LA PETROLERA FOMENTA GRUPOS VINCULADOS A ORGANIZACIONES ARMADAS OPUESTAS AL GOBIERNO DE EVO MORALES
Repsol promueve la secesión en Bolivia

A través de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, la compañía española apoya al Comité Cívico Pro Santa Cruz, que demanda un nuevo orden territorial - Miembros del Gobierno boliviano alertan de la formación de campos de entrenamiento militar en sus fronteras - Acusan a las petroleras de pagar asesores para la oposición al MAS - Se denuncian intentos de desestabilizar el país por parte de EE UU y las grandes petroleras.

12/10/06 · 19:45
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REACCIÓN. El ciclo de luchas por el control de los recursos energéticos, que aupó al
MAS al Gobierno, ha provocado inquietud en Repsol y en sus medios afines / Fernando Molina

Menos de ocho meses. Ése es el tiempo
que ha tenido el Gobierno de Evo
Morales hasta encontrarse con los
primeros intentos serios de desestabilizar
el país y poner fin a su presidencia.
Uno de los ataques más duros
se vivía el pasado 8 de septiembre.
En la ciudad de Santa Cruz, varios
desconocidos lanzaban dos
bombas incendiarias contra un edificio
de la televisión pública Canal 7,
uno de los pocos medios con los que
cuenta el Gobierno del MAS en un
paisaje mediático en manos de grandes
grupos económicos hostiles.

El ataque tenía lugar en un momento
especialmente tenso en la política
boliviana. Mientras se debate
una nueva Constitución para el país
y la oposición intenta sabotear el proceso
a través de la convocatoria de
paros y movilizaciones, un viejo fantasma
boliviano, el de la desintegración
territorial, volvía a presentarse
con fuerzas redobladas.

Tropas de choque

El motivo no es otro que los recursos
naturales. Las elites económicas de
Santa Cruz y del resto del este boliviano,
donde se concentran las mayores
reservas de petróleo y gas, han
renovado sus demandas separatistas
con vistas al proceso de nacionalización
de los hidrocarburos.

Las formas de reclamar también
se han extremado. “Sólo esperamos
instrucciones para tomar las armas
en defensa de la autonomía de Santa
Cruz”, aseguraba recientemente la
Unión Juvenil Cruceñista, una organización
violenta e inspirada en los
grupos fascistas de los años ‘30, que
actúa como fuerza de choque de las
reivindicaciones territoriales. Y su
proyecto político no se conforma con
poco. Se demanda la ‘Nación Camba’,
la independencia y la gestión de
los recursos. Todo ello, además, en
una zona de Bolivia donde residen
las principales familias de la oligarquía,
descendientes de europeos y
con actitudes racistas muy marcadas,
cuyo nivel de vida supera con
creces la media del país.

Política de elites

Valga un ejemplo para ilustrarlo.
Mientras la renta per cápita boliviana
apenas alcanza los 1.000 dólares
por habitante al año, las elites cruceñas
celebran una media de 200 concursos
de belleza al año.
Con escaso entusiasmo hacia las
propuestas de reequilibrar las diferencias
entre regiones ricas y pobres,
desde Santa Cruz se han lanzado duras
advertencias contra el Gobierno
del MAS. De forma paralela a las actividades
violentas, una organización
empresarial, el Comité Cívico Pro
Santa Cruz (CPSCZ) acapara cada
vez más la escena política agitando
la desintegración de Bolivia.

Pero la fuerza adquirida por estos
movimientos está lejos de haberse
producido sin ayudas. No por casualidad,
el acoso creciente al Gobierno
llega meses después del Decreto de
Nacionalización del pasado 1 de mayo
y del inicio de investigaciones de
altos cargos de las industrias petroleras
que operan en Bolivia. En total, el
fiscal general del país andino ha
abierto procesos a Repsol por delitos
de contrabando de petróleo, encubrimiento,
malversación, uso indebido
de influencias, conducta antieconómica
y firma de contratos lesivos al
Estado. Así, acusados de contrabando,
el 15 de marzo la policía detenía
a Julio Gavito y Pedro Sánchez, principales
ejecutivos de Repsol en Bolivia.
Demasiado para una petrolera
que aún es capaz de mover un gran
número de hilos.

El poder de la Cámara

Basta seguir el nombre de Pedro
Sánchez para rastrear los mecanismos
de poder. Este ejecutivo de Andina,
la marca de Repsol-YPF en Bolivia,
también es director titular de la
Cámara Boliviana de Hidrocarburos,
organismo en el que se concentran
las principales industrias energéticas
del país y cuyas decisiones llevan
años marcando la vida económica.
En la cámara, al tratarse de las principales
empresas, Repsol-YPF y la
brasileña Petrobras cuentan con un
mayor poder de decisión. Y según repetidas
denuncias, buena parte de
sus decisiones se traducen en ayudas
para el Comité Pro Santa Cruz.

Para Andrés Soliz Rada, uno de
los artífices del proceso de nacionalización
y hoy ya dimitido al frente del
ministerio de Hidrocarburos, no caben
dudas de que “la campaña de
desorientación está orquestada por
la Cámara Nacional de Hidrocarburos
(...) entidad que, de manera insólita,
forma parte de la Federación
de Empresarios Privados de Santa
Cruz”, vinculada, a su vez, al CPSCZ.
El cuadro de complicidades se
completa siguiendo el árbol genealógico.
Como afirma Luis Gómez, periodista
de la revista Brecha, “son
una treintena las familias de la oligarquía
que se reparten Santa Cruz.
No es muy díficil encontrarse apellidos
que se repiten entre la cámara,
los directivos de las petroleras y los
miembros del Comité”.

Con esta corriente de apoyos, el
Comité cruceño no malgasta el tiempo.
Son ya varios los llamamientos a movilizaciones en varias provincias.
Recientemente, los planes de la oligarquía
encontraban seguimiento
en el paro celebrado el 8 de septiembre
en cuatro de las nueve provincias
bolivianas, en el área geográfica
conocida como la ‘media luna’ del
país. La protesta tuvo en su contra
la Confederación de Trabajadores
Campesinos y la Central Obrera
Boliviana. Sin embargo, a pesar de
estas ausencias, los convocantes contaban
con un aliado importante: grupos
como la Unión Juvenil Cruceñista
(UJC), encargados de amedrentar
a quienes no secundaran el paro.

El vínculo entre el Comité cívico y
la UJC es directo. Como se indica en
el libro Santa Cruz: economía y poder
1952-1993, “La Unión Juvenil
Cruceñista fue creada el 7 de
Octubre de 1957 por miembros del
Comité Cívico Pro Santa Cruz. El objetivo
de este grupo era presionar como
brazo armado al Gobierno central
de Bolivia”. Y durante los últimos
años la financiación a estos colectivos
se ha visto incrementada. En la
actualidad, la UJC se organiza en células
de barrio, cuenta con campos
de entrenamiento en haciendas de
Santa Cruz y en muchos de ellos ya
se dispone de armamento pesado.
Cada vez más, la presencia de
paramilitares alerta a los miembros
del Gobierno, desde donde se teme
una posible conspiración para echar
por las armas a Evo. Sobre ese asunto
llamaba la atención en un artículo
reciente el director de la Agencia de
Prensa del Mercosur, Víctor Ego
Ducrot, quien denunciaba la puesta
en marcha de una ‘Operación
Camba’ que implicaría a “Repsol
YPF, Petrobras y compañía, la embajada
de EE UU y la derecha boliviana”.
En declaraciones realizadas a
DIAGONAL, Ducrot se mantiene fiel
a lo escrito: “Buena parte de los fondos
utilizados por estos golpistas son
aportados por las petroleras Petrobras
y Repsol-YPF”, y se apoya en investigaciones
que estarían siendo realizadas
por el Gobierno.

La conspiración, de existir, no
puede probarse. Incluso es posible
que no haya habido una reunión de
conjurados. Pero no faltan, sin embargo,
intentos de desestabilizar al
Gobierno del MAS por parte de las
fuerzas mencionadas. Algunos
nombramientos recientes apuntan
en esa dirección. El pasado 12 de
julio, George Bush nombraba como
nuevo embajador en Bolivia a Philip
S. Goldberg, anteriormente destinado
a Kosovo y quien ha vivido de
cerca el proceso de desintegración
de Yugoslavia. Por su parte, en
agosto Repsol contrataba a Jorge
Dezcallar, ex director del Centro
Nacional de Inteligencia, para situarle
al frente de su Consejo
Estratégico Internacional. Y esto sucede
en un momento en que aumentan
las voces de protesta en
Paraguay ante la sospecha de la llegada
de militares estadounidense a
las bases del norte del país, cercanas
a la frontera con Bolivia. Como
dice Luis Gómez, “pocos se atreven
a decir nada si no tienen pruebas
para demostrarlo, pero estos temas
son un secreto a voces”.


SERVICIOS SECRETOS Y GRUPOS ARMADOS, VIEJOS CONOCIDOS DE REPSOL-YPF

Curiosamente, muchas de las
acusaciones que en la actualidad
ha comenzado a recibir por
su actuación en Bolivia no suenan
nuevas en la historia de la
compañía petrolera. Tras anunciarse
el fichaje de Jorge Dezcallar
para encabezar un nuevo
consejo asesor en temas internacionales,
el líder de Izquierda
Unida, Gaspar Llamazares, exigía
que se investigara si el contrato
del ex director del servicio
secreto español cumplía con la
ley de incompatibilidades del
cargo. De momento, no ha habido
impedimentos legales. Pero a
lo largo de sus años al frente del
CNI la trayectoria de Dezcallar
ha estado envuelta en una serie
de puntos negros. Entre ellos, el
paso de vuelos de la CIA por
aeropuertos españoles, y una
implicación nunca aclarada del
Gobierno español en el intento
de golpe de Estado contra Chávez
en 2002. Con ese currículum
a las espaldas, Dezcallar
pasa ahora a encargarse de las
relaciones exteriores de Repsol
en uno de los momentos más
difíciles por los que atraviesa la
compañía hispano-argentina.
Además, no es la primera vez
que Repsol contrata a un espía
de pasado polémico. Durante el
Gobierno de Aznar, y con otro
equipo en la dirección de la
empresa, la petrolera ya utilizó
durante algún tiempo los servicios
de Juan Alberto Perote, procesado
judicialmente por filtrar
información confidencial a Mario
Conde sobre los GAL durante su
etapa en el CESID. En otro
plano, la estrategia de reducir el
suministro en Bolivia para dar
sensación de escasez es una
técnica recurrente de las grandes
industrias. Y para Repsol
tampoco es nueva la denuncia
de apoyar grupos armados. El
informe Un laboratorio de
guerra, elaborado por Amnistía
Internacional, ya denunciaba a
la estadounidense Occidental
Petroleum y Repsol-YPF, de facilitar
ayuda financiera a unidades
militares del Ejército colombiano
“con vínculos probados” con los
grupos paramilitares. Ni siquiera
sorprenden los intentos de
segregar un país para quedarse
con sus recursos, episodios similares
forman parte de los últimos
siglos de historia en África y
América Latina.

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