4 DE SEPTIEMBRE. La movilización del SAT terminó en represión policial. Diego Cañamero fue uno de los 10 detenidos.

Treinta y tres años después de que se
fundara el Sindicato de Obreros del
Campo (SOC), la situación en el campo
ha cambiado muy poco, opina
Diego Cañamero, portavoz nacional
del Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT), la central que en 2007
aglutinó al SOC y a otros sindicatos.

El seísmo económico que ha desvencijado
el modelo de sol y ladrillo, ha
devuelto al campo a muchos trabajadores
de la construcción y, como
consecuencia, ha puesto en primera
línea de calle a los militantes de este
sindicato. A pesar de que últimamente
la policía se ha empleado con dureza
contra ellos, Cañamero anuncia
más movilizaciones hasta que el
Gobierno escuche lo que plantean.

DIAGONAL: ¿Cómo se llega a las
protestas del 6 de septiembre?

DIEGO CAÑAMERO: El 30 de junio
empezamos una marcha cuyo objetivo
era reivindicar al Gobierno andaluz
una serie de medidas. La primera
es un fondo especial que costaría
unos 5.000 millones para que los andaluces
en paro tengan cuatro meses
de trabajo en obras públicas. La segunda
medida es que haya diez meses
de subsidios para los trabajadores
agrarios, ya que, como mucha
gente de la construcción ha vuelto al
campo, no hay jornales suficientes.
Tercera cuestión: hay un requisito
para solicitar el subsidio que exige
35 jornales trabajados en el campo,
nosotros planteamos que por el momento
se elimine este requisito.

Planteamos también que cuando el
jornalero no trabaje no tenga que pagar
la Seguridad Social, igual que el
resto de trabajadores del Régimen
General. Actualmente pagamos 83
euros al mes. Planteamos también la
creación de escuelas, casas de oficio
y talleres de empleo; que la gente que
esté en paro tenga una prórroga de
las hipotecas y que se prorroguen los
subsidios y todos los sistemas de protección
a aquéllos a quienes se les ha
agotado. También planteamos ayudas
a las cooperativas y a los campesinos
pequeños para cultivo social.

Pusimos estas reivindicaciones en
la mesa del consejero de Empleo, Sr.
Antonio Fernández, y el de Gobernación,
Luis Pizarro, el 9 de julio. Nos
concentramos en la presidencia del
Gobierno andaluz y, a cambio de que
nos fuéramos, se comprometieron a
tres puntos: que el subsidio agrario
iba a llegar a diez meses, que las 35
peonadas iban a desaparecer como
requisito para cobrarlo, y que el sello
agrario se iba a condonar mientras
estuviéramos en paro. El Gobierno
nos pidió que le dejáramos 20 o 25
días para que pudieran formular esa
propuesta a Madrid y para que allí
las aceptasen. Les dejamos un mes y
medio. Cuando hemos visto que ha
pasado ese tiempo y no han puesto
en marcha ninguna de las medidas
acordadas, hemos vuelto a la movilización.
Concretamente hicimos las
acciones en Córdoba, paralizando el
AVE, ocupando una sucursal de
Cajasur, etc. La siguiente acción fue
en Málaga: entrando en el aeropuerto,
también en la estación del AVE y
manifestándonos en la ciudad.

D.: ¿Qué sucede en las acciones que
lleváis a cabo en Sevilla?

D.C.: El objetivo era ocupar Canal
Sur, que es la TV pública de los andaluces,
y que oculta y manipula la
realidad de esta tierra. Estamos ya
cansados de que sea la prensa del
morbo y de la revista, de los artistas,
del rocío y de la pandereta. Queremos
que cuente la verdad de este
pueblo, que hable de los problemas
que hay y de nuestras luchas pacíficas,
por eso la ocupamos. Pero para
ocuparla hicimos un simulacro, desplazamos
algunos autobuses a otros
lugares de Sevilla, concretamente a
un lugar cerca del puente del Quinto
Centenario. Cuando nos bajamos del
autobús, a un kilómetro del puente,
la policía tenía orden de cargar.

Pegaron a personas mayores y a niños
sin ningún tipo de respeto y detuvieron
a 6 personas, entre ellas a
mí. Fuimos insultados, nos apreta
ron las esposas de tal manera que
no podíamos abrir las manos y nos
cortaban la circulación. Se le dio
puñetazos y empujones a la gente
dentro de los coches cuando íbamos
detenidos y después, en comisaría,
fuimos vejados y humillados
con la palabrería de la policía.

Después vino la acción en Canal
Sur, unos 500 compañeros lo ocuparon
para protestar, de ahí fueron
expulsados a golpes por la policía.
Después, algunos compañeros, al
ver la detención de la primera acción,
ocuparon el AVE. Allí cargan
nuevamente y detienen a otros cuatro
compañeros. Los llevan a comisaría
donde ya estábamos los otros
detenidos. Aquí estuvimos el domingo
desde las 12 de la mañana
hasta el día siguiente a las 17h,
cuando nos pusieron en manos del
juez de guardia. Hay más de 60 heridos
entre los trabajadores, con
golpes en el abdomen, en la barriga,
en la cabeza, contusiones, hay
uno que tiene la muñeca partida del
porrazo que le dio la policía, a otro
le dieron cinco puntos en la cabeza...
Ésta es la respuesta del
Gobierno del PSOE a la crisis y a la
lucha pacífica de los trabajadores.

D.: ¿Cómo vive Andalucía la crisis?

D.C.: La situación en pueblos y en
el medio rural es en muchos casos
dramática. Hay algunos ejemplos:
en Puerto Serrano (Cádiz) hace 15
días, Endesa tenía la orden de cortar
la luz a 40 familias. En Bornos
(Cádiz), y el Coronil (Sevilla) hay
personas que han perdido sus casas,
se las ha quitado el banco, porque
no pagan. A diario hay colas en
Cáritas, en la Iglesia, en los servicios
sociales de los ayuntamientos,
en la Cruz Roja, pidiendo comestibles.

Son familias de trabajadores
que se han quedado en paro y no
tienen absolutamente nada. En
Andalucía tenemos el 25% del paro
de todo el Estado. Si se cumplen las
perspectivas para 2010 –se dice que
el PIB va a caer un 3%–, se podría
llegar a 1.300.000 parados. Esta tierra
está soportando con mayor dureza
la crisis, por eso el sindicato no
se puede quedar de brazos cruzados,
hacerlo ante esta realidad es
ser cómplices, es la manera de
aceptar que el Gobierno financia a
los ricos y condena a los pobres. No
somos un sindicato domesticado,
no somos un sindicato de subvención
ni de compra: somos una herramienta
para defender a los trabajadores.
En el momento en que
no cumpla ese papel hay que aniquilarlo,
porque entonces no vale.

D.: ¿Y cómo se presenta la próxima
campaña de la aceituna?

D.C.: El campo es la gran fábrica
sin techo, sin normas, sin contratos,
y cuando la gente no tiene nada se
refugian en él. Después de 30 años,
todavía no existen unas normas democráticas
en el campo que protejan
a los trabajadores. La aceituna
verde no tiene precio, porque en el
campo parece que no hay precio,
con lo cual los agricultores la van a
dejar para aceite. Si la dejan para
aceite se perderá el 50% o el 60% de
los jornales, porque ese trabajo está
muy mecanizado, sin embargo el
verdeo aún se recolecta a mano. Si
se deja para aceituna negra va a ser
un palo enorme para las 40.000 o
50.000 personas que trabajan en el
verdeo durante un mes o mes y medio.

Eso en el campo es mucho
tiempo, más teniendo en cuenta el
poco trabajo que hay. Todo el mundo
no puede acogerse a esos meses
de trabajo que suman la aceituna,
la fresa, la naranja y el melocotón,
pero hay personas que trabajan dos
o tres meses al año. Eso es fundamental
para la vida de jornaleros y
jornaleras, que no pueden vivir con
la ayuda del subsidio agrario, que
es ridícula. Por eso pedimos que alcance
diez meses, para que puedan
soportar la situación económica.

REPRESIÓN AL SAT

“El Gobierno no puede permitir
que el SOC y el SAT sigan
teniendo una lucha de estas
características y siempre con
medios pacíficos. Ellos quieren
que la sociedad se ponga en
contra nuestra y quieren situarnos
en el radicalismo. Por eso
dicen que hemos tirado piedras,
tornillos, que hemos herido
a diez policías… Pensamos
que esa represión va a continuar,
pero somos conscientes
de que no por eso debemos
perder las perspectivas de la
lucha”, apunta Cañamero.