Revuelo preelectoral en Bolivia

La derecha boliviana no tuvo bastante con conseguir que las elecciones silenciaran las demandas sociales. Una vez emplazadas éstas para el 4 de diciembre, sus artimañas han continuado buscando el alargar su estancia en el poder. La última de ellas se ha basado en la ilegalidad de la actual distribución de los escaños en el Parlamento boliviano.

25/01/06 · 18:40
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La derecha boliviana no tuvo bastante con conseguir que las elecciones silenciaran las demandas sociales. Una vez emplazadas éstas para el 4 de diciembre, sus artimañas han continuado buscando el alargar su estancia en el poder. La última de ellas se ha basado en la ilegalidad de la actual distribución de los escaños en el Parlamento boliviano.
Todo comenzó el 22 de septiembre cuando a petición de diversos diputados de partidos de derecha como el MNR (que quedará casi sin representación en los próximos comicios), el Tribunal Constitucional (TC) declaraba inconstitucional el artículo 88 del Código Electoral que establece el número de diputados por departamento. Desde ese momento se hacía necesaria la redistribución de los escaños en función del Censo de Población de 2001, que suponía un aumento de habitantes en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba y, por tanto, de representantes parlamentarios.
La intransigencia de la oligarquía cruceña en las negociaciones alertó del peligro que corrían las elecciones. Tras semanas de desacuerdos y una decena de propuestas, el pasado 28 de octubre la Corte Nacional Electoral declaraba que ya no era posible cumplir con el calendario. Se suspendían las elecciones.

Ante la alarma social, la noche del 1 de noviembre el presidente Eduardo Rodríguez decidía zanjar el asunto a través de un Decreto Supremo y convocar elecciones para el 18 de diciembre. El decreto supone que Santa Cruz sume tres nuevos escaños (en lugar de los cuatro que pedía) y uno Cochabamba. La Paz pierde dos diputados, y Oruro y Potosí, uno.
Pero lo más llamativo es que todo el proceso nacido del fallo del TC es también inconstitucional. Porque si efectivamente la reasignación de escaños parece razonable en base al nuevo censo, la legislación boliviana establece que de sancionarse la ley de redistribución en la presente legislatura, su aplicación debería esperar a la siguiente.

¿Por qué entonces tanto empeño en hacer efectiva una medida que cumple la ley sólo a medias y que ha puesto al país de nuevo al borde del abismo? Los EE UU y las transnacionales, en sanguínea confabulación con la propia oligarquía cruceña, ven en peligro el contexto económico que les ha hecho enriquecerse en un país en el que el 60% de la población vive en la pobreza. La negativa a sus reivindicaciones daría al autonomismo oriental nuevos argumentos en busca del fortalecimiento del neoliberalismo en la zona, dejando en un segundo plano las demandas sociales y desestabilizando todavía más el país. Un clima político y social que, en caso de que haya más movilizaciones (cosa muy probable), justifique el uso de la violencia, un golpe de Estado o, incluso, la intervención militar de los EE UU.

Tags relacionados: Golpe de estado
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