Jesús Merino, nacido en Hontalbilla,
 Segovia, es en la actualidad
Diputado por Segovia
 del PP. Durante años ha
 sido vicepresidente y consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y
 León y, por ello, una de las personas
más influyentes en la provincia y en
la Comunidad. Ahora aparece relacionado con la empresa Segovia 21
 en el caso Gürtel.

Segovia 21 S.A. se constituyó en
 2002 entre la Diputación Provincial
 de Segovia (87%) y la Cámara de
 Comercio (13%) como sociedad
anónima de capital público, pero días
 después la Cámara vendió parte
de sus acciones a Caja Segovia, lo
que permitió en 2005 el acceso como
accionista de Segobrida del
 Eresma, S.A. (integrada por Caja
 Segovia, Caja Círculo de Burgos,
 grupo Arranz Acinas y grupo Antolín),
 que posee ahora el 42 % de la
 edificabilidad y el 16 % de las acciones
 de Segovia 21.

El propósito de la empresa fue
 crear una urbanización de lujo con
el atractivo del campo de golf,
Faisanera Golf, además de un parque
 empresarial. Esta urbanización
 viene siendo denunciada por
 Ecologistas en Acción como un
gran pelotazo urbanístico fraguado
 desde la órbita del poder del PP
con el beneplácito del PSOE y la
 colaboración del alcalde de IU de
 Palazuelos de Eresma (Segovia),
donde se ubican los terrenos de
Segovia 21.
 

La operación fue diseñada
 con la colaboración de la
Cámara de Comercio desde la
 Presidencia de Caja Segovia y de
la Diputación Provincial, siendo titular
de ambas Atilano Soto Rábanos,
del PP, que fue nombrado,
 además, presidente de Segovia 21.

De Monte público a negocio privado

Los terrenos eran Monte de Utilidad
 Pública cuando Soto empezó a
dibujar la operación urbanística en
 1999. La finca contaba con 116 hectáreas
junto a la carretera de Segovia
 a La Granja, a los pies de la Sierra de
 Guadarrama. Tenía una valiosa vegetación
 y la única población de olmo
blanco (ulmus laevis) de la vertiente
 Norte de esta sierra, recién
descubierta por un estudio científico
auspiciado por el Ministerio de Medio
Ambiente.

Este hábitat, donde
 anidaban rapaces protegidas, como
 el milano negro, daba cobijo a una
variada fauna, como corzos, jabalíes,
 pequeños mamíferos y anfibios.
Además, este Monte tenía historia.
 Era conocido como la finca de
 Quitapesares, pues perteneció a la
reina María Cristina, mujer de Fernando
VII, y se cuenta en documentos
de la época que el nombre se debe
 a que la reina tenía allí sus encuentros
amorosos con el Guardia
 de Corps con el que después se casó.

Anatomía de un pelotazo

El primer paso consistió en descatalogar el monte, aunque acababa de ser reforestado con 11.000 robles, fresnos y encinas con fondos europeos. Sin embargo, la descatalogación fue rechazada por la Junta en 2001. A partir de 2002 se solicitaron descatalogaciones parciales, que fueron aprobadas y concluyeron con la exclusión total del monte en 2004. Todo esto a pesar de los informes desfavorables de los ingenieros de Segovia, que no se tuvieron en cuenta, porque el Jefe de Servicio de Valladolid vino a la finca para emitir un informe ad hoc.

El siguiente paso fue adquirir la
finca. La Diputación puso los terrenos
 y Caja Segovia y la Cámara de
 Comercio pusieron el dinero como
socios del proyecto. 104 hectáreas
de la finca de Quitapesares fueron
entregadas a Segovia 21 al precio de
16.845.700 euros, es decir, 16,22 euros/
m2 de promedio, en tres operaciones
sucesivas, conforme a las tasaciones
 realizadas por Valtecnic,
 S.A. y por Tasaciones Inmobiliarias,
 S.A. (TINSA), con unas valoraciones
muy bajas [ver recuadro].

Fue preciso modificar el plan urbanístico
de la finca de Quitapesares
para poder encajar los 238.000
 m2 construibles y el campo de golf.
 Aquí entró Fomento Territorial,
 S.L, contratada en 2002 por Segovia
21 para la gestión integral del
parque residencial, empresarial, de
 ocio y campo de golf, del mismo
 nombre. Fomento Territorial pagó
1.200.000 euros a las empresas
 Everland, S.L. y Serrano Global 50
Consulting, propiedad de Jesús
 Merino, según han recogido los medios
de comunicación del sumario
 Gürtel, donde se dice que Fomento
Territorial coordinó “un importante
 proyecto de construcción de un
parque empresarial en Palazuelos
 del Eresma (Segovia)”, en referencia
a Segovia 21.

La operación urbanística contó
con la connivencia de Domingo
Asenjo, actual alcalde de IU en Palazuelos
de Eresma, que aprobó el
 Plan urbanístico de Segovia 21 y admitió
 que no hubiera ninguna Vivienda
 de Protección Oficial.

Las obras de urbanización fueron
 adjudicadas en concurso público
por Segovia 21 en 14.092.900,16
 euros a Begar Construcciones y
 Contratas, S.A., de José Luis Ulibarri
(también imputado en el caso
 Gürtel), no por su precio, superior
en dos millones a la mejor oferta de
l as 23 presentadas, sino por sus
 condiciones técnicas.

Toda esta operación urbanística
fue denunciada por un particular en
 2007 y tras la imputación de Atilano
Soto por el Juzgado, la Audiencia
 Provincial de Segovia archivó las
 diligencias penales por considerar
 que no existía delito alguno.
Diversas organizaciones han
 denunciando estos hechos desde
hace tres años con manifestaciones
de protesta en Segovia. En
 2007 la Real Academia de la
 Historia apoyó las denuncias en
un documento en el que destacaba
 el valor cultural de la finca, calificando
las actuaciones como
“artimañas territoriales”.

Ecologistas en Acción ha presentado
 tres recursos contencioso administrativos
contra los acuerdos
de descatalogación del monte y
 contra el Plan urbanístico, que carece
 de abastecimiento de agua. El
 Tribunal Superior de Justicia de
 Burgos se pronunciará el 22 de
abril sobre la descatalogación del
 monte público, hoy urbanización
privada Segovia 21.

Las turbias tasaciones de los terrenos

Las tasaciones de la parte
 edificable de la finca de
 Quitapesares se realizaron
entre 2002 y 2003 sin ningún
documento acreditativo
 de la edificabilidad. Los
tasadores Valtecnic, S.A. y
 TINSA partieron de hipótesis:
 una construcción de
 viviendas estándar y de protección
 oficial (VPO), con
 una edificabilidad de la
 mitad de la finalmente aprobada
(238.000 m2). Tampoco
tuvieron en cuenta el
 factor revalorizador del
campo de golf (15%). De
 haber conocido los tasadores
 el proyecto que realmente
 había aprobado la Diputación
 en 2002, el valor de
tasación se hubiera duplicado
o triplicado. Además, la
 Diputación admitió una
 rebaja en el precio del 20%,
 aplicable a las VPO a pesar
 de saber que no se construirían.
 Los 608.316 m2 de
 terreno para campo de golf
 se tasaron a 3,5 euros/m2.
 Las cifras de negocio se
 están viendo ahora: el
 Ayuntamiento de Palazuelos
 de Eresma acaba de
sacar a subasta pública
 una parcela empresarial de
 2.975 m2 en 1.353.450
euros con un precio de 350
euros por m2 de edificabilidad
 (cinco veces el precio
de tasación). Además,
Fomento Territorial. S.L.
anuncia en internet chalets
  de 4 a 7 dormitorios en
parcela de 800 m2 a partir
de 850.000 euros. Nada
 más lejos de las viviendas
 de protección oficial que
 sirvieron de parámetro para
la tasación de la finca.

* Claudio Sartorius Alvargonzález
 es urbanista, abogado y miembro de
 Ecologistas en Acción de Segovia.