BILBO, 2 DE OCTUBRE. Miles de personas marcharon en la capital de Bizkaia contra la prohibición de manifestaciones. Foto: Ekinklik.

La apuesta por las vías políticas y democráticas
de la izquierda abertzale
(IA) ilegalizada ha agitado las últimas
semanas el escenario político
en Euskadi y los actores han empezado
a reaccionar. En el campo político,
el pasado 25 de septiembre, la
IA ilegalizada, Eusko Alkartasuna,
Aralar, Alternatiba, Abertzaleen
Batasuna y varios sindicatos y organizaciones
sociales firmaron un
Acuerdo “para un escenario de paz y
soluciones democráticas”, conocido
como la declaración de Gernika.

En
ella, reclamaban al Estado la derogación
de la Ley de Partidos y a ETA
“un alto el fuego permanente, unilateral
y verificable por la comunidad
internacional”. Días más tarde, el secretario
general de Eusko Alkartasuna
(EA), Pello Urizar, entregó una
copia al portavoz del PSE, José
Antonio Pastor, a quien también expuso
el acuerdo que ha alcanzado su
formación con la IA ilegalizada. Lo
mismo hizo con el presidente del
PNV en una entrevista posterior.

Además, los contactos entre partidos
y las declaraciones de sus representantes
sobre el proceso abierto
en la IA y el alto el fuego parcial
anunciado por ETA se han sucedido
en uno y otro sentido.

En el ámbito judicial, la Audiencia
Nacional autorizó los últimos días
de septiembre una operación policial
que se saldó con la detención de
siete miembros de Askapena, una
organización fundada en 1987 entre
cuyos objetivos se encuentra el de
“impulsar, ayudar y dinamizar la solidaridad
con la lucha de liberación
de Euskal Herria en otros pueblos
del mundo”. El juez envió a prisión a
cinco de los detenidos por considerar
que su trabajo en Askapena era
una “proyección internacional de las
actividades y campañas previamente
diseñadas por ETA”. Por su parte,
la IA ilegalizada entendió la operación
policial como “un ataque al nuevo
escenario político que se está
abriendo en Euskal Herria”.

Pocos días antes de las detenciones,
la Audiencia Nacional prohibió
una manifestación convocada para
el 11 de septiembre a favor de “los
derechos civiles y políticos en Euskal
Herria” después de que se lo solicitara
la Fiscalía General del Estado. Ésta
consideró que la plataforma convocante,
Adierazi EH, que agrupa a
miembros de EA, Aralar, Alternatiba,
ELA o LAB, “no es más que una
sucesión de Batasuna que sigue las
directrices de ETA”. El ex consejero
del Gobierno vasco Sabin Intxaurraga, de EA, presentó una nueva
convocatoria, que volvió a ser prohibida
por la Audiencia Nacional.

Las
prohibiciones fueron criticadas por
la mayoría de partidos vascos, a excepción
de PP y PSOE, y contestadas
con una nueva convocatoria firmada
por representantes de Lokarri
y profesores universitarios, entre
otros. Miles de personas asistieron
en Bilbao a la marcha del 2 de octubre,
después de las detenciones de
Askapena, bajo el lema “No a la prohibición
de manifestaciones. Ninguna
imposición, ninguna violencia. Sí
a los derechos humanos, civiles y políticos”.
Entre ellas había miembros
de las formaciones representadas en
Adierazi EH, así como altos cargos
de IU-Ezker Batua y PNV.