TRABAS PARA EL ALQUILER. Una parte importante de las inmobiliarias no prestan sus servicios a las personas extranjeras.

El acceso a la vivienda es probablemente
el derecho básico más conculcado
en el Estado español y también
el más pervertido, después de
décadas de especulación. La vivienda
libre está por las nubes, la de
protección oficial es escasa e impone
unas estrictas condiciones. Si
para cualquier persona un techo
es una necesidad esencial para desarrollar
una vida plena, tener un
espacio de intimidad y seguridad,
para las personas inmigradas supone
una ventana a buena parte del
resto de sus derechos que limita la
Ley de Extranjería. El empadronamiento
permite acceder al sistema
público de sanidad, educación y
otras prestaciones, y demostrar el
arraigo social: la principal vía por
la que se regularizan las personas
inmigradas sin papeles. Para reagrupar
familiares la normativa también
exige unas duras condiciones
respecto a la vivienda.

Además de ese racismo institucional,
las imágenes en los medios
de comunicación de conflictos en
barrios y escuelas identificados como
guetos o de los llamados “pisos
patera” estigmatizan aún más al colectivo
y aumentan las actitudes de
exclusión por parte de inmobiliarias
y arrendadores. SOS Racismo
Bizkaia organizó unas jornadas en
Bilbao para abordar las diferentes
caras de la discriminación en el acceso
a la vivienda.

La organización antirracista presentó
una investigación realizada a
partir del análisis de anuncios de particulares
e inmobiliarias, entrevistas
en profundidad y una simulación:
personas con acento autóctono y
otras con acento extranjero llamaban
para interesarse por anuncios de
habitaciones en alquiler y contrastaban
el trato recibido. Las conclusiones
son contundentes: el 50% de
inmobiliarias no oferta pisos a población
extranjera; el 64% no los alquilan
a inmigrantes, y en el 30% de las
llamadas a anuncios la persona
inmigrante recibía un trato diferenciado.
Además, la mitad de arrendadoras
imponía unas condiciones más
duras a inmigrantes y el 45% les
preguntaba por su país de origen.
Entre otras dificultades, el estudio
destaca el requisito del empadronamiento
para solicitar una vivienda
social, la exigencia de aval
bancario y pago de fianza para alquilar
un piso, y que las inmobiliarias
sólo les ofrecen a las personas
extranjeras una parte de su
oferta. De fondo, el racismo estructural
que provoca una Ley de
Extranjería que “establece una dicotomía
de ciudadanos de primera
y de segunda, impide un acceso
normalizado al mercado laboral e
influye en el racismo social”, recalcó
Miguel Navarro, uno de los
autores del estudio. Navarro enumeró
algunas de las conclusiones
de esa dinámica: crece la exclusión
social y el ‘sinhogarismo’; la
concentración en determinadas
zonas de las ciudades y la figura
estigmatizada del subarriendo.
“Esa vulnerabilidad fomenta los
abusos y refuerza la resignación
el fatalismo”, concluyó el integrante
de SOS Racismo.

La segregación residencial fue uno
de los temas más analizados en las
ponencias. Al igual que Irene Molina,
que se centró en el caso de Suecia,
Juan Carlos Checa, profesor de Sociología
de la Universidad de Almería,
demostró con su análisis que,
frente a la opinión mayoritaria, el racismo
y las discriminaciones sutiles
resultan más determinantes a la hora
de formar guetos que los factores
económicos y la preferencia de vivir
junto a sus compatriotas.

Pedro Cabrera, sociólogo de la
Universidad de Comillas, explicó
las variables de exclusión residencial
que exponen a las personas
extranjeras a convertirse en sin
techo. Además, criticó que en la intervención
con personas en exclusión
social severa se antepongan las
políticas represivas a la asistencia
social. El resultado, afirmó, es que
la cárcel se convierte en el mayor
proveedor de techo y comida para
las personas con menos recursos.