CASTILLA Y LEÓN / SIN DINERO PARA LAS ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA REGIÓN
Los recortes acaban con los programas destinados a la vejez en el mundo rural

Los programas de Envejecimiento Activo que desde hace años se llevan a cabo en varias comunidades, como Castilla y León, se han reducido drásticamente. Sin estas actividades se condena a cientos de personas mayores al abandono en el mundo rural.

, Valladolid
07/12/12 · 10:14
Sin ayudas para las asociaciones de mayores de Castilla y León. / Foto: David Fernández.

Los recortes en Castilla y León van a tumbar también la política de promoción de autonomía personal que se seguía bajo las directrices que marca el concepto de Envejecimiento Activo, acuñado por expertos en la materia en la Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada en Madrid en abril de 2002.

Desde entonces se pusieron en marcha una serie de actividades tendentes a optimizar aspectos como la salud, la seguridad o la participación de las personas mayores en el medio rural, a través del Programa Regional de Envejecimiento Activo, en el caso de Castilla y León, surgiendo asociaciones en municipios pequeños para organizar actividades como talleres, jornadas de convivencia, excursiones, exposiciones, edición de revistas, charlas sobre temas como salud o consumo, etc. y que servían también para propiciar que las personas mayores salieran de casa y se relacionaran en los duros inviernos castellanos, pues sin una excusa les cuesta salir de casa.

El organigrama asociativo es crear asociaciones en los municipios que lo deseen (en la actualidad existen unas 1.600 en Castilla y León), federaciones provinciales que agrupan a las asociaciones de cada provincia, y una confederación regional que coordina a las federaciones provinciales y que está formada por los representantes de estas últimas.

La financiación de estas asociaciones procede de subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León (en concreto la Gerencia de Servicios Sociales) directamente a la confederación regional y destinadas al Programa Regional de Envejecimiento Activo. Y este año, que precisamente ha sido declarado Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, las subvenciones han quedado reducidas a la mínima expresión.

De un presupuesto, que en 2011 en el conjunto de Castilla y León alcanzó 2.685.001,96 euros, se ha reducido en 2012 a 1.153.147,76 euros, lo que supone un 57 %, reducción que ha afectado de manera desigual a las distintas provincias. En Segovia el recorte alcanza un 79%, en Valladolid un 76% o el de la provincia de Burgos, un 72%). Además las subvenciones pasan a recibirse de forma indirecta: canalizadas a través de la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, creada por la propia Gerencia de Servicios sociales de la Junta y con sus altos cargos en el patronazgo de la misma, por lo que se politiza aún más la concesión de las ayudas.

Las mujeres sin trabajo en el sector de los cuidados

Este gran recorte ha supuesto que aproximadamente la mitad del personal fijo que trabajaba en cada federación provincial haya sido despedido (quedan pocas personas y durante el año se ha habido retraso en el cobro de sus nóminas, pago a proveedores y dificultades en el mantenimiento de las oficinas), así como que los monitores y otros profesionales que eran contratados para llevar a cabo los programas y actividades para personas mayores ya no son contratados (e septiembre se suprimieron ya las clases de gimnasia, talleres de memoria y de manualidades, etc.). Todo ésto ha contribuido también al aumento del paro en las zonas rural (muchas de esas personas están asentadas y residen en los pueblos en los que se desarrollaban su labor) y ha afectado al sector de los cuidados en el que trabajan principalmente mujeres.

Estas asociaciones de personas jubiladas fueron proliferando, al menos en algunas provincias, con criterios más cuantitativos que cualitativos. Surgían en numerosas localidades, con la intención de ser un instrumento que posibilitara la llegada de fondos vía subvenciones y actividades de envejecimiento activo. En cierta medida ha surgido una ’burbuja’ asociativa en el asociacionismo de personas mayores de Castilla y León con el beneplácito de la Administración regional, que veía con buenos ojos la posibilidad de disponer de una amplia infraestructura asociativa gestionada por la propias personas mayores.

El presidente de las asociaciones de mayores del PP

La confederación regional, casual o intencionadamente, mantiene lazos con el Partido Popular, a través de una cercanía entre la organización y la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, desde 1986, pese aunque estatutariamente se refleja el término “apartidismo” entre sus principios.

El presidente de la confederación regional, Marcial Fuentes Ramos, es un industrial, ganadero de Salamanca, jubilado hace mucho tiempo y que fue diputado provincial de Salamanca por Alianza Popular. Es también presidente de la federación de Salamanca y miembro de los consejos Regional y Estatal de Personas Mayores.

Pese a que su cargo en la confederación regional es cubierto en régimen de voluntariado, mantiene coche y chófer a su disposición, con cargo a esas subvenciones, sin que ese privilegio se haya tocado hasta ahora pese a los recortes que dejan prácticamente inactivas a las asociaciones y a decenas de personas sin su puesto de trabajo.

Se da el caso de que en las jornadas de convivencia que anualmente realizan en fuera de Castilla y León, generalmente en ciudades costeras para disfrutar de la playa, pese a habilitar autobuses para el desplazamiento de los socios, Fuentes Ramos no iba con todos sino en su automóvil con chófer.

Tal privilegio puede deberse no sólo a su relación amistosa con la Junta de Castilla y León, sino también a la labor que está haciendo desactivando todas las incipientes protestas de las personas mayores surgidas con motivo de los recortes. Ya que algunas asociaciones propusieron realizar recogida de firmas y estudiar posibles movilizaciones en contra de esos recortes que cercenan su actividad.

Prohibir protestas al Gobierno del PP

Cualquier atisbo de crítica a los recortes sociales del Gobierno regional o estatal ha sido censurado desde la cúpula presidencial. Una interpelación de Izquierda Unida a través de su procurador regional, José María González, ha arrancado a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos Ortega, el compromiso de suprimir este privilegio de Marcial Fuentes Ramos.

La Junta de Castilla y León, ante la interrogante sobre el futuro del programa debido a la merma en la inversión en gasto social, en sintonía con la política del Gobierno, está en fase de planificación de un nuevo sistema de reimplantación del mismo.

Con esta nueva planificación, todo apunta que las personas mayores de Castilla y León, que viven de su pensión, tendrán que pagar por las actividades y talleres que antes eran gratuitas para ellas. Esta medida plantea incertidumbres entre las propias personas mayores, sometidas ya a una asfixiante presión económica por el incremento del IVA, pago de medicamentos, incrementos en las facturas de la luz, combustible para calefacción, e incluso por soportar gastos de las economías familiares de hijos en situación de desempleo.

Además, sufren ya el efecto negativo el desmantelamiento del programa regional de Envejecimiento Activo en la vida social de un medio rural castellano-leonés necesitado de actuaciones dinamizadoras.

Subvención a una asociación ligada a la Conferencia Episcopal para jubilados en Bélgica

Aunque no hay dinero en Castilla y León para mantener el programa de Envejecimiento Activo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención de 20.000 euros destinada a la Asociación Comisión Católica Española de Migración, ubicada en Bélgica, para financiar actividades asistenciales a mayores españoles que residen en ese país. Estas personas mayores residen en Bélgica hace años, en la actualidad residen en ese país 3.324 castellano-leoneses.
La subvención ha sido otorgada a la asociación Comisión Católica Española de Migración, para atender a emigrantes españoles, desde hace años ciudadanos belgas y que son atendidos por la Administración de este país. Este subvención se lleva a cabo con el argumento de un posible regreso al Estado español de estas personas, sin someter, además, las ayudas a concurso público.

La ’explicación’ a esta ayuda pública cuando se eliminan otras cuantías en esta misma materia, se deba al organigrama de la asociación Comisión Católica Española de Migración: Su presidente es Pedro Puente Fernández, vicario episcopal de León para asuntos económicos y sociales, designado prelado de honor del Papa a petición de la Conferencia Episcopal Española. Puente recibió el título de manos del cardenal de Madrid, Rouco Varela. Su secretario es Ramón Ajo Saez, director de comunicación de la agencia publicitaria Arts & Press, que cuenta entre su clientela con la Asociación de Editores Católicos y la Conferencia Marista, entre otras, y es administrador de ésta empresa y otra más. Su tesorero es Salvador Batalla Gardella, director del departamento de Pastoral de Turismo, Santuarios y peregrinaciones de la Conferencia Episcopal Española. Entre sus vocales están Clemencia González Abenojar (empresaria), Ángel Sánchez Muniaín (sacerdote) y Pilar Samanes Ara, secretaria general de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y monja hermana de la Caridad de Santa Ana.

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