Fotogalería del 25S

La acción de Rodea el Congreso ha conseguido que la desobediencia civil multitudinaria recupere la iniciativa política. El sentido de la apuesta era altísimo: en plena dispersión del 15M, reunir la suficiente masa crítica para manifestarse en los alrededores del Congreso de los Diputados y señalar el carácter político de la crisis. En el horizonte asoma la materialización de una fase de destitución del Gobierno y, quizá, un proceso de definición colectiva de nuevas normas: un proceso constituyente. Con esta idea se han abierto las dos nuevas convocatorias tras el 25: la que volvió a juntar el miércoles 26 a cerca de 10.000 personas durante tres horas frente al Congreso, y la llamada a volver a inundar el centro de Madrid el sábado 29 de septiembre.

El turno de las apuestas no lo había abierto ningún consenso dentro del 15M instituido –el conjunto de asambleas, proyectos y grupos de trabajo que sobreviven 16 meses después de la irrupción del movimiento de las plazas y las redes–. Ha sido una pequeña y anónima plataforma, En Pie, la que impulsó inicialmente la acción de forma unilateral, y tras ser amplificada por las redes post- 15M fue acogida y desarrollada por un centenar de colectivos.

Apenas una semana antes de la convocatoria, un activista plasmaba en una reunión preparatoria el destino que podía esperar a todas las personas ilusionadas por la perspectiva de un otoño caliente. “Puede que CC OO y UGT vuelvan a hacer otra manifestación masiva, o puede que la hagamos nosotros, pero ninguna va a servir de nada si no nos creemos el objetivo de echar al Gobierno para detener los recortes”, argumentaba.

La frase resonaba con realismo apenas tres días después de la multitudinaria manifestación del 15 de septiembre en Madrid, donde los dos sindicatos de concertación mayoritarios y 900 organizaciones adherentes a la declaración de la llamada Cumbre Social habían vuelto a mostrar el desacuerdo de gran parte de la población con las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy.

Todavía se desconoce el plazo que darán a Rajoy los impulsores para convocar el referéndum sobre los recortes; la propuesta delineada en la declaración de la cumbre es que las propias organizaciones montarán la consulta si el Gobierno no lo hace. Un ‘timing’ político, el de los dos grandes sindicatos de concertación, que, si se mantiene sin variaciones, podía posponer el otoño caliente hasta después de las elecciones autonómicas catalanas, fijadas por el presidente Artur Mas para el 25 de noviembre.

La Ejecutiva del PSOE celebrada antes del 15S ya había rebajado las expectativas de los convocantes de la Cumbre Social. Tomás Gómez, el secretario general del Partido Socialista madrileño, quería impulsar el referéndum desde la oposición, pero la propuesta ni siquiera se incluyó en el orden del día de la reunión. Tampoco después de la masiva jornada de movilizaciones se produjo ningún cambio en la línea defendida por la Ejecutiva del PSOE, más preocupada por el desafío soberanista catalán abierto también en sus propias filas.

El silencio de los convocantes ante la detención de dos personas de la Plataforma En Pie durante la propia manifestación del 15S también alentaba las dudas sobre el carácter inclusivo del proceso iniciado en julio con la convocatoria de la Cumbre Social.

Según aclaraba la Delegación del Gobierno de Madrid, el mando del operativo policial que detuvo de forma preventiva a miembros de la im pulsora original de la acción del 25 de septiembre era la Brigada Provincial de Información. El carácter excepcional del dispositivo se vio confirmado los dos domingos siguientes, en los que las asambleas abiertas de la Coordinadora 25S fueron rodeadas por policías nacionales que efectuaron identificaciones y, sobre todo, cuando ocho activistas fueron citados por la Audiencia Nacional en una imputación preventiva que Jueces para la Democracia sí condenaría y calificaría de “insólita”.

Dos días después del 25S, estaba prevista la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013. Poco quedaba por anunciar anunciar cuando el Gobierno ya envió a la Unión Europea una previsión presupuestaria en agosto que incluía 38.900 millones de ajuste, a los que ya hay que añadir la congelación salarial para todos los empleados públicos que anunció el martes 26 a representantes sindicales. La apuesta particular del Gobierno de Rajoy es doble: los presupuestos de agosto confían un 38% del ajuste total en plena recesión a unos ingresos de 15.069 millones de euros por el aumento del IVA.

Por otro lado, el Gobierno juega con la posibilidad de que el retraso en la petición del segundo rescate no agote la paciencia de los mercados financieros, y lo hace también sobre una base puramente virtual: tres semanas después de que las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, rebajasen la prima de riesgo al entorno de los 400 puntos, no se había producido operación alguna de compra masiva de deuda española por parte de la autoridad monetaria europea. Ésta se veía condicionada, tal y como Draghi dejó claro en su intervención, a la petición formal del segundo rescate. La subida de la prima en hasta los 460 puntos durante la jornada del 26 de septiembre ha sido interpretada como una primera señal de la presión sobre el Gobierno de Rajoy para aceptar el segundo rescate y, con él, nuevos recortes.

“El parlamentario que no salga el 25 a la calle no se habrá enterado de nada”, exclamaba Celes, de los Iaioflautas barceloneses, en una charla celebrada la tarde del 24 de septiembre en el local de DIAGONAL. A menos de un día del 25S, la forma concreta bajo la que se podía poner en marcha ese proceso multitudinario de deliberación política al que llamamos “proceso constituyente” tenía una forma distinta en cada cabeza.

Para Roberto Viciano, catedrático de Derecho Constitucional y asesor en los procesos de cambio constitucional en Venezuela, Bolivia y Ecuador, el proceso debe ser “horizontal”, si bien remarcaba el papel de las “dirigencias organizadas” en el liderazgo de estos procesos. Sin despreciar el papel de los partidos políticos en el posible proceso, Raúl Sánchez Cedillo, de la Universidad Nómada, reclamaba una “apertura constituyente” dentro de las estructuras de los partidos. “Esto quiere decir cambio de dirigencias y de discursos, casi como si les hubieran aplicado la Ley de Partidos”, bromeaba.