ANÁLISIS // SE AGUDIZA EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS MOVIMIENTOS Y LA EXTREMA DERECHA
Las rebeliones de Cochabamba

El levantamiento de los
movimientos populares
de Cochabamba contra el
prefecto derechista Reyes
Villa terminó con dos
campesinos muertos y un
referéndum revocatorio.

01/02/07 · 0:00
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REPULSA. Miles de personas del campo y de la ciudad se concentraron en la Plaza Principal de Cochabamba el 12 de enero
contra Reyes Villa y los empresarios que financiaron los ataques paramilitares que causaron 160 heridos y 2 muertos / Indymedia Bolivia

En Cochabamba, en 2001,
un levantamiento que duró
semanas expulsó a la
transnacional Aguas del
Tunari y abrió el ciclo de emergencia
popular que impugnó el neoliberalismo
y abrió el proceso constituyente
actualmente en marcha en
Bolivia. Las luchas de esos cuatro
años afirman una ‘agenda’ mínima
de transformación del país: nacionalización
de los hidrocarburos,
reparto de tierras que implica medidas
contra el latifundio, descolonización
del Estado y ordenación territorial
acorde con la naturaleza
plurinacional y multicultural del
país; como corolario, se convoca
una Asamblea Constituyente “popular”
y “originaria”. El MAS de
Evo Morales llega al Palacio Quemado
gracias a un espectacular e
inédito triunfo en las elecciones presidenciales
en diciembre de 2005.

Su acceso al poder político es posible
por el masivo rechazo y el total
desprestigio de la élite política criolla,
pero también por la ausencia de
un proyecto unitario que convierta
los múltiples contrapoderes locales
en un despliegue de poder alternativo
capaz de sustituir al Estado-capital.
En ese vacío, el MAS y su promesa
“legalista” de convocatoria de
la Asamblea Constituyente suponen
la única salida institucional factible
entre la revolución y una reacción
necesariamente sangrienta.
Pero el precio que la oligarquía paga
por esa “salida intermedia” es
dejar en manos del MAS la reconfiguración
del escenario político.
Aquí es donde se abren las posibilidades
de transformación social: el
Gobierno no puede sino obedecer
el ‘mandato’ de los movimientos sociales,
que son el actor más poderoso
del país y han hecho inviable
cualquier proyecto contra el nuevo
bloque social que se configura como
hegemónico: una identidad
múltiple hecha de retazos de una
subalternidad fragmentada; lo nacional-
popular, lo obrero-campesino
y, predominantemente, lo indígena,
componen una narrativa que
se postula como única legítima y capaz
para la tarea de refundar el país.
El 8 de enero de 2007 se oyen de
nuevo en Cochabamba las consignas
de los de abajo, y vuelve a llenarse
la plaza de multitudes, gases
y sangre. Las organizaciones que
agrupan a los cocaleros del Chapare,
a los vecinos del extrarradio
pobre, a los fabriles y a los estudiantes,
entre otros, exigen la renuncia
del prefecto Manfred Reyes
Villa, colaborador de los gobiernos
de Hugo Bánzer y de Gonzalo
Sánchez de Lozada con el partido
derechista Nueva Fuerza Republicana,
además de antiguo militar
muy apreciado en el Ejército. Los
movimientos consideran una provocación
que, a menos de seis meses
del último referéndum celebrado
acerca de las autonomías, el
prefecto pretenda repetir la consulta,
que en Cochabamba se cerró
con un amplio apoyo al ‘no’
promovido por los sectores populares
y el MAS.

Mientras, preparaba la reacción
el Comité Cívico de Cochabamba,
organización que imita a los existentes
en los departamentos orientales,
que funcionan como los frentes
de masas de la oligarquía y la
clase media-alta asustada por el empuje
de las clases populares. Se decretaba
el “paro cívico contra los
bloqueos”, y los medios de comunicación
culpaban al MAS de pretender
un “golpe de Estado regional”
con los campesinos cocaleros del
Chapare como fuerzas de choque.

Mientras los seis prefectos de la derecha -de un total de nueve- responsabilizaban
al Gobierno y a su
“afán totalitario” de la inestabilidad,
de los bloqueos y “de cualquier estallido
de violencia mayor que pudiera
producirse”, el entorno de
Manfred Reyes armaba grupos irregulares
como la Unión Juvenil
Cochabambinista, que toma de la
Unión Juvenil Cruceñista bastante
más que la inspiración para el nombre.
El 11 de enero la movilización
de los movimientos sociales fue atacada
por grupos de jóvenes armados.
Al igual que sus compañeros
cruceños en anteriores agresiones
racistas, los miembros de este grupo
parafascista clamaban que iban
a “limpiar de indios la ciudad”.

El resultado de la confrontación
han sido más de 50 heridos de gravedad,
la mayoría indígenas y campesinos,
y dos muertos: un sindicalista
cocalero asesinado de un disparo,
y el sobrino del secretario
general de la Prefectura, linchado
por un grupo de campesinos tras
quedar rezagado de uno de los grupos
que los habían atacado.
El saldo de los enfrentamientos
es terrible en el campo popular. Al
día siguiente, y respetando los llamados
a la calma del MAS, miles
de campesinos desfilan al grito de
“ahora dónde están, hijitos de papá”,
en referencia a las bandas que
la clase media aterrada por la emergencia
popular ha armado. Mientras,
en La Paz, el prefecto, también
de la derecha en un departamento
con abrumadora presencia de movimientos
sociales, tiembla mientras
los vecinos de El Alto anuncian
movilizaciones por su caída.

El 16 de enero, tras el Cabildo
Popular masivo del día anterior y
en medio de una confusa asamblea,
la mayoría de dirigentes de los movimientos
son desconocidos por sus
bases, que proclaman un Gobierno
paralelo y a un ex guerrillero como
“prefecto popular”. El Gobierno no
lo reconoce, pero propone una ley
de revocatoria que permita que el
prefecto Manfred Reyes caiga mediante
referéndum. El Gobierno paralelo
no pasa de mera declaración
que las más potentes organizaciones
no avalan.

En todo caso, el conflicto de
Cochabamba, que dista de estar cerrado,
evidencia las tensiones que
el proceso constituyente está haciendo
aflorar en Bolivia. La oligarquía
está levantando grupos fascistas
en lo que parece una estrategia
de provocación que conmocione el
país, obligue al Gobierno a optar
entre reprimir a su base social o
ser acusado de negligencia en sus
funciones y genere un colapso del
proceso constituyente. Los movimientos,
que han visto estancada
la Asamblea Constituyente, reaccionan
con virulencia contra dicha
ofensiva. Una manifestación
evidencia de que el proceso constituyente
no es una mera reforma,
sino un escenario en el que chocan
fuerzas sociales, en un conflicto
que puede -y debe- terminar en
un texto legal que cristalice jurídicamente
el peso social de los
movimientos sociales, que profundicen
el proceso de transformación
haciendo a las medidas
neoliberales devenir un proyecto
anticapitalista necesariamente
estatal-nacional pero de alcance
tendencial y global.

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