LEY DE EXTRANJERÍA // EL ANTEPROYECTO DE REFORMA AVANZA EN EL MARCO RESTRICTIVO EUROPEO
¿Una reforma laboral encubierta?

Los cambios en la Ley de Extranjería y los anuncios del
Gobierno sobre contratación en origen confirman un giro
a la derecha en la política de flujos migratorios.

22/01/09 · 0:05

La reforma laboral deberá esperar.
En esos términos se expresaban en
marzo de 2007 los sindicatos CC OO
y UGT. “Antes hay que cambiar el
modelo productivo”, exigían. El
Periódico presentaba el 25 de marzo
un titular explícito: “El Gobierno
quiere negociar una nueva reforma
laboral este año”. Uno de los aspectos
que el artículo planteaba como
estratégicos era la reducción de la
temporalidad, algo que sigue en el
ideario de los estrategas del mercado
de trabajo en España. El 13 de enero,
El País planteaba un reportaje titulado
“¿Más flexibilidad laboral en tiempos
de crisis?” en el que se podía leer
la siguiente afirmación de un profesor
de IESE Business School: “La
única manera de acabar con la temporalidad
es crear un empleo indefinido
más barato, porque los empresarios
tienen pánico a los trabajadores
de más de 10 o 15 años de antigüedad”.

El Anteproyecto de Reforma de la
Ley de Extranjería se ha presentado
con discreción, aparentemente sin
relación con la teoría que hoy discute
una nueva regulación del mercado.
Aparentemente. En la práctica,
según Gerardo Márquez, de la Coordinadora
de Inmigrantes de Málaga,
esta reforma “lleva a los trabajadores
a situaciones de mucha más precariedad”,
con ella el Gobierno busca
que los inmigrantes paguen una crisis
que no generaron. Para Diego de
las Barreras, abogado de la Oficina
de Derechos Sociales (ODS) del
Centro Social Seco, el anteproyecto
se entiende en un contexto laboral
en el que se fomentan todos los pasos
a favor de la mayor flexibilización
del empleo.

Contratos en origen

En septiembre de 2008 el ministro de
Trabajo, Celestino Corbacho, fue corregido
públicamente por la vicepresidenta
Mª Teresa Fernández de
la Vega. El ministro había asegurado
que se iba a cerrar el grifo de la contratación
en origen. La interpretación
de las palabras de Corbacho
apuntaban en una dirección: en tiempos
de crisis, los autóctonos han de
tener prioridad para optar a un trabajo.

A pesar de la enmienda de De
la Vega, los datos corroboran la previsión
del ministro: en diciembre el
Estado anunció que se pasaría de
15.731 ofertas de contratos en origen
a sólo 901, lo que supone una reducción
del 94%. Para José María Trillo,
de la ODS de Patio Maravillas, es el
modo que el Gobierno tiene de regular
los flujos ya que, con este marco
normativo, la contratación en origen
“es la única posibilidad que los trabajadores
migrantes tienen de venir en
situación legal”.

Márquez denuncia que la contratación
en origen es una forma de
esclavitud “que se basa en la selección
de tipo feudal de personas”. A
su juicio el recorte de este modelo de
contrato no influye en lo que sucede
actualmente, sino que el anuncio del
Gobierno obedece a la estrategia de
deteriorar la imagen del inmigrante:
“Van en busca de la confrontación
de pobres contra pobres”. Márquez
pone el ejemplo de la próxima campaña
de la fresa en Huelva: “Se ha
lanzado como un logro que la gente
que venga de Marruecos vaya a cobrar
unos 3.500 euros por casi cuatro
meses de trabajo. Eso supone que cobrarían
unos mil euros mensuales en
por un trabajo a destajo de 14 horas
diarias”. Es decir, se lanza la idea de
que se está ayudando a los trabajadores
extranjeros cuando, en realidad,
se les impone la explotación.

Restricciones concretas

La Reforma de la Ley de Extranjería
viene determinada por el Tribunal
Constitucional, que reconoció derechos
fundamentales como el de asociación,
negados por la ley de 2000.
Se ha dicho que el anteproyecto es
sólo una corrección técnica de la ley
4/2000 y el Real Decreto 2393 de
2004 que desarrolla la Ley. Para
Trillo, sin embargo, este borrador pone
el marco para que las áreas de trabajo
en las que se aplica la normativa,
el INEM o la Seguridad Social,
apliquen las restricciones: “De momento
se está viendo a quién se puede
negar los permisos con unos requisitos
como, por ejemplo, pedir a
los empleadores una capacidad económica
desorbitada. Es un dato aproximativo,
pero para poder traer una
empleada de hogar se tienen que
acreditar en torno a los 40.000 euros
al año”. Según Trillo, “hay instrucciones
de que no salga ninguna autorización.
El Gobierno ha cerrado el
grifo para que exista la inmigración
legal hacia España”.

El mayor problema lo tienen las
personas que están en situación temporal,
es decir, aquéllas que no han
alcanzado la residencia de larga duración
y están pendientes de la segunda
renovación: “Esto ocurre en el
caso de la gente que se está quedando
en el paro, que puede llevar más
de tres años y no ha estado seis meses
con el primer empleador. Antes
se les renovaba el permiso. Ahora les
están pidiendo que certifiquen por
qué dejaron de trabajar con ese
empleador. Realmente es lo que ya
decía la ley pero había cierta flexibilidad
en cuanto que había una demanda
de mano de obra para el mercado”.
Trillo considera que desde
hace ocho meses “se está siendo
tajante” y que se deniegan sin contemplaciones
los permisos.

Aplicación práctica

La reforma endurece aquellos puntos
que facilitaban el cumplimiento
de las disposiciones legales: se castiga
el empadronamiento y el alquiler
de pisos a inmigrantes en situación
irregular, requisitos necesarios para
justificar el arraigo. Para Márquez
ésta es una de las cuestiones “más
fascistas” de este anteproyecto porque
“convierte en delatores a los solidarios
y se persigue a la gente que,
sin seguir un criterio discriminatorio,
alquila pisos a inmigrantes”. El acceso
a la vivienda se convierte en un
modo de descartar a la población extranjera
una vez que prescribe su
permiso de trabajo. Si no pueden demostrar
un arraigo de más de tres
años, se les deniega, de forma que
sólo les quedan dos opciones: o el regreso
a su país de origen o el paso
la clandestinidad. Por otra parte, la
carga de las hipotecas es demasiado
dura para muchos que, como señala
Márquez, se ven obligados a ceder
los bancos la propiedad de sus pisos.
La pérdida de los derechos de empadronamiento
es una de las consecuencias
de este giro en política de
flujos migratorios con los que el
PSOE se ha acoplado al paso marcado
por la UE. Trillo explica que se
han incrementado los efectivos policiales
para detener a trabajadores inmigrantes
en situación irregular:
“Antes había una brigada que llevaba
los expedientes de expulsión; ahora
ya se han descentralizado a todas
las comisarías. Con la excusa de la
situación económica se ha sistematizado
el sistema de expulsiones para
llevar a cabo este cambio salvaje en
la política en migración”.

La vulnerabilidad de las personas
sin papeles se evidencia en el incremento
de las redadas. Así, según denuncian
las asociaciones, la policía
ha realiza redadas en los intercambiadores
de transporte y en las puertas
de los colegios, para comprobar
los papeles e iniciar los trámites de
expulsión.

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