AMÉRICA CENTRAL // VÍCTIMAS Y TESTIGOS DECLARAN EN MADRID
Los recursos naturales, tras el genocidio guatemalteco

Testigos y víctimas del genocidio guatemalteco denuncian que detrás de la masacre
de más de 200.000 personas y los desplazamientos forzados se encuentran los
intereses por el control de la tierra y los recursos energéticos y minerales de la zona.

21/02/08 · 0:00
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MARIO MINERA. Director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.

“Si están con nosotros, los alimentaremos;
si no lo están, los mataremos”.
Esto es lo que, según una crónica
del The New York Times, dijo el
que fuera dictador guatemalteco
Efraín Ríos Montt a un grupo de indígenas
en los años ‘80.

Han pasado casi 12 años desde
que en 1996 se firmara el alto el fuego
y la herida no está ni mucho menos
cerrada. A día de hoy, ningún tribunal
del país centroamericano tiene
la intención de buscar a los responsables
de un genocidio que tuvo como
resultado 200.000 muertes, casi
50.000 desaparecidos y 1.500.000 de
desplazados, en una guerra desatada
ya desde los años ‘50 por las elites
políticas y militares contra la mayoritaria
población indígena del país.
Todo comenzó en 1954 con un golpe
de Estado instigado por EE UU,
que acabó con el gobierno más democrático
de la historia del país.

Entre las reformas de este Gobierno
destacó la expulsión de la multinacional
estadounidense United Fruit
Company, cuya mano de obra, en situación
de semiesclavitud, recordaba
a las encomiendas de la época de
la conquista. Durante los siguientes
40 años, hasta el acuerdo de alto el
fuego de 1996, el conflicto continuó
con diferentes altibajos. La época
más negra tuvo lugar entre marzo de
1982 y agosto de 1983, cuando bajo
el Gobierno de Ríos Montt, fueron
asesinadas 100.000 personas.
El año pasado, el Tribunal Constitucional
de Guatemala cerró la última
posibilidad de juzgar en territorio
mesoamericano a los que dieron
las órdenes. Recientemente, el juez
de la Audiencia Nacional, Santiago
Pedraz, ha retomado el caso tras
una querella presentada por Rigoberta
Menchú a este lado del Atlántico.
Las zancadillas de la justicia
guatemalteca no han evitado que el
juez pusiera una órden de búsqueda
y captura internacional contra el ex
dictador y otros ex altos cargos del
Gobierno y del Ejército para juzgarles
por genocidio y torturas. En este
mes de febrero el juez Pedraz ha llamado
a declarar en Madrid a 38 víctimas
y testigos.

Exterminio indígena

En contra de lo que muchos analistas
dicen, esta guerra no fue principalmente
un enfrentamiento entre el
Ejército y las guerrillas izquierdistas
surgidas desde los años ‘60. El exterminio
fue dirigido directamente hacia
la población civil de origen indígena.
Las cifras hablan. Según datos
de la ONU, el Ejército fue el responsable
del 97% de las muertes. De ese
cuarto de millón de personas asesinadas
o desparecidas, un 83% eran
de origen indígena. “Uno se puede
preguntar si el motivo de ese odio es
que en aquella época los pueblos mayas
estuvieran preparando alguna
insurrección”, reflexiona Mario Minera,
director del Centro para la
Acción Legal en Derechos Humanos
de Guatemala, que se encuentra en
Madrid acompañando a los testigos
citados por el juez Pedraz. Y añade
“uno se pregunta también por qué el
odio se descargó principalmente
contra la población civil no combatiente,
y en especial, contra las mujeres
y los niños (el 17% de las víctimas
eran menores de edad). Ahora
estamos empezando a darnos cuenta
por los registros históricos, que los
lugares donde se produjeron las principales
masacres y los lugares donde
se expulsó a las comunidades son las
mismas tierras donde en los últimos
años se está explorando y explotando
recursos naturales. El desplazamiento
de la población civil tenía como
objetivo que quedaran libres sus
tierras para poder explotar los recursos”,
afirma con rotundidad. “Tenemos
el temor de que de nuevo haya
desplazamientos de poblaciones para
poder explorar otras regiones con
recursos como petróleo y minerales
y para la implantación de plantas hidroeléctricas”.
Para Mario y para los testigos y
víctimas que han acudido a Madrid
a declarar la motivación del genocidio,
va más allá del enfrentamiento
ejército-guerrilla. Incluso más allá
de las motivaciones racistas. Insisten
en que no fue casual que el
Ejército decidiera borrar del mapa
448 comunidades y que son intereses
económicos los que han motivado
el exterminio de miles de personas.
“El Ejército siempre señaló los
lugares concretos donde tenía un
frente abierto con la guerrilla”, afirma
un testigo, “pero la represión de
los militares no hizo tanto hincapié
en esos lugares como en otras zonas
diferentes donde había población civil
indígena. Esto nos hace pensar
que la intención del Ejército no sólo
era acabar con la guerrilla”.

Durante el conflicto se produjeron
millón y medio de desplazados,
que no pudieron recuperar sus tierras
dado que quedaron en manos
de militares y colonos traídos de
otras zonas. Además, según la tradición
comunitaria maya, la tierra es
una propiedad individual, sino social,
y como tal es reconocida por los
vecinos de la comunidad, sin necesidad
de un papel oficial. Muchas de
las personas e instituciones que
usurparon esas tierras a los desplazados
registraron títulos de propiedad
individuales que ahora les hacen
propietarios. “Ahora resulta que
después de firmar la paz”, añade
otro de los testigos, comenzaron a
llegar las compañías trasnacionales
comprando tierras por cuatro quetzales
para apropiarse de recursos
naturales como los ríos, los minerales
o las plantaciones de café. Resulta
que, por ejemplo, en algunos
lugares donde el ejército comenzó a
matar gente existía un río en el que
ahora una multinacional quiere
construir una central hidroeléctrica.

¿Cómo es posible”, se pregunta,
“¿que uno de los coroneles del Ejército,
el oficial Galdámez, que participó
en la represión al pueblo, ahora
sea un alto cargo de la compañía que
va a construir la presa para una
planta hidrológica? ¿Cómo es posible
que haya trasnacionales que estén
apropiándose de las tierras con
las que se alimenta el pueblo?”.
Hoy, Ríos Montt ya no es presidente.
Pero como suele suceder en estos
casos, aún disfruta de la inmunidad
que le da su condición de diputado.
Como si fuera poco y a pesar de que
un informe de la ONU confirma que
dio ordenes de destruir comunidades
indígenas enteras, ha sido nombrado
presidente de la comisión de
derechos humanos del Congreso.

El Plan Puebla Panamá
Tres grandes planes se
están implantando en Guatemala.
En el ámbito económico,
el Tratado de Libre
Comercio (TLC), que permitirá
a EE UU comerciar con
el país sin aranceles. Para
aplicarlo con éxito hay que
aplicar también los otros
dos planes: el Plan Puebla
Panamá (infraestructuras y
recursos naturales); y, en
el ámbito militar, el Plan
Maya Jaguar (que permitirá
al Pentágono distribuir
pequeñas bases por el
país para facilitar el control
territorial). En el Plan
Puebla Panamá invertirán
multinacionales como
Unión Fenosa o ENEL, para
las que no es un problema
que las tierras, ríos y bosques
que explotarán sean
territorio de las comunidades
mayas desde hace
milenios. Este plan supone
la creación de, además de
infraestructuras viales y de
comunicación, un mercado
energético regional entre
Centroamérica y Norteamérica,
que permitirá asegurar
el suministro eléctrico
de los vecinos del norte
mediante la construcción
de presas e hidroeléctricas,
aprovechando así la
riqueza acuífera de la
región. Sin olvidar tampoco
la intención de explotar
comercialmente la enorme
riqueza de la zona en biodiversidad
y recursos naturales
tales como la minería
o el petróleo.

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