El escuálido régimen de sanciones
que se aplica a las centrales en casos
de accidentes como el de Ascó I no
es disuasorio. Los beneficios que
Ascó I ha obtenido de vender electricidad
desde que se ha producido la
fuga (el 29 de noviembre de 2007)
compensan la multa que tendrá que
pagar, según el sistema de sanciones
actual, por haber ocultado y minimizado
el accidente.

La multa más elevada imputada
hasta ahora (1,6 millones) fue a
Vandellós II (gestionada por Iberdrola
y Endesa), por haber estado
funcionando cerca de siete meses
violando las normas premeditadamente,
en unas condiciones muy
graves de seguridad degradada durante
2005. Sin embargo, según el
cálculo de Greenpeace, el beneficio
que obtuvo la central fue de 750 millones
de euros. “Se puede producir
un accidente como el de Chernóbil y
sólo pagar las migajas de lo que se
produzca”, advierte Carlos Bravo, de
Greenpeace.

El grupo parlamentario Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Cataluña Verds presentó en septiembre
de 2005 una propuesta de reforma
del Consejo de Seguridad Nacional
(CSN) que pedía, entre otras
medidas, sancionar a las instalaciones
nucleares que funcionen en condiciones
de inseguridad con el doble
de su beneficio obtenido ilícitamente.
Pero a pesar del apoyo inicial del
PSOE, la reforma que se aprobó finalmente
no incluyó esta medida.

En el actual sistema eléctrico español
liberalizado, más bien ‘desregulado’,
las multinacionales eléctricas
españolas, que tienen el monopolio
de la gestión de las centrales
nucleares, tratan de reducir costes
para hacer su fuente de energía más
competitiva. Como han denunciado
varios grupos ecologistas y sindicales,
en estos recortes reside también
la degradación de los niveles de seguridad
nuclear. Según Ecologistas
en Acción de Cataluña, cuando Iberdrola
y Endesa fusionaron la gestión
de Ascó y Vandellós II en ANAV,
aplicaron un recorte de plantilla “de
cerca del 30%”. Y, según les han informado
fuentes internas de Ascó,
“en el departamento de control de
calidad se pasó de una plantilla de
entre 10 y 12 personas a una con sólo
dos o tres”. ¿Qué opinión merecen
los niveles de seguridad nuclear en
el Estado español hoy? Eduard Farré,
del Instituto de Investigaciones
Biomédicas de Barcelona, contesta:
“Para ser prudentes yo diría que
plantea dudas. Es posible que se estén
rebajando una serie de procedimientos
para ahorrar gastos, sobre
todo tratándose de instalaciones que
tienen muchos años y esto implica
una disminución de la seguridad”.

Mientras se recortan gastos en
seguridad nuclear, el Forum Atómico
y las industrias eléctricas invierten
ingentes cantidades de dinero
en publicitar las bondades de
la energía nuclear, por ejemplo
sufragando excursiones de colegios
a las instalaciones nucleares.
Pero el riesgo constante a la contaminación
radioactiva, inherente
a la tecnología nuclear y agravada
por la mala gestión de las centrales
y de la red de vigilancia, nos
vuelve a recordar la necesidad de
que el Gobierno cumpla el calendario
de cierre de los ocho reactores
nucleares existentes.