DERECHOS HUMANOS: EL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE ESPIÓ A ACTIVISTAS DEL ESTADO ESPAÑOL PARA TRATAR DE DESACREDITA
El servicio secreto de Colombia, “una empresa criminal” que traspasó fronteras

La Fiscalía de Colombia
ha revelado actuaciones
ilegales del servicio
secreto (DAS), durante
el Gobierno de Uribe, en
el que se investigó a
defensores de derechos
humanos colombianos y
de otros países.

- Uribe utilizó el DAS como policía política

- EEUU colaboró con Uribe

12/11/10 · 8:00
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PROTESTA. Varias organizaciones se concentraron contra la visita de Uribe en Madrid el 27 de octubre. Foto Edu León.

Durante el Gobierno de Álvaro Uribe
(2002-2006), el servicio de inteligencia
colombiano investigó a fiscales,
políticos, organizaciones de derechos
humanos, periodistas y ciudadanos
que se consideraban contrarios
a la política de Uribe. Se diseñó
un plan de “guerra política”, según
consta en un informe de la Fiscalía
de Colombia que ha investigado estos
hechos a través de miles de documentos
incautados en la sede del
servicio secreto, el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS)
,
en febrero de 2009.

El allanamiento de las oficinas del
servicio de inteligencia se produjo
tras varias denuncias y escándalos
que apuntaban posibles conexiones
entre Gobierno y paramilitares
. La
Fiscalía señala en su informe que no
sólo se actuó contra ciudadanos colombianos,
también se investigó a
personas de otros países, entre ellos
varios españoles, de organizaciones
de derechos humanos.

El citado documento dice que las
actividades ilegales del DAS se cometieron
entre 2004 y 2005. Pero, las
confesiones de varios acusados y la
documentación aparecida posteriormente
indican que estas prácticas se
produjeron durante todo el mandato
de Uribe. Además, dos ex altos cargos
del DAS
han declarado que el
presidente conocía su trabajo, les felicitó
y les instó a continuar.

En uno de los documentos del
DAS se dice que se pretendía “defender
la Democracia y la Nación y
crear condiciones sobre las consecuencias
de un sistema comunista”.
Los medios del DAS para combatir a
esos ‘enemigos’ eran
: “El desprestigio
a través de los medios de comunicación,
distribución de panfletos,
grafitis (…), libros, creación de páginas
web (…), el sabotaje a partir del
terrorismo explosivo (…), las amenazas
y el chantaje”.

Miles de documentos del DAS
En los miles de folios decomisados
figuran hasta 275 “blancos”, ciudadanos
con nombres y apellidos a investigar,
entre los cuales estaba el
actual vicepresidente de Colombia
,
Angelino Garzón, de quien se afirma
que tuvo contactos con la cúpula de
las FARC. El DAS dio órdenes a los
paramilitares para atentar contra algunos
de esos “blancos”, como fueron
los asesinatos de varios sindicalistas
y del profesor Alfredo Correa.

El trabajo del Grupo Especial de Inteligencia
3 (G-3), creado por el DAS,
no se limitó sólo a Colombia, sino
que fue “una empresa criminal” que
trascendió fronteras
, según afirmó el
magistrado Jaime Arrubla.
En el citado informe se establece
que el DAS bautizó un caso como
“Transmilenio”, cuyo objetivo general
era “neutralizar las acciones
desestabilizadoras de las ONG en
Colombia y en el mundo”, y específicamente
“el esclarecimiento de vínculos
con organizaciones narcoterroristas,
en busca de su judicialización”.

Para ello pusieron en marcha, entre
otras, la Operación Europa, cuyo
fin era paralizar “la influencia en el
sistema jurídico europeo
: Comisión
de DD HH del Parlamento Europeo,
la oficina del Alto Comisionado de la
ONU y gobiernos nacionales”, según
la Fiscalía. Incluso se nombró a un
agente para estas actividades, Germán
Villalba, subdirector de Fuentes
Humanas del DAS, actualmente detenido.
Los fiscales han detectado,
hasta ahora, nueve actuaciones delictivas
del DAS en el Estado español
o contra ciudadanos y ciudadanas
españolas en Colombia. A Villalba le
ordenaron el “cubrimiento” de los
eventos que realizó en Valencia, en
2004, la Coordinación Valenciana de
Solidaridad con Colombia
, una plataforma
de la que formaban parte
Amnistía Internacional, la Comisión
de Ayuda al Refugiado, Colectivo Sur
Cacarica, CEPS, Ospaaal y SodePau-
PV, entre otras. A la organización
Red de Hermandad y Solidaridad
con Colombia, una coordinación de
organizaciones europeas, le interceptaron
numerosos correos electrónicos
enviados a asociaciones colombianas
e investigaron a sus activistas
mientras estaban en Colombia, en la
ciudad de Arauca, donde el DAS estableció
un “plan de trabajo” para
buscar “relaciones entre algunas
ONG y las FARC”, según el informe.

Tampoco se salvó del espionaje la
organización Taula Catalana per la
Pau i els Drets Humans a Colòmbia,
entre cuyos integrantes figuran la
Generalitat y el Ayuntamiento de
Barcelona. Se tiene constancia de
que fueron interceptadas comunicaciones
electrónicas y telefónicas entre
la Taula y el Colectivo de Abogados
de Colombia José Alvear (CAJAR),
una de las ONG que más ha
sufrido las agresiones del DAS.

El abogado español José Luis Galán, de
la Asociación Libre de Abogados, ha
sido víctima del mismo delito: se chuzaron
(interceptar) sus correos con
el CAJAR y consta una conversación
con el abogado colombiano Alirio
Uribe. El G-3 también puso su punto
de mira en la prensa crítica. Un correo
que Alèxia Guilera, corresponsal
en Colombia y colaboradora de
varias ONG, mandó en 2004 al periodista
sueco Dick Emanuelsson
acabó en manos de Jaime Ovalle, del
G-3. A Emanuelsson le borraron la
memoria del ordenador
y le alertaron
de que un terrorista con su descripción
iba en un vuelo a Costa
Rica. La Fiscalía informa también
de que la entonces diputada de IU,
Isaura Navarro, fue investigada
durante
su visita a Colombia en 2004.

Además, el informe recoge las actuaciones
contra tres defensores de
derechos humanos
colombianos exiliados
en el Estado español. Dos de
ellos presentaron el 26 de octubre
una querella contra el presidente Álvaro
Uribe, el ex director del DAS,
Jorge Noguera, y Germán Villalba,
agente del DAS en Europa. Esta denuncia
está avalada por la Plataforma
por la Paz y los Derechos
Humanos en Colombia integrada
por más de 50 organizaciones.

Santos: distintas formas, mismos crímenes

El relevo de Álvaro Uribe
por Juan Manuel Santos
en la Presidencia de
Colombia provocó ciertas
expectativas de cambio
que la realidad de los
hechos ha situado en su
justa medida. Santos fue
ministro de Defensa de
Uribe, por tanto responsable,
al menos políticamente,
del ataque en territorio
ecuatoriano al campamento
de las FARC y de la
práctica de los falsos positivos.

Las madres de varios
jóvenes de Soacha
-población cercana a
Bogotá- asesinados por
miembros del Ejército han
acusado al presidente
Santos, de «estar involucrado»
en los asesinatos
de sus hijos en 2008, ya
que en esa fecha tenía el
mando sobre las fuerzas
militares. Varias de estas
mujeres recorren en estos
días ciudades europeas
para contar sus casos.

Un
informe de la Coordinación
Colombia Europa EE UU
-coalición de organizaciones
colombianas de defensa
de los derechos humanos-
denuncia que en los
primeros 75 días de Santos
ha habido un «cambio
en el lenguaje», pero continúa
la vulneración de
derechos: 25 sindicalistas,
indígenas, defensores y
campesinos han sido asesinados.

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