El Salvador celebra la conmemoración del veinte aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, tras doce años de un conflicto que dejó tras de sí 75.000 víctimas de asesinatos y desapariciones. A pesar de que uno de los objetivos de los acuerdos era acabar con las injusticias social y económica que desencadenaron el conflicto, lo cierto es que, veinte años después, existe una mayor polarización de la sociedad y los grupos empresariales poseen una gran influencia en las decisiones del país.

En el marco de estas celebraciones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) eligió El Salvador para presentar el documento institucional que guiará su trabajo en el próximo bienio y que tiene como eje principal la creación de condiciones para que el crecimiento y desarrollo beneficie por igual a todos los habitantes de la región. El documento “Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo” marca una serie de estrategias con el objetivo de fortalecer el papel del Estado y su capacidad de intervención para promover cambios. La comisión regional de las Naciones Unidas ha instado a una intervención de los gobiernos para acabar con las desigualdades estructurales, ya que la experiencia ha demostrado que la autorregulación de los mercados no asegura ni la integración social ni el desarrollo sostenible, según denuncia la organización.

La elección de El Salvador para la presentación del documento parece no ser casual, teniendo en cuenta que la brecha social y económica que sufre el país sólo ha ido en aumento desde que comenzara la implementación de las políticas neoliberales que preparaban las condiciones para la dolarización de la economía.

La llegada al Gobierno en 1989 de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) permitió la entrada en el poder del partido que representaba los intereses de la élite empresarial de El Salvador y que, en alianza con las organizaciones patronales, bloqueó el Foro de Concertación Económica y Social previsto en los acuerdos y cuyo objetivo era la creación de un espacio en el que representantes empresariales y sindicales definieran un nuevo marco socioeconómico para el país.

Grandes diferencias ecónomicas

Pero lo cierto es que, mientras se firmaban los Acuerdos de Paz en 1992, ARENA llevaba desde 1989 impulsando una política de reformas neoliberales que sólo incrementarían las diferencias en el país. La llegada al Gobierno de Alfredo Cristiani significó la puesta en marcha de un Programa de Ajuste Estructural (PAE) que permitiría la creación de las condiciones que prepararían a El Salvador para la entrada en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y, a partir de 2001, el cambio de moneda del colon al dólar.

El programa con el que se pretendía dinamizar y modernizar la economía salvadoreña se materializó en la privatización de las empresas públicas y del sistema financiero, la reducción de impuestos a los productos importados y la creación de un IVA por el que sigue tributando la población de forma general, independientemente de sus ingresos.

El plan de ajuste provocó el debilitamiento del Estado, la pérdida de las industrias nacional y agrícola que no podían competir con los productos subvencionados del Norte y, en consecuencia, la desaparición de los sectores productivos que podrían crear empleos permanentes de calidad. Mediante estas medidas se transitó de un modelo agroexportador de productos tradicionales, en manos de algunas familias, hacia una estructura basada en el comercio y los servicios en poder de unos pocos grupos empresariales y sostenida por las remesas de los emigrantes.

Para Julia Evelyn Martínez, catedrática de Economía Política en la Universidad Centroamericana Simeón Cañas (UCA), el modelo neoliberal convirtió a la emigración “en una de las principales fuentes de crecimiento económico y estabilidad” y, a día de hoy, en el “sector” principal de entrada de divisas en el país. En resumen, “en lugar de comenzar a exportar productos no tradicionales, lo que se comenzó a exportar fue fuerza de trabajo, mano de obra hacia los Estados Unidos”, donde se calcula que viven más de dos millones de salvadoreños, lo que supone una tercera parte de la población total.

Maquilas y precariedad

En la actualidad, y desde los años ’90, la economía del país se reduce a tres sectores: el financiero, controlado por la banca transnacional; el comercio y los servicios; y el de la manufactura y maquila, que representa el 45 por ciento del total de las exportaciones.

La maquila textil constituye un sector de baja cualificación laboral donde no existe garantía de respeto a los derechos laborales y da empleo a 81.000 personas, la mayoría de ellas mujeres, lo que la convierte prácticamente en la única alternativa de empleo formal femenino.

La entrada de El Salvador en 2006 en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos- Centroamérica- República Dominicana (CAFTA-DR), ha dado lugar a una balanza comercial cada vez más deficitaria.

Las cifras demuestran cómo el acuerdo sólo ha beneficiado a las empresas estadounidenses y salvadoreñas dedicadas a la importación de productos, exentas del pago de aranceles y que mantienen sus ganancias a salvo del riesgo del cambio gracias a la dolarización de la economía. Actualmente, la balanza comercial de El Salvador arroja un déficit de 2,453 millones de dólares, lo que supone un incremento del 7,8% respecto hace un año. Gran parte estas importaciones corresponden a Productos de la Industria Alimentaria, cuya entrada casi se triplicó entre 1999 y 2008, una muestra de la grave dependencia alimentaria del país.

En plena conmemoración de los Acuerdos de Paz, ¿qué ha cambiado en El Salvador? La dolarización de la economía y la aplicación de medidas neoliberales sólo han creado una sociedad más polarizada y una mayor concentración de la riqueza en menos familias. Para la profesora Martínez, veinte años después, “sólo han cambiado los grupos económicos, pero en términos de justicia económica y social, de respeto a derechos laborales y creación de oportunidades, El Salvador está exactamente igual a como estaba en 1980”. La llegada hace tres años del FMLN por primera vez al Gobierno bajo la promesa del cambio dio la esperanza a las clases que habían sido golpeadas durante dos décadas por las políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos de ARENA. Pero, si bien es cierto que ha existido un incremento en el gasto social, a un año de que finalice el mandato todavía no se han puesto en marcha políticas efectivas que permitan un giro hacia un modelo que desemboque en una mayor justicia social.

La profundización en las medidas de corte neoliberal, como lo es el caso de la puesta en marcha de los socios Público-Privados, sólo es una muestra del poder e influencia que en la actualidad poseen los grupos empresariales de El Salvador y contra los que deberá litigar cualquier gobierno que pretenda disputarle la hegemonía.