Manolito Rastamán

El PP ha decidido pisar el
acelerador de la privatización
de la sanidad madrileña.
Una vez adjudicada
la explotación de los nuevos hospitales
a diferentes empresas del sector
financiero y de la construcción -Sacyr, Dragados, Acciona, BEGAR,
PLODER, FCC, Caja Madrid,
Hispánica-, durante un plazo de 30
años y mediante el modelo de concesión
o PFI (siglas en inglés de
Iniciativa para la Financiación
Privada), la Consejería de Sanidad
ha anunciado, en pleno mes de
agosto, una nueva zonificación sanitaria
que, lejos de servir de instrumento
para una planificación
efectiva que garantice una adecuada
asistencia a la población de
Madrid (que ha aumentado en
1.500.000 habitantes desde el año
2000), se convierte en un medio
para asegurar beneficios económicos
a las empresas propietarias de
los nuevos hospitales.

Por primera vez se cede un Área
sanitaria a una empresa privada: la
sueca Capio, dueña, entre otras, de
la clínica Jiménez Díaz y del futuro
hospital de Valdemoro, dejando en
sus manos a más de 500.000 habitantes.
Apenas un mes después, y
al olor del suculento negocio, Capio
ha recibido una OPA para la adquisición
de sus acciones por 2.200 millones
de dólares por parte de la sociedad
de fondos de capital riesgo
Opica AB; OPA que ha sido rechazada
porque “no refleja el valor de
las acciones de Capio, dadas sus
atractivas perspectivas de crecimiento
y fundamentos de negocio”.

Capio ha contraatacado, adquiriendo
la compañía sanitaria alemana
Deustche Klinik. Por si fuera poco,
la propia presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza
Aguirre, echa un cable -todo sea
por el negocio- y rompe la propuesta
de zonificación sanitaria de su
propio partido, mediante el envío
de una carta a los cerca de 40.000
habitantes de Pinto (pertenecientes
al área 10 junto con Getafe), animándoles
a “abandonar” su Área
sanitaria y apuntarse al futuro hospital
de Valdemoro; casualmente,
por cada persona adscrita a Valdemoro,
Capio recibirá, durante el primer
año, 330 euros aunque no utilicen
el hospital durante todo el año.
Este modelo de concesiones es
un agujero sin fondo para el sector
público, tal y como reconocen incluso
las entidades financieras, y el
consecuente endeudamiento de
4.000 millones de euros a 30 años
va a suponer, durante el año inicial
y sólo en concepto de “arrendamiento
operativo”, el pago de alrededor
de 130 millones de euros. Si
sucede lo mismo que en los países
que han adoptado este sistema, es
más que probable que este modelo
genere un recorte del gasto real
para lo estrictamente sanitario, es
decir, una reducción de presupuestos
clínicos y plantillas que repercutirá
negativamente en la
atención a los pacientes. En Gran
Bretaña, la puesta en marcha de
este tipo de hospitales provocó
una reducción del 20% en los presupuestos
clínicos.

Contradicciones del PSOE

Mientras la privatización continúa
su marcha imparable, partidos y
sindicatos institucionales guardan
un “prudente” silencio: la paz social
sindical en el sector sanitario
está firmada hasta diciembre de
2007, lo que dará tiempo a “vender
electoralmente” los hospitales privados.
En cuanto a los políticos, el
PSOE, que apoyó al PP con sus votos
para aprobar la Ley 15/97, de
“Habilitación de Nuevas Formas
de Gestión” y, por tanto, legitimó
el desarrollo de estos experimentos,
critica en privado el modelo
pero no utiliza su mayoría parlamentaria
para frenar en seco el
modelo privatizador que se está
extendiendo como una mancha
de aceite por otras Autonomías:
Comunidad Valenciana, Castilla
y León o Baleares.