URUGUAY // SE AGUDIZA EL DESCONTENTO ENTRE LOS MOVIMIENTOS
Se agota la paciencia

Tras 16 meses de gobierno progresista, esperando cambios que no llegan, la
protesta social comienza a elevar el tono. Una huelga general parcial, paros y
movilizaciones constantes son las muestras del relanzamiento de la actividad social
de actores que confían cada vez menos en los gobernantes que eligieron.

, Editor del Semanario uruguayo Brecha.
10/10/06 · 21:44
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Apenas el conflicto con Argentina
por la instalación
de las plantas de celulosa
de la finlandesa Botnia y la
española Ence pasó a un segundo lugar-
diferendo que pasó a ventilarse
en el Tribunal de La Haya- la realidad
que impone una política económica
continuista se convirtió en el
eje de las disputas internas en el propio
equipo de Gobierno, y entre éste
y los principales actores sociales.
Junio fue el mes en que los roces entre
los ministros de Economía, Danilo
Astori, y el de Ganadería, Agricultura
y Pesca, José Mujica, dieron
un salto adelante. El segundo amenazó
una vez más con presentar su
renuncia, lo que sería una grave adversidad
toda vez que se trata del sector
de la izquierda que cuenta con
mayor respaldo popular y la más numerosa
bancada de diputados.

Aunque cuenta con el apoyo decidido
del presidente Tabaré Vázquez,
Astori está en el centro de la polémica.
Ya no son sólo los tupamaros liderados
por Mujica los que se oponen
a una política que privilegia el
superávit fiscal -para asegurar el pago
de los intereses de la mayor deuda
externa en proporción al PIB del
continente-, sino que ahora son la
mayor parte de los grupos que integran
el Frente Amplio los que exigen
atender las urgencias sociales. La polémica
en la últimas semanas aparece
focalizada en los alcances del impuesto
a la renta que promueve el
equipo económico, que grava los ingresos
superiores a los 250 dólares,
barrera que los críticos consideran
demasiado baja. Miles de cooperativistas
serán tratados con el mismo rigor
fiscal que los grandes empresarios,
lo que amenaza con echar por
tierra uno de los más importantes
sectores del movimiento popular
uruguayo. En contraste, las multinacionales
de la celulosa se benefician
de exenciones fiscales e impositivas
y operan en las llamadas ‘zonas francas’
donde pueden eludir buena parte
de la legislación nacional.

Sin embargo, la polémica en el seno
del gabinete tiene como telón de
fondo el creciente malestar social.
Los salarios siguen tan deprimidos
como en períodos anteriores y los jubilados
y pensionistas -que votaron
a la izquierda con la esperanza de
ver subir sus magros ingresos, que
en promedio no superan los 200 dólares-
recibieron aumentos simbólicos
de apenas diez dólares o menos.
Por otro lado, el enorme sector informal,
más de la mitad de la población
activa, no ha percibido beneficios de
la política económica actual.

Pero han sido los sindicatos los
que han alzado la voz. A fines de junio
se desarrolló un paro parcial de
media jornada laboral acompañado
de manifestaciones, y pocos días después
los funcionarios y los docentes
ocuparon durante 12 horas el ministerio
de Economía. El principal motivo
del malestar es que la Rendición
de Cuentas, que debe ser aprobada
por el parlamento en julio, en la que
el Estado propone su plan anual de
gastos, contempla aumentos salariales
recién para enero de 2007.

En paralelo, los pequeños y medianos
productores rurales, que se
vieron sacudidos por la crisis de
2002, reclaman que sus cuantiosas
deudas sean condonadas o puedan
ser pagas en plazos mayores a los
que está dispuesto a considerar el
Ejecutivo. Se trata del principal sector
productivo del Uruguay, que sostiene
buena parte de las exportaciones
y resulta clave para la sostenibilidad
del modelo actual.

País productivo

La izquierda llegó al gobierno con
dos promesas principales: resolver
la problemática de la pobreza y poner
en marcha un país productivo
luego de una década de desindustrialización
neoliberal. Para lo primero,
puso en marcha el Plan de
Emergencia, que se resume en subsidios
de 50 euros a las familias en
situación de indigencia, algo menos
del 10% de la población. Pero
la política de subsidios no puede, o
por lo menos no debe, mantenerse
indefinidamente. De ahí la importancia
de promover una reactivación
económica que permita aumentar
la tasa de empleo y elevar
salarios sumergidos.

Los indicadores muestran una importante
mejoría respecto al desastre
que significó el quinquenio 1998-
2002, cuando el PIB se redujo a la
mitad y el 5% de la población emigró.
Esa crisis explica que el Frente
Amplio haya ganado las elecciones
de 2004 con el 51% de los votos. Sin
embargo, la reactivación no está
siendo suficiente para resolver los
problemas más acuciantes. El mercado
interno sigue languideciendo
mientras las exportaciones tradicionales
(carne y lana) son las encargadas
de dinamizar la economía.

Falta un proyecto de país. No termina
de definirse claramente en qué
consiste el ‘país productivo’. Si será
más de lo mismo, o sea exportación
de productos agropecuarios más turismo
y ahora producción de celulosa,
o bien se apuesta a que el Uruguay
vuelva a tener un mínimo desarrollo
endógeno. Mientras el Gobierno
sigue vacilando entre firmar
un TLC con EE UU o fortalecer el
Mercosur, amplios sectores de trabajadores
están apuntando en los hechos
que la luna de miel con ‘su’ gobierno
ha finalizado. Se abre, así, el
tiempo de la protesta social.

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