Reacciones ante la imposición del deficit cero
¿Se puede establecer un límite de gasto en la Constitución sin consultar al pueblo?

Para el autor, catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos, la reforma constitucional acordada por el PSOE y el PP afecta a derechos fundamentales y debería pasar por referendum.

- Zapatero, por qué le haces esto a Rubalcaba

29/08/11 · 13:24
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El Presidente del Gobierno, J. L. Rodríguez Zapatero, siguiendo la senda del fracasado proyecto de constitución europea y el impulso político del Partido Popular, se dispone a despedirse de su mandato constitucionalizando un límite de gasto público. Es decir, se propone introducir un mecanismo automático que impida, sean cuales sean las circunstancias, sean cuales sean las voluntades democráticamente expresadas, que el Estado destine recursos, por encima de cierta cuantía, a la realización de cualesquiera políticas públicas (sanidad, obras públicas, educación, justicia, etc.).

Según su propio promotor, se trataría de “una decisión estratégica de calado, estructural y no coyuntural”. Si ello es así, como efectivamente lo es, la consecuencia es que la afirmación retórica del Presidente de su deseo de contar no sólo con “el consenso imprescindible sino con todo el consenso posible” oculta, en realidad, la ineludible obligación constitucional de someter la cuestión a ratificación popular. Veamos por qué.

Como es sabido, existen en la Constitución dos procedimientos de reforma. Uno, para la mayor parte de sus aspectos y que, con la composición actual de las Cámaras, permite a PSOE-PP llevarla a cabo, sin intervención popular y sin que el resto de partidos pueda hacer nada para evitarlo o influir en la decisión. Otro, para aquellas reformas totales o que “afecten” (es decir, no sólo que “modifiquen” o “supriman”) al Título Preliminar, a los derechos o a la corona. En este segundo caso, la iniciativa también correspondería en exclusiva a PSOE-PP pero se exigirían, adicionalmente, elecciones generales, ratificación por unas nuevas cámaras y referéndum popular.

La imposición de una norma automática de limitación de déficit no es otra cosa que la alteración de esta decisión constituyente fundamental

Pues bien, ese Título Preliminar comienza con un artículo primero que dice que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho”. Dicho de la forma más sencilla, esto quiere decir que un determinado ámbito geográfico (“España”) adopta como organización la forma estatal (“Estado”), fijándose como misión la consecución de un orden social justo, libre y equitativo (“social”), adoptando como mecanismo de adopción de las decisiones la regla de la mayoría (“democrático”) y las normas jurídicas como instrumento de puesta en práctica de lo decidido (“de Derecho”).

Resulta, entonces, evidente que la imposición de una norma automática de limitación de déficit, no es otra cosa que la alteración de esta decisión constituyente fundamental, para sustituirla por otra en la que la estabilidad macroeconómica (en los términos en los que acabe siendo definida en la propuesta final) prevalezca de forma automática sobre los derechos, la justicia social o las decisiones democráticamente adoptadas. Siendo esto lo que se pretende –una reforma “de calado, estructural y no coyuntural”–, la Constitución exige seguir el procedimiento del artículo 168 con el consiguiente referéndum popular para su ratificación.

De no ser así, si se utiliza el artículo 167, que excluye toda forma de participación popular en la reforma, se estaría poniendo fin de forma ilegítima, al tan publicitado como poco practicado, consenso constituyente de 1978 y habría que constar, una vez más, que no nos representan (¡Que no!).

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comentarios

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    anónima
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    08/09/2011 - 10:43am
    Creo que en debate sobre esta reforma, se estan confundiendo muchas cosas. Una de ellas es que no hay un limite de gasto. Cualquier gobierno puede gastar cuanto da la gana, pero tendra que procurar que hay suficientes impuestos para cubrir este gasto. Si queremos un estado de bienestar como el modelo sueco, ningun problema. Pero hay que decir donde encontrar los ingresos. Si queremos bajar impuestos, bien, pero que el gobierno dice que gastos va a recortar. La reforma disminuyera las promesas populistas.
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    anónima
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    05/09/2011 - 2:39pm
    El autor del artículo, Antonio de Cabo, fue profesor mío tiempo atrás en la Complutense. Destacaba por su seriedad, sobriedad, rigor, pero sobre todo por su enorme conocimiento de lo explicado, y por su saber de las culturas relacionadas con la nuestra. Su opinión sobre la reforma de la Constitución no deja de tener validez, toda vez que los políticos, elegidos por el pueblo, dejan a éste de lado una vez más, acordándose de él sólo en época de elecciones.
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    anónima
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    29/08/2011 - 10:46pm
    He leído la argumentación. Tiene algún sentido, pero es una interpretación jurídica bastante forzada desde una perspectiva ideológica determinada, que comparto. Políticamente yo también entiendo que el límite al gasto afecta al Estado Social, sin embargo jurídicamente entiendo que el supuesto no ingresa en el 168. Lo va a implantar una mayoría neoliberal (moderada (psoe) y radical (pp)), sin referéndum, salvo sorpresas. La única forma de anularlo es la conquista de la hegemonía social. http://sagara1977.wordpress.com/2011/07/21/penduloreform/
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