CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
Manifestación en Madrid el 22 de abril / Ecologistas en Acción

El comunicado final del G-8
insta a reducir las emisiones
un 50% para 2050, un
compromiso que podría
parecer significativo. Pero según el
último informe del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), para evitar
que el termómetro aumente esos
dos grados que los científicos consideran
que conducirían a un cambio
climático catastrófico, las emisiones
se deberán haber reducido un 80-
90% para ese año. El objetivo del
50% acordado por el G-8 se queda
muy corto y sólo es el comienzo de
los problemas del acuerdo.

La cifra del IPCC alude al recorte
del 80-90% con respecto a los niveles
de 1990, mientras que la fecha de referencia
del G-8 no está clara. El primer
ministro japonés anunció al
principio que las reducciones también
serían con respecto a 1990, pero
después se retractó para aludir a
2000, año con niveles de emisiones
muy superiores.

Además, el compromiso es muy
vago; no hay en él nada vinculante,
medios previstos para aplicarlo ni
planes sobre cómo avanzar desde
ahora hasta 2050. Tampoco se explica
cuál es la relación entre este objetivo
y el proceso de la ONU sobre
cambio climático, que, con todos sus
defectos, constituye un marco internacional
vinculante con cierta pátina
de democracia. El acuerdo es una
iniciativa de los Estados Unidos, que
encabeza un proceso sobre el clima
paralelo conocido como Reunión de
las Principales Economías, para
arrancar los parámetros del debate
del seno de la ONU y ponerlos en
mano de la elite del G-8.

Vuelve el Banco Mundial

La reunión del G-8 en Japón también
ha permitido al Banco Mundial
integrarse aún más en la política climática
global. Tras años de menguante
influencia y de continuo y
activo fomento de proyectos muy
dependientes de combustibles fósiles,
el Banco pretende ahora reinventarse
como actor clave en la lucha
contra el cambio climático.
Con el respaldo de Washington,
Londres y Tokio, el Banco utilizó la
reciente cumbre del G-8 para presentar
sus fondos de inversión en el
clima, que se usarán para financiar
tecnologías ‘limpias’ como el carbón
y los agrocombustibles, préstamos
para adaptarse al cambio climático y
más programas de comercio de emisiones
que permitan a los países industrializados
pagar para seguir
contaminando.

Los países del Sur, sabedores de
la total falta de respeto del Banco
Mundial por los derechos de las comunidades
afectadas por sus políticas
y proyectos, están indignados y
muy preocupados porque estos fondos
sean administrados en forma de
préstamos. Los Gobiernos británico,
estadounidense y japonés han prometido
aportar 6.000 millones de dólares
a estos fondos, pero más de 130
países del Sur emitieron una declaración
el pasado junio para que sea
la ONU, no el Banco, quien controle
todos los fondos para combatir el
cambio climático.
El G-8, como guardián del capitalismo
internacional, ha adoptado un
compromiso muy flojo que protege
el carácter intocable del modelo de
crecimiento petrolero en lugar de
promover un auténtico cambio económico
e industrial.