SEQUÍA // LAS MEDIDAS-PARCHE DEL GOBIERNO
Las reservas, bajo mínimos por los pozos ilegales

Alrededor del 45% del agua que se extrae de los
acuíferos españoles se obtiene de forma ilegal. El 90%
se lo llevan los cultivos de regadío, y en las grandes
ciudades, la expansión urbanística descontrolada.

15/10/06 · 20:46
Edición impresa

Verano del 2006: Sequía. Embalses
al 40%. El 15 de septiembre, el
Gobierno aprobó el Real Decreto
Ley 9/2006 por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los
efectos de la sequía. Adena califica
el decreto de “parche” porque,
entre sus medidas, destacan las
ayudas económicas a los agricultores
afectados por la escasez de
agua. Pero la ley no habla de los
510.000 pozos ilegales existentes
en el Estado español. Estos pozos,
realizados sin las concesiones
pertinentes que aprueban las
Confederaciones Hidrográficas,
son la mayor amenaza para los
acuíferos y, por lo tanto, para la
reserva hídrica del país.

Según un informe denominado
Uso ilegal del agua en España, realizado
por Adena en mayo de
2006, se extraen ilegalmente, al
menos, 3.600 hectómetros cúbicos
de agua subterránea al año. Legalmente
se extraen 4.500 hectómetros
cúbicos. Es decir, que el 45%
del agua bombeada desde los acuíferos
se extrae de forma ilegal.
La falta de precisión en los datos
dificulta la gestión administrativa
de las aguas subterráneas. “La situación
de los acuíferos en España
es de descontrol absoluto”, afirma
Santiago Barajas, portavoz de
Ecologistas en Acción.

A consecuencia de este descontrol
se producen “extracciones masivas”
que generan “daños irreversibles”.
Según el informe de
Adena, en zonas de alto valor ecológico
como la cuenca alta del río
Guadiana, el Ministerio de Medio
Ambiente reconoce la existencia
de 22.000 pozos ilegales frente a
los 16.000 autorizados. Esto supone
el agotamiento del acuífero 23
(declarado sobreexplotado ya en
1987) del que se extraen, al menos,
54,1 hectómetros al año más
de los autorizados.
Santiago cuenta que se pueden
dar dos efectos sobre los acuíferos.
En primer lugar, se puede
producir un hundimiento del terreno,
lo que imposibilita la recarga
del acuífero aunque vuelva a
llover. El segundo efecto es la denominada
“intrusión salina” que
se da en zonas costeras y supone
la recarga del acuífero con el agua
del mar, lo que altera sus componentes
y su calidad.

El informe de Adena apunta que
la reciente explosión urbanística,
la construcción de campos de golf
y la agricultura de regadío podrían
ser las claves de las extracciones
ilegales. Según Santiago Barajas,
alrededor del 90% del agua extraída
de forma ilegal se utiliza para
abastecer la agricultura de regadío
en zonas secas. Esta agricultura,
de grandes capitales ligados al
agronegocio y ajena a la agricultura
familiar, es más competitiva en
el mercado y recibe un mayor número
de subvenciones. “Desde
Adena estamos reclamando que no
se aporten subvenciones a los agricultores
que extraen agua de forma
ilegal”, dice Guido Schmidt.
Con la propuesta de vigilar las
extracciones ilegales para suprimir
las ayudas agrarias llegó David
Hammerstein, eurodiputado del
grupo Los Verdes, a la Comisión
Europea. Pero, “como el Ministerio
de Agricultura no cuenta con datos, la investigación no puede seguir
adelante”, sentencia Guido Smith.

Madrid: golf y urbanismo

Debajo de la gran urbe se encuentra
un acuífero detrítico terciario que, en
la actualidad, se encuentra al límite
de extracción. Según el representante
de Adena, en la capital hay 18.600
pozos ilegales y 4.400 legales. Pero el
principal uso, en este caso, no es la
agricultura. La sobreexplotación urbanística
está detrás del problema.
Hay que tener en cuenta que el 37%
del suelo de Madrid es urbano o urbanizable
y el ritmo de construcción
es frenético pues se prevén un total
de 500.000 casas más con las recalificaciones
que se están dando en los
179 municipios de la comunidad (según
datos de Ecologistas en Acción).
“Las nuevas urbanizaciones quieren
asegurar el suministro de agua, y
muchas lo hacen abriendo pozos ilegales”,
sentencia Guido.

Pero hay un factor que no se debe
olvidar: en Madrid existen 30
campos de golf que ocupan una superficie
de 1.800 hectáreas y “diez
de ellos han sido denunciados por
extraer agua ilegalmente”, apunta
Guido. Según datos aportados por
Ecologistas en Acción, el consumo
de agua de un campo de golf de 18
hoyos es de 10.000 metros cúbicos
por hectárea y año. Esto supone
que al año los campos de golf consumen
18 hectómetros cúbicos, que
es el equivalente al consumo anual
de una ciudad de unos 150.000-
200.000 habitantes. Y la situación
podría agravarse porque el número
de campos de golf se duplicará si se
aprueban los recientes planes urbanísticos.
Será dificultoso abastecer
otra treintena de campos de golf
únicamente con pozos legales.
Regadíos ilegales en Murcia
Mientras algunos sectores presionaban
por conseguir el derogado trasvase
del Ebro, en Murcia han crecido
los cultivos de regadío ilegales a un
ritmo de 6.400 ha por año. Estos cultivos
se alimentan “casi necesariamente”
de agua ilegal.

En las zonas más gravemente sobreexplotadas
de la cuenca del
Segura (a la que pertenece esta comunidad),
como la comarca de las
Águilas, la Universidad de Murcia
estima en un 40 % los regadíos ilegales.
Estas actuaciones son llevadas
a cabo por “grandes empresas
agrarias y capitales ligados al negocio
inmobiliario con la evidente
complicidad de la Confederación
Hidrográfica del Segura y la administración
regional”, afirma
Ecologistas en Acción.

El informe Aguas limpias, manos
sucias que la Fundación Nueva
Cultura del Agua publicó en enero
del 2004, ya advertía de que los regadíos
ilegales se extienden incluso
por los espacios naturales protegidos.
Este es el caso del Parque Regional
de Carrascoy, en el que, según
Ecologistas en Acción de Murcia,
existen más de 150 hectáreas
de regadíos ilegales acompañados
de sus consecuentes pozos ilegales.
“La solución es tomarse en serio el
tema”, clama Santiago Martín Baraja.
Para ello, es necesario un compromiso
claro entre las comunidades
autónomas y las cuencas
hidrográficas para investigar, perseguir
y cerrar los pozos ilegales.
Para que los intereses económicos
no acaben con nuestro recurso más
preciado, el agua.

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