100.924 VOTOS NULOS EN LOS COMICIOS DEL 1-M
Un rompecabezas para la izquierda abertzale

Con la izquierda abertzale histórica por primera vez
fuera del Parlamento vasco y un probable Gobierno del
PSE con apoyo del Partido Popular, una salida dialogada
y pacífica del conflicto parece cada vez más lejana.

19/03/09 · 0:00
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PAPELETAS NULAS. Los votos a favor de D3M y Askatasuna marcaron el recuento electoral del 1 de marzo.

Los medios de comunicación han repetido
una y otra vez que tras las
elecciones vascas, por primera vez,
los partidos “nacionalistas” ocupan
menos escaños que los partidos
“constitucionalistas” en el parlamento
vasco. Y así, con esa repetición,
utilizando esos términos, se consigue
transmitir la idea de que los nacionalistas
vascos han dejado de ser
mayoría. Sin embargo, la realidad es
más compleja de lo que parece.
En las elecciones celebradas el 1
de marzo, 100.924 votos (el 8,84%
del total) fueron declarados nulos.
La inmensa mayoría de los votos correspondieron
a las papeletas de
Demokrazia 3 Milioi (D3M) y
Askatasuna, los últimos partidos de
la izquierda abertzale ilegalizados
gracias a la Ley de Partidos, que habrían
obtenido siete escaños si hubieran
podido presentarse a las elecciones.

“Que seis años después de la
primera ilegalización haya 100.000
personas que todavía estén dispuestas
a ir hasta un colegio electoral a
depositar un voto que va a ser anulado
legalmente es un hecho probablemente
inédito en Europa”, señala
a DIAGONAL Iñaki Iriondo, corresponsal
político del diario Gara. “Hay
que tener además en cuenta que la
opción que propugnaba este voto no
tenía cabida en debates ni contaba
con entrevistas en los medios de comunicación”.
La exclusión electoral ha servido
a los sectores cercanos a los partidos
ilegalizados para poner en duda
la legitimidad misma de las instituciones.

En declaraciones a Herri
Iratia Donostia, el secretario general
del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga,
aseguró que “la mayoría social
abertzale ha sido vulnerada a
través de un mecanismo de apartheid
asumido sin respuesta política
por el Gobierno de Ibarretxe y el
PNV”. Según Díez Usabiaga, “si antes
teníamos un marco constitucional-
estatutario agotado, ahora, además,
tenemos unos parlamentos
–Gasteiz e Iruñea– alevosamente
mutilados y, por tanto, políticamente
ilegítimos por no representar a la
voluntad popular”.

Críticas desde la ONU

Reacia a la ilegalización de estas formaciones
se mostró la ONU a través
de su relator especial para la
Promoción de los Derechos
Humanos, Martin Scheinin. En su
informe sobre el Estado español,
presentado a principios de marzo,
recomienda al gobierno español que
“adapte las expresiones vagas que
aparecen en la Ley de Partidos
Políticos a los principios internacionales”.

Scheinin también aconseja
que se mejoren las garantías procesales
en las causas contra candidatos
de partidos ilegalizados, especialmente,
“cuando se trate de agrupaciones
que se han creado con el único
fin de presentarse a las elecciones
y de cuyas actuaciones anteriores,
en consecuencia, no se tiene prueba
alguna”, como es el caso de D3M.
Aunque la última ilegalización de
partidos de la izquierda abertzale
puede obstaculizar la búsqueda de
soluciones a los conflictos, el camino
tampoco queda cortado del todo.
Según Iñaki Iriondo, “no cabe
olvidar que en esas condiciones de
ilegalidad se abrió y mantuvo el último
proceso negociador entre
2005 y 2007, con conversaciones
entre el PSOE y Batasuna y el
Gobierno español y ETA, que se
prolongaron hasta finales de mayo
de 2007”. Y también era ilegal Batasuna
cuando Patxi López se reunió
con Arnaldo Otegi.

Con 50.000 votos menos que hace
cuatro años (EHAK obtuvo
150.000 en 2005) y un partido como
Aralar crecido, a la izquierda abertzale
“histórica”, como la define Mariano
Ferrer, se la mira esperando
una reflexión. “La izquierda abertzale
sólo ha planteado una repetición
de estrategias del pasado, impulsando
una recogida de firmas y
presentando una lista blanca”, explica
a DIAGONAL Paul Ríos, coordinador
de Lokarri. “Es necesario
que se replanteen esta dinámica
que no conduce a ninguna parte. El
propio Arnaldo Otegi dice que no
vale con resistir por resistir, que tienen
que dar un paso más”.

No en vano, desde la ruptura de la
tregua en los últimos días de 2006,
se han hecho públicas ciertas discrepancias
dentro de la izquierda abertzale,
y también en el propio seno de
ETA. “Tengo claro que una mayoría
de la izquierda abertzale sociológica
quiere el final de la violencia”, afirma
Ríos. Y concluye: “el mayor problema
es que ETA no ha hecho una
lectura realista de la situación e impide
que haya un debate constructivo
sobre esta cuestión. Hay movimientos
que no se traducen en un rechazo
explícito a la violencia ni creo
que los haya sin convencer a ETA de
que es necesario parar”.

Uno de los partidos que más se
podría haber beneficiado electoralmente
de la ilegalización de D3M y
Askatasuna es Aralar, que ha pasado
de los 28.000 votos y un escaño
en 2005 a los 62.000 votos y cuatro
escaños en 2009. “El núcleo fundador
de Aralar salió de Batasuna.
Hoy hay una mezcla heterogénea
de voto proveniente de aquel núcleo
inicial, del entorno de Elkarri
y también de una cierta izquierda
progre que se había refugiado en
Ezker Batua”, explica Iriondo. “No
cabe olvidar que en Euskal Herria
siempre ha habido un espacio político
para un partido que se decía de
izquierdas y abertzale pero que, al
evitar el conflicto con el Estado,
ofrecía una militancia y un voto más
cómodo que el de Herri Batasuna.
Ahí estuvo en su día Euskadiko
Ezkerra. Aralar intentó ser Batasuna
sin ETA, pero ha derivado
en otra cosa”.


La condena de la violencia

La declaración de
Anoeta, en 2004,
supuso una apuesta
de la izquierda
abertzale por las
vías políticas y un
cierto desmarque de
la estrategia de ETA. La
pregunta que muchos se
hacen es por qué entonces
cuesta tanto condenar los
atentados de ETA. “Las ilegalizaciones
están consiguiendo
cercenar el debate sobre el
fin de la violencia”, explica
Paul Ríos, de Lokarri. “Ante la
presión del Estado, la izquierda
abertzale reacciona
uniendo las líneas.
Las personas
que apuestan por
abrir el cauce de
la política tienen
poco margen de
actuación en estas condiciones”.
Iñaki Iriondo, de
Gara, repregunta “¿Por qué el
Sinn Fein no condenó nunca
la actividad del IRA? Si la
izquierda abertzale condenara
a ETA lo único que se lograría
es una fractura interna del
movimiento que en nada contribuiría
al logro de la paz”.


EA y EB, en caída libre

Las grandes perjudicadas
de la izquierda
vasca en las
pasadas elecciones
fueron Eusko
Alkartasuna (EA) y
Ezker Batua (EB),
ambas compañeras de
Gobierno del PNV. Tras la
obtención de un sólo escaño,
EA se enfrenta ahora a un
debate interno tras la dimisión
de su presidente, Unai
Ziarreta. La ejecutiva guipuzcoana
de EA criticó la estrategia
electoral de Ziarreta al
tiempo que Rafael Larreina,
de la vizcaína, aseguraba
a ETB que Ziarreta
es “un capital
político”. EB
consiguió un 40%
menos de votos
que en 2005 y
Javier Madrazo fue sustituido
por Mikel Arana como
coordinador general (el primero
no afiliado al PCE).
Oskar Matute, del sector crítico
Alternatiba Eraikitzen, afirmó
en el consejo político que
“no es posible la regeneración
de lo denostado y apartado
por la sociedad”.


¿Un lehendakari del PSE?

Los resultados electorales
abren un escenario
político incierto
e inédito en el
que todo apunta a
que el PSE conseguirá
colocar a Patxi
López como Lehendakari
con el apoyo del Partido Popular,
que saca pecho tras perder
dos escaños con respecto
a los resultados de 2005. La
posibilidad de que el PP
pueda decidir aspectos importantes
de la política vasca
causa recelo entre quienes
buscan soluciones al conflicto.
“El PP representa
un modelo de solución
del problema
vasco que es
antagónico al
defendido por la
mayoría de la sociedad”,
explica Paul Ríos.
“Los partidos que defienden
el final de la violencia, el
diálogo, el acuerdo y la participación
ciudadana representan
una mayoría clara. El
PP apuesta por la exclusión,
el recorte de libertades y la
ausencia de diálogo”, concluye
Ríos.


Entrevista a Mariano Ferrer, periodista vasco: “Se sacrifican valores para garantizar la unidad de España”

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