La aceptación de Palestina como Estado observador no miembro en las Naciones Unidas con 138 votos a favor, el 29 de noviembre, supone la posibilidad de denunciar en la Corte Penal Internacional de La Haya los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel.

En la UE, sólo la República Checa votó en contra de la propuesta palestina; el Estado español votó a favor, mientras que Reino Unido y Alemania optaron por la abstención. En el periódico israelí Haaretz se considera que este cambio de Alemania viene por “la intransigencia israelí de continuar constru­yendo asentamientos” y comentan que los oficiales de Asun­­tos Exte­rio­res israelíes estaban en estado de “shock” por la decisión de Berlín.

La mención del holocausto

El historiador israelí Ilan Pappe declaraba recientemente que “la manipulación siniestra y cínica que los israelíes han hecho de la memoria del holocausto para justificar sus políticas hacia los palestinos es un hecho conocido. Una discusión seria sobre Israel es acallada cuando se menta el holocausto”. Quizás la abstención de Alemania puede leerse como un pequeño giro en este sentido, según explica Pappe: “Estamos cambiando los términos del recuerdo del holocausto para rescatar su legado universal de que ningún otro ser humano debe ser sujeto a opresión de manera colectiva, a persecución, genocidio ni limpieza étnica, sean judíos o no, aunque no veamos a ningún político diciendo esto”. El Ejecutivo israelí ya ha tomado represalias por el nuevo estatus de Palestina autorizando 3.000 nuevas viviendas en la Jerusalén Este y en Cisjornania. Además, Netan­yahu ha acelerado el plan para unir Ma’ale Adumin, uno de los asen­tamientos más grandes de Cisjor­da­nia, con Jerusalén, según  publica Haaretz.

Por otro lado, como ha explicado en Al Jazeera Hamid Dabashi, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York: “Israel quiere de todo menos la paz, sólo le interesa mermar más a los palestinos y robarles sus tierras”, algo que demuestra la nueva masacre en Gaza, el bloqueo a la Franja así como la continuación de la construcción de asentamientos ilegales en Cisjordania.

El movimiento colono, que recibe amplio apoyo del partido derechista de Netanyahu, Likud, muestra abiertamente que rechaza cualquier solución. Danny Dayan, líder del consejo de asentamientos en Cisjordania, dejaba claro en un artículo para The New York Times que su prioridad es mantener el statu quo: “La comunidad internacional debe dejar de intentar la
solución de los dos Estados y dedicarse a mejorar y mantener la realidad en el terreno”.

En otras palabras, no tienen ningún interés en que termine la ocupación militar, sino en continuar expropiando tierras palestinas para montar más asentamientos. Mientras tanto, la población gazatí trata se sobreponerse a los ocho días de bombardeos que han dejado 162 palestinos asesinados, 105 de ellos civiles y 34 menores, y más de 900 heridos, más las personas que quedarán con secuelas
psicológicas.

Según estimaciones de Al Jazeera, se han destruido 8.000 casas, 200 edificios residenciales, 43 oficinas del Gobierno y tres mezquitas. Tras ocho días de bombardeos del Ejército israelí en Gaza y el lanzamiento de cohetes de grupos de resistencia armada palestina, la noche del 21 de noviembre se alcanzó un alto el fuego con la mediación del presidente egipcio Mohamed Mursi y el apoyo de EE UU. Esto supone, de momento, un freno a la invasión terrestre con la que amenazaba el Gobierno de Netanyahu, aunque ha advertido de que si fracasa lanzará una nueva ofensiva militar. Ese ataque vendría a satisfacer las demandas de un amplio sector de la sociedad israelí. Un sondeo realizado por el Canal 2 israelí muestra que el 70% de su población se oponía a la tregua.

Con el alto el fuego, Israel ha aceptado una serie de condiciones que, de implementarse, constitui­rían un cambio importante de sus políticas hacia Gaza. Acepta no participar en “incursiones ni ataques selectivos contra individuos”, y se compromete a reunirse para organizar “la apertura de los pasos fronterizos, facilitar el movimiento de personas y de bienes y abstenerse de restringir el libre movimiento de los residentes, así como de atacarlos en las fronteras”.

La puesta en práctica de estas políticas supondría el fin de los asesinatos selectivos en Gaza, práctica que Israel lleva a cabo impunemente desde hace años. Además supondría el alivio del bloqueo que Gaza lleva sufriendo desde 2007, fecha en la que Hamás tomó el poder en la Franja. Las facciones palestinas se comprometen a parar “todas las hostilidades contra Israel, incluido el lanzamiento de cohetes y los ataques en la frontera”.

Situación muy tensa

De momento el alto el fuego se ha mantenido, aunque la situación es tensa. Al día siguiente del acuerdo, en una manifestación, un civil palestino fue asesinado y otros 20 resultaron heridos por disparos de las autoridades israelíes cerca de la valla fronteriza. Cerca de Khan Yunis cientos de palestinos se manifestaron contra la situación de bloqueo.

Las organizaciones de derechos humanos llevan denunciando durante años el abuso de la fuerza por parte de Israel para reprimir las manifestaciones palestinas, que emplea con frecuencia munición real. En las últimas protestas que han tenido lugar en Cis­jordania en relación al bombardeo a Gaza, tres personas han sido asesinadas por soldados israelíes, y otras 160 fueron detenidas. Hay que recordar que según la ley militar que Israel aplica en los territorios ocupados, asistir a una manifestación o portar una bandera ya son delitos en sí mismos.

Tras el alto el fuego, se han producido, al menos, 83 nuevos arrestos de palestinos en Cisjordania, según la asociación de apoyo a presos Addameer. La mayor parte de los analistas coinciden en que Hamás ha salido fortalecido de este enfrentamiento, ha recibido muestras de apoyo de líderes de países árabes y musulmanes, y su popularidad entre los palestinos crece, mientras que parece que cae la de la Autoridad Nacional Palestina y de Mahmoud Abbas.