REGANOSA. La planta regasificadora en la Ría de Ferrol, Mugardos (A Coruña), es un potencial peligro para miles de vecinos./LUIS DE MANO

La regasificadora que está construyendo
la empresa Reganosa entrará
en funcionamiento en 2007 para recibir
gas licuado, principalmente de
Argelia, convertirlo en gas natural e
introducirlo en la red de gaseoductos.
Además, servirá para garantizar
el funcionamiento de las nuevas centrales
de ciclo combinado de Endesa
y Unión Fenosa previstas en As
Pontes (ver recuadro) y en Arteixo.

La idea de construir una regasificadora
se remonta a la década de los
‘90, antes de la privatización de la
Empresa Nacional del Gas, Enagas.
Para su ejecución, la empresa pública
pidió un estudio de riesgos a la
empresa Mw Kellog, que tenía que
comparar 34 posibles ubicaciones
en el litoral gallego y asturiano.
Entonces, las conclusiones del citado
estudio determinaron la ubicación
de la planta regasificadora en
el exterior de la ría de Ferrol, descartando
la ubicación actual de la
planta en el municipio de Mugardos.
Sin embargo, tras la privatización
de la empresa Enagas en 1996, el
proyecto de construcción de la regasificadora
en Galicia se paralizó.

Un año después, el grupo empresarial
Tojeiro -propietario de un
complejo químico muy próximo a
la futura planta regasificadora-
retomaba la iniciativa de construir
esta planta de gas en la ría del Ferrol.
Para ello, primero se aseguró la concesión
de la Estación de Deslastres y
Desgasificación de Buques en Punta
Promontoiro de Mugardos, propiedad
del INI (actual SEPI) hasta el
año 2017. A partir de entonces, se ha
dedicado a comprar diversas fincas
limítrofes que han terminado por ser
recalificadas de terreno rústico a
suelo urbano industrial.

A través de su empresa Forestal
del Atlántico S.A., el grupo Tojeiro
comenzó la búsqueda de socios, y
permisos para poder construir la
planta en el interior de la ría, lo cual
le posibilitaría utilizar las instalaciones
y muelles del complejo petroquímico
de su propiedad. En ese
momento, la iniciativa recibió el
apoyo incondicional de la Xunta de
Galicia, presidida por Manuel
Fraga, a pesar de las consideraciones
del informe de riesgos.

Es el 20 de marzo de 2000 cuando
el proyecto de la planta regasificadora
se constituye como empresa
S.L. bajo el nombre de Reganosa. El
grupo Tojeiro aporta la concesión
de los muelles que venía utilizando
con la empresa Forestal del Atlántico
S.A. y con ello su participación
en la planta es del 18%. El resto del
accionariado de la compañía lo comparten
la Xunta de Galicia (10%),
Endesa y Unión Fenosa (21% cada
una), Caixa Galicia (10%), Banco
Pastor y Caixanova (5% cada uno) y
la empresa estatal argelina Sonatrach
(10%), principal provedor de
gas en el Estado Español.

En julio de 2001, ante la evidente
construcción de la planta en el interior
de la ría, se constituyó el
Comité Ciudadano de Emergencia
para la Ría del Ferrol, cuyo objetivo
principal es exigir a la Xunta de Galicia
y al Gobierno central que trasladen
al litoral exterior las instalaciones
de la planta de Reganosa, tal
y como recogía el estudio de riesgos
elaborado por la empresa Mw
Kellog. Según el portavoz Carmelo
Texeiro, del Comité Ciudadano de
Emergencia, la actual ubicación de
la planta de regasificación supone
un alto riesgo para poblaciones
más cercanas. La proximidad de la
planta con el complejo petroquímico,
que alberga 280.000 m3 de
combustibles y otros productos
químicos, multiplicaría los riesgos
de un posible accidente.

Pero desde su inicio, Reganosa ha
hecho caso omiso de las denuncias
presentadas por el Comité Ciudadano
de Emergencia.

Promesas desmentidas

En 2001, el antiguo consejero delegado
de Reganosa, Mauro Arias,
presentaba ante la opinión pública
el proyecto como un catalizador
de la economía de la comarca:
“La planta de gas actuará como
imán indiscutible de todo tipo de
proyectos industriales y tendrá un
impacto directo sobre el empleo
de la comarca”. Y terminaba por
aclarar: “Reganosa va adelante,
pese a quien pese”, aludiendo a la
tormenta de denuncias presentadas
por los vecinos tras conocer el
alcance del proyecto.

Sin embargo, “desde el comienzo,
las declaraciones de Reganosa y
la información publicada en los medios
de comunicación locales han
sido una gran mentira. Con la puesta
en marcha de la planta de regasificación
sólo se van a crear 44 puestos
de trabajo y a cambio se va a deteriorar
el ecosistema de la ría y se
van a destruir 700 puestos de mariscadores
y muchos empleos indirectos”,
desmiente Texeiro. Técnicamente,
las plantas resgasificadoras
utilizan el agua del mar para
convertir el gas líquido en gaseoso,
liberando el agua utilizada a una
temperatura por debajo de la temperatura
ambiental de la ría y provocando
así la disminución, cuando
no la muerte, del marisco.

Según la normativa UNE-NE
1532 sobre tráfico de buques gaseros
en las rías, para que los buques
puedan ser evacuados en caso de
emergencia se requiere una vía directa
al mar abierto. Y según el reglamento
de practicaje para la ría de
Ferrol, solamente se permite la entrada
de buques gaseros durante la
pleamar y marea muerta, de lo contrario
tocarían fondo. “En caso de
accidente, los buques estarían dentro
de una auténtica ratonera de la
que no podrían salir hasta la siguiente
pleamar”, advierte Texeiro, para
quien la ubicación de la regasificadora
en el interior de la ría de Ferrol
sólo se justifica por razones económicas,
pues las inversiones que hay
que realizar son menores.

En estos momentos se encuentra
abierto un expediente de infracción
en la UE contra la construcción de
la planta de Reganosa, presentado
por el Comité. “La Xunta es el principal
valedor de los promotores de
Reganosa y ha contribuido a incumplir
la legislación de medio ambiente,
urbanismo, patrimonio y de prevención
de riesgos. Hay una herencia
del Gobierno de Fraga que nadie
está dispuesto a cambiar”, concluye
el portavoz del Comité Ciudadano.