona para que la UE no
profundice en los posibles inconvenientes
del cultivo de transgénicos.
Y la producción en el Estado
suma y sigue, con más de 80.000
hectáreas de maíz transgénico
que invade los campos de cultivo,
como denuncian las organizaciones
ecologistas.