Con la excepción del
movimiento de hogares
hipotecados, el 15M
muestra dificultades para
integrar en la protesta a
la población migrante. Aportamos una reflexión de un participante del movimiento en Madrid.
- Foto: Olmo Calvo
El 15M sufre de palidez pero no está
enfermo. Es apenas un problema de
pigmentación de su piel, que no ha
logrado subir de color en sus siete
meses de vida. La ausencia de personas
migrantes en esta construcción
colectiva es una de las cuentas
pendientes del movimiento. ¿Cómo
hacerse más inclusivo?
No es fácil el desafío, ni siquiera
se debe pensar que existe una única
receta o que la solución se encontrará
de la noche a la mañana. Es difícil
romper con dinámicas sociales
que tienden cuando no a discriminar,
a ser meramente asistenciales
con esa “otra” persona llegada de
afuera, un sujeto social que aún se
configura en el imaginario colectivo
como uno de los enemigos (y culpables)
en este contexto de crisis.
Guerra de pobres contra pobres,
vieja estrategia del sistema.
No se puede olvidar que el proceso
migratorio hacia España es relativamente
nuevo. Un país históricamente
expulsor de personas, en las
últimas dos décadas ha visto invertida
esa tendencia, y esto representa,
ante todo, que la constitución migrante
como sujeto político recién
se está viendo aparecer en una segunda
generación, en esa masa adolescente
llegada desde temprana
edad o nacida aquí pero que preserva
una fuerte identidad con el país
de origen de sus progenitores y que,
por ejemplo, se ve asomar en los reclamos
por la educación pública.
Tampoco se debe soslayar que
hasta “ayer” nomás las personas migrantes
en el Estado español tenían
prohibido por Ley el derecho a manifestarse,
a votar, a reclamar, sindicarse
e incluso asociarse. Una serie
de vulneraciones aderezadas por la
creciente persecución policial en las
calles, con el fin último de infundir
el miedo.
Instalarlo, meterlo en la
piel de esas personas que han llegado
aquí y se les ha dicho durante
todo este tiempo que podían estar
porque se les necesitaba para esos
trabajos que las personas nativas no
querían hacer, pero que eso no les
daba mayores derechos. Y ojo con
portarse mal, que teníamos la autoridad
de echarles “a su puto país”.
La herramienta del miedo, que
en este caso se ejecuta también con
medidas como la denegación de
documentación por el mero hecho
de tener “informes gubernativos
desfavorables”, que no antecedentes
penales. Es decir que una simple
acusación (muchas veces infundada)
vale para medirles con la
vara de la culpabilidad.
Incluso el movimiento asociativo
migrante no se ha caracterizado por
promover una base crítica. La realidad,
salvo excepciones, es que
muchas asociaciones legitiman el
modelo imperante. Es lo que suelen
tener las subvenciones públicas, un
sistema muy bien fraguado para
conseguir un tejido asociativo generalmente
asistencial, donde primen
más los cargos a ocupar que la real
participación de las bases.
Difícil, entonces, reclamar a las
personas migrantes que se sientan
parte de las demandas contra un
sistema que amparado en la desidia
colectiva les ha mantenido excluidas
y ha cargado contras ellas
parte importante de las culpas. ¿Si
los derechos no les corresponden
porque se los negamos, por qué
van a sentir como propia la obligación
de defenderlos?
"¿Si
los derechos no les corresponden
porque se los negamos, por qué
van a sentir como propia la obligación
de defenderlos?"
Tampoco el 15M ha logrado quitarse
de encima los lastres de una
sociedad que encuentra en la migración
la excusa para sus frustraciones.
La idea de que vienen a quitarnos
el trabajo, que por ellas no hay
plazas para los chicos en las escuelas
y un rosario de mitos urbanos
muy bien montados, hacen mella en
un entramado social que solo tendrá
éxito si se hace más inclusivo.
El ejemplo de los desahucios
En este contexto parece válido como
camino de encuentro la lucha
contra los desahucios, una posibilidad
que cobra interés en la construcción
de esa pelea conjunta, codo
a codo, a través del surgimiento
de espacios mixtos de reflexión, en
los que todas las personas, migrantes
y nativas, puedan reconocerse
como sujetos capaces de trabajar
frente a un enemigo común.
Aunque paradójico, muchos hacen
frente a los desahucios independientemente
de la procedencia de la
familia afectada, pero –lamentablemente–
no se plantan con la misma
convicción ante una redada racista,
pese a que se siguen dando pequeños
(pero no por ello menos importantes)
episodios de resistencia ciudadana
contra las mismas.
No se trata de ser pesimistas, se
ha avanzado y mucho. De aquellas
primeras noches de mayo, cuando
se pregonaba “no comprar a las
mafias que vendían cerveza” o se
hablaba de “la mafia del top manta”,
se ha recorrido camino y nos
hemos encontrado en puntos de lucha
que bien vale la pena destacar
y acentuar: como la denuncia de
las redadas y los desahucios.
Hoy, hablar de los Centros de
Internamiento de Extranjeros
(CIE) o de las propias redadas policiales
es sembrar en un terreno
abonado de mayor conciencia social,
y eso es un mérito del 15M...
habrá que asimilar, entonces, que
los derechos son de todas las personas,
o quienes deciden seguirán
ampliando la brecha de exclusión.
Muchos migrantes desde hace un
tiempo no pueden acceder a la cobertura
sanitaria, pero a esta sociedad
no le importó. Ahora es el
turno de los parados de larga duración.
El 15M debe ampliarse a
todos los sectores, si no, nadie puede
predecir dónde frenará la tijera
de los recortes.
- El autor, Pablo Sáinz participa en la Asamblea Popular del barrio de Carabanchel (Madrid).
Más información:
- [Ver en Madrilonia->http://madrilonia.org/2011/12/sobre-la-palidez-del-15m]
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